Denuncian hostigamiento contra tres activistas

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

MÉXICO, D.F. (apro).- La Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (RNDDH) denunció hoy que las activistas Nadín Reyes Maldonado, Erika Zamora Pardo y Magdalena López Paulino fueron seguidas y videograbadas el pasado martes 28 en esta ciudad por varios sujetos con corte de pelo tipo militar.

A raíz de esa situación, la Red pidió por escrito al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a los mandatarios del Distrito Federal y del Estado de México, Miguel Ángel Mancera y Eruviel Ávila, y al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, entre otros funcionarios, el esclarecimiento de los hechos y la protección a las defensoras.

En entrevista con Apro, López Paulino, integrante de la Red Década contra la Impunidad, consideró que todo indica que el cambio de partido en el gobierno federal no ha implicado una modificación en el tratamiento de los defensores, “hay un recrudecimiento de su criminalización”.

López Paulino y Zamora Pardo, también de la Red Década contra la Impunidad, fueron hostigadas por lo menos durante cuatro horas en que fueron seguidas y videograbadas el martes 28 en diversos sitios de la Ciudad de México por hombres con corte de pelo tipo militar.

Para Magdalena López Paulino la intimidación que sufrieron podría explicarse por el trabajo que su organización ha realizado en el estado de Guerrero, “que es ingobernable”, así como por las denuncias presentadas en contra de miembros del Ejército por la masacre de El Charco, ocurrida en 1998, así como por la agresión de militares contra miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), en 2011, y la ejecución extrajudicial en Iguala del dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, y dos personas más.

También consideró que el hostigamiento busca inhibir la misión de observación que realizarán miembros de la Red Década contra la Impunidad por los municipios de Iguala, Chilpancingo y Ayutla, entre el 9 y 10 de febrero.

No es la primera vez que las defensoras son hostigadas, recordó López Paulino. “El 6 de junio del año pasado apareció inexplicablemente una rosa en la puerta del departamento de Erika, quien vive en un quinto piso, y en el mes de agosto, yo recibí una llamada después de reunirme con la familia de Arturo Hernández.

“La voz desconocida de un hombre me preguntó si ya había encontrado lo que buscaba, y me cortó”.

Por sentirse amenazadas, ambas defensoras fueron integradas al Mecanismo de Protección de la Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El martes 28, Zamora Pardo y López Maldonado se reunieron en un restaurante para preparar la gira de trabajo y se encontraron con el diputado local de Guerrero, Jorge Salazar Marchán, y uno de los productores del documental El Charco: La república del silencio, Braulio Gutiérrez Hidalgo y Costilla.

“Mientras se llevaba a cabo la reunión, el diputado descubrió que nos grababan, pensamos que era a él a quien vigilaban; al verse descubierto, el hostigador se salió, pero después cuando estábamos, Erika y yo solas, ella descubrió que otro hombre nos estaba grabando.

“Permanecimos en el café de las tres a las siete de la noche, nos salimos y descubrimos que el primer hombre nos siguió hasta un cajero automático; luego tomamos un taxi al metro Centro Médico y aún nos seguía el sujeto. Estuvimos jugando al gato y al ratón hasta que llamamos al Mecanismo y nos enviaron policías a rescatarnos”, narró López Maldonado.

La activista resaltó que hay evidencias gráficas de las personas que los siguieron, hombres con corte de pelo tipo militar, quienes “deben aparecer en los videos de cámaras del restaurante, del banco y del metro, además de que Erika tomó foto de uno de ellos”.

Por el caso, las defensoras interpusieron una queja ante la Procuraduría capitalina, la cual “vamos a ratificar y pedir a la Procuraduría General de la República que la atraiga. Yo responsabilizaría al Estado mexicano en sus tres ámbitos, así como al Ejército mexicano, debido a los casos que estamos llevando”, puntualizó López Paulino.

Una semana antes de estos hechos Reyes Maldonado –hija de Edmundo Reyes Amaya, presunto eperrista desaparecido en abril de 2007— fue privada de su libertad junto con otras personas en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

Reyes Maldonado y un acompañante fueron interceptados por dos hombres de entre 22 y 24 años, quienes los obligaron con violencia a abordar un Bora Sport negro, placas de circulación 630WHJ, y los mantuvieron privados de su libertad “bajo injurias y amenazas por cerca de 20 minutos”, hasta que al vehículo se le emparejó un taxi con tres personas.

Una de las personas que viajaba en el taxi dio órdenes a los asaltantes del Bora para que abandonaran a Nadín y su acompañante en la colonia Valenciana en el Distrito Federal. Ambos fueron despojados de sus pertenencias e identificaciones, así como de sus teléfonos celulares.

Los agredidos pidieron auxilio a policías de la zona, quienes argumentaron que “no podían hacer nada porque el delito se había cometido en el Estado de México. Sólo por insistencia de Nadín y sus acompañantes los condujeron finalmente a la Agencia del Ministerio Público 44 de la delegación Iztapalapa”.

En esa oficina del MP se les negó la asistencia pretextando que el delito se cometió en la entidad vecina, “sin tomar en cuenta que los delincuentes culminaron su atraco en Distrito Federal y que durante el asalto también se utilizó un taxi de esta capital”.

La RNDDH destacó que las víctimas tuvieron que reportar la agresión a través de un número gratuito, y que fue hasta el sábado 25, luego de la presión del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos, que coordina Nadín, que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) admitió la denuncia.

La Red puntualizó que la agresión ocurrió el martes 21, días después de que el comité denunció la desaparición forzada del indígena tzotzil Ramiro Rodríguez Sátiz en Chiapas, atribuida al grupo paramilitar Los Petules, así como a las acciones que está realizando para llevar el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


También resaltó que el Comité Hasta Encontrarlos no descartó que los hechos “sean parte de un refinado hostigamiento e intimidación que el gobierno ha desatado” en contra de esa organización y sus simpatizantes, ello “mientras no exista una atención efectiva por parte de las autoridades y se lleve a cabo una completa investigación para detener a los responsables de los delitos denunciados”.