AUTOR: JAVIER ESTRADA.
Porque la DEA presume que el origen del dinero sería el narcotráfico, aseguró una cuenta bancaria al litigante Enrique Adolfo Gutiérrez, quien depositó cientos de miles de dólares a Luis Armando Jerezano Treviño.
La dependencia incautó una cuenta bancaria que al momento de ser asegurada superaba los 900 mil dólares a favor del litigante, quien representa a un operador financiero del narcotraficante extraditado Juan García Ábrego.
Reporte Indigo publicó la semana pasada sobre la investigación internacional de la DEA que implica directamente a Jerezano Treviño, por operaciones millonarias en una cuenta que el juez de Distrito tenía en Texas.
La indagatoria que la agencia antinarcóticos abrió contra el funcionario suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, también incluyó al abogado que es representante legal de Juan Chapa Garza, un intermediario del creador del Cártel del Golfo.
El litigante no sólo representó al capo, acusado de delitos contra la salud, sino que además actuó como depositario de las propiedades y empresas que le fueron devueltas por el Gobierno Federal, después de más de una década de habérselas incautado.
Esos bienes fueron recuperados gracias a un amparo que otorgó Jerezano Treviño cuando era juez de Distrito en La Laguna, Coahuila, un recurso con el que pudieron transferir los derechos de las posesiones al abogado.
Tanto Jerezano Treviño, como Gutiérrez Falcón, están dentro de la investigación de la DEA, registrada en el expediente número M3-11-0041, para averiguar recursos transferidos al banco IBC, que presuntamente provienen del narcotráfico.
Un reporte de la indagatoria, al que esta publicación tuvo acceso, detalla las actividades que el litigante tenía en Estados Unidos y el papel que jugó en el proceso judicial que regresó las propiedades al operador de Juan García Ábrego.
El abogado abrió el 3 de enero de 2008 la cuenta número 2510480111, en una sucursal del banco IBC de McAllen, Texas, con un depósito de 1 millón 2 mil 282 dólares.
Aunque litiga para narcotraficantes, el acreedor declaró ante esa institución financiera que trabajaba en “fertilizadores orgánicos y construcción”, según el contrato de apertura.
La cuenta se mantuvo sin movimientos durante cuatro años, hasta que el coahuilense fue detenido por la DEA en la ciudad texana de Eagle Pass, el 10 de enero de 2012.
Ese día el abogado había retirado 2 mil 900 dólares.
En ese momento la dependencia le aseguró varios documentos personales y judiciales que lo implican en la representación legal de Juan Chapa Garza.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el defensor fue detenido unas cuantas horas, pero fue liberado y regresado a México.
Tres días después del incidente se registró otro retiro por 100 mil dólares, pero ante esta inusual transacción, la DEA actuó e incautó sus recursos.
El 19 de enero del mismo año, las autoridades del gobierno estadounidense absorbieron los recursos mediante la expedición de un cheque por 900 mil 362 dólares, todo el dinero que quedaba, a favor del fiscal de Distrito del Condado de Hidalgo.
Al día siguiente de la operación el saldo se reflejó en ceros y el banco cerró automáticamente el instrumento.
Según el reporte de la DEA, el litigante solicitó abrir como “contratista de construcción” otras dos cuentas en el banco IBC, registradas con los números 2510531018 y 2510746723.
Pero esas no eran las únicas posesiones del litigante.
Un recipiente del narco
El informe de la Agencia Antidrogas describe los documentos que fueron asegurados al litigante cuando fue detenido en Eagle Pass, hace ya dos años, donde se reflejan los bienes que el capo Juan Chapa Garza logró recuperar en los juzgados.
Casas, vehículos, terrenos y empresas son las propiedades que se enlistan en la papelería que le fue arrebatada por la dependencia antinarcóticos de Estados Unidos.
Este personaje no sólo se convirtió en el representante legal del operador financiero extraditado en 1994, sino en el recipiente de sus bienes, porque algunas de ellas se transmitieron a su nombre cuando fueron liberadas por la PGR.
Desde un lavado de autos, hasta compañías especializadas en biotecnología, fueron algunas de las posesiones que Gutiérrez Falcón logró que el Gobierno Federal le regresara a su cliente, ligado con el narcotraficante Juan García Ábrego.
La mayoría de ellas fueron devueltas mediante el juicio de amparo número 1190/2006, que resolvió Luis Armando Jerezano Treviño cuando era titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila.
Los documentos son inventarios del patrimonio que estuvo bajo la custodia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Por ejemplo, hay un citatorio fiscal, fechado el 19 de marzo de 2004, en donde el abogado aparece como socio de la empresa “fantasma” Biotecno México, S.A. de C.V., que está dentro de una investigación inconclusa de lavado de dinero, abierta por la DEA.
También está incluida la transferencia a favor del litigante de 20 casas desocupadas del fraccionamiento “Las Margaritas”, en Saltillo, que Jerezano Treviño resolvió regresar el 2 de septiembre de 2007.
Además, aparecen poderes legales a nombre del abogado de la compañía Candilejas de Saltillo, S.A. de C.V., devuelta dentro de la misma resolución del juez el 28 de mayo de 2007.
Pero se incluyen otras empresas con giros más modestos, donde también llegaron los tentáculos del narcotráfico, como el “Lavado y Engrasado Lourdes” y “Muebles y Forjas, S.A. de C.V.”.
Compraventas notariadas de inmuebles en Saltillo, lotes, camionetas, carros y maquinaria de construcción, forman parte del capital que fue devuelto al capo, a través de Gutiérrez Falcón.
El abogado fue fichado en la base de datos de la DEA, el Narcotics and Dangerous Drugs Information System (NADDIS, Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas), con el número 7570197.
Tras purgar su condena, el cliente del litigante recuperó su libertad y regresó a México 12 años después de estar encarcelado.
Al retornar, Juan Chapa Garza empezó a reclamar la devolución de las propiedades que las autoridades federales le habían confiscado.
Así que emprendió acciones legales para recuperar los bienes incautados y propiedades invadidas por posesionarios.
De juez y maestro a defensor de narcos
Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón pasó de tener diferentes puestos en el Poder Judicial de Coahuila, y de cobrar en la nómina de la Secretaría de Educación Pública, a representar narcotraficantes.
Según la documentación que le fue asegurada por la DEA, el litigante se desempeñó en diferentes cargos en los ramos civil y penal.
En 1988, el mismo año en que se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue secretario del Primer y del Segundo Tribunal de lo Penal del Distrito Judicial de Monclova.
De 1989 a 1990 fue designado juez Primero de lo Penal en Río Grande, con residencia en Piedras Negras, y después sirvió en el mismo cargo, pero en Sabinas.
Luego fungió como juez Primero y Segundo de lo Civil de Primera Instancia entre 1991 y 1994.
El informe precisa que se desempeñó durante siete años como profesor en Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, su Alma Mater.
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