A las 21:32 horas fue declarado oficialmente muerto por las autoridades de ese penal. Así se cumplió la sentencia que le fue dictada hace 20 años por asesinar al policía Guy P. Gaddys el 31 de enero de 1994.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el hecho: “La ejecución viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena (2004)”, precisó.
La Cancillería destacó que el gobierno de México hace un llamado para que tomen acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países.
Además, anunció que dará apoyo a la familia de Tamayo para el traslado del cadáver a nuestro país.
La ejecución del hombre, originario de Miacatlán, Morelos, estaba programada para este martes a las 18:00 horas. Sin embargo, fue pospuesta en el último minuto, luego de que sus abogados presentaran dos apelaciones ante la Suprema Corte de los Estados Unidos en Washington, lo que retrasó el proceso hasta la medianoche.
Minutos antes de que se cumpliera el plazo para su ejecución y sin que el gobernador de Texas, Rick Perry, le hubiera otorgado el perdón, Edgar Tamayo había expresado ya su resignación.
“Veinte años han sido mucho, estoy listo”, dijo Tamayo, según personal del Departamento de Justicia de Texas que tuvo contacto con el mexicano.
De hecho realizó todo el proceso que lleva a cabo un sentenciado a muerte el día de su ejecución.
A las 08:00 horas, en la unidad Polunski, en Livingston, recibió la visita de sus padres Héctor Tamayo e Isabel Arias con quienes estuvo durante dos horas y se tomó algunas fotografías.
“Está bien”, soltó escueto el padre de Edgar al salir de la visita. Acompañado por su esposa, se disculpó por no hacer más declaraciones “no es el momento”, dijo.
Alrededor de las 11:15 recibió a sus hijas quienes eran niñas cuando su papá fue sentenciado a la pena capital. Las jóvenes se despidieron de su padre antes del mediodía no sin antes tomarse algunas fotos con él.
El martes pasado, Tamayo Arias se despidió de sus hermanos y sobrinos en una visita que se prolongó de las 9:30 a las 16:50 horas y en la que recordaron momentos de la infancia y la adolescencia que vivieron juntos en la comunidad de Miacatlán, Morelos, su tierra natal.
Tras la visita de sus padres, este miércoles, pasado el mediodía, Tamayo fue trasladado, bajo fuertes medidas de seguridad, a la Unidad Carcelaria Walls en la comunidad de Huntsville.
En punto de las 14:00 horas recibió los alimentos que por ley tenía derecho a elegir: arroz, chuletas de puerco, vegetales, café y té.
También hizo algunas llamadas a sus familiares, algunos de los cuales se mantuvieron en las afueras de la prisión junto con activistas defensores de los derechos humanos.
A las 18:00 horas Tamayo estaba listo para recibir la inyección letal pero la sentencia se prolongó tres horas, luego de que sus abogados interpusieron dos recursos de apelación ante la Corte Suprema.
Los defensores del mexicano, encabezados por Sandra Babcock, argumentaron que nunca fue informado que tenía el derecho de contactar al Consulado de México para recibir asistencia legal.
El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, consideró que el gobierno de Estados Unidos tenía la oportunidad de abolir la pena de muerte con el indulto a Edgar Tamayo.
La pena de muerte, dijo el activista, es un acto de barbarie que no recupera la vida sino que “suman dos muertes”. Luego, se alió al llamado de un pueblo que ha recurrido a la oración, para que no lo ejecuten y añadan un crimen más a pesar de ser legal.
Al acudir al altar de las víctimas de la violencia de Morelos, instalado a las puertas de la sede del Poder Ejecutivo Estatal, el poeta opinó que en el mundo tiene que haber gobiernos más justos que no envíen un mensaje estúpido porque la pena de muerte no resolverá el problema de flujo de migrantes pues se trata de un conflicto económico mayor.
Ahí en Morelos, en Miacatlán, pueblo natal de Edgar Tamayo, sus ciudadanos hicieron una vida normal pero en silencio. Sus familiares y amigos prepararon oraciones en cinco lugares diferentes. En la iglesia localizada frente a la plaza pública del pueblo, a 30 minutos del sur de la capital, las religiosas prepararon una concentración para hacer una gran oración después de las cinco de la tarde.
El caso
Tamayo, de 45 años, fue detenido el 31 de enero de 1994 y acusado del asesinato del agente de la policía de Houston, Guy Gaddis.
El mexicano tenía derecho a recibir asistencia consular, en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y de la cual Estados Unidos es parte. Pero las autoridades estadunidenses no le informaron de ese derecho y las mexicanas supieron del caso hasta una semana antes del juicio.
Con la ejecución de Tamayo, Estados Unidos incumplió nuevamente los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, sobre el destino de 51 mexicanos en el pabellón de la muerte.
El 31 de marzo de 2004, la CIJ determinó que la nación norteamericana había violado en esos casos el artículo 36 de la Convención de Viena, por lo que ordenó a Estados Unidos la revisión de las condenas para definir si su defensa había sido afectada por ese quebranto, en lo que se conoce como “Caso Avena” y otros.
El caso Avena ampara a 52 mexicanos sentenciados en Estados Unidos y se le llama así por Carlos Avena Guillén, quien fue sentenciado a muerte en California a los 19 años en 1982, por asesinato.
El 16 de julio de 2008 el CIJ ordenó a Estados Unidos frenar la ejecución de cinco personas privadas de la libertad en Texas hasta que sus expedientes fuesen revisados. Entre ellos figuraba el del mexicano José Ernesto Medellín, sentenciado por el asesinato de dos adolescentes en Houston en 1993.
Sin embargo, la justicia del estado de Texas aplicó la pena capital el 5 de agosto de ese año. Tres años después, el 7 de julio de 2011, el también mexicano Humberto Leal García sufrió ese destino por la violación y asesinato de una adolescente en San Antonio, Texas, en 1994.
En 2009 la CIJ confirmó su resolución original y conminó a Estados Unidos a cumplir con su obligación de atender a la jurisprudencia internacional.
Texas y otros estados han argumentado que ese veredicto no es vinculante, pues no existe una legislación secundaria que permita la aplicación de tratados como la Convención de Viena.
Luego del fallo del órgano de justicia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, comunicó por escrito a la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y al procurador general de Estados Unidos, Michael Mukasey, su apoyo a la revisión de los casos citados, promesa hasta ahora incumplida.
En 2008, un psicólogo determinó que el funcionamiento intelectual del condenado se situaba en el rango de “discapacidad intelectual leve”, por lo que su ejecución fue considerada inconstitucional, según una postura de la Corte Suprema. Sin embargo, los tribunales desestimaron ese diagnóstico.
En noviembre último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió a Estados Unidos que no ejecutara a Tamayo, mientras esa institución examinaba los alegatos de discapacidad intelectual y el impacto de la violación de la Convención de Viena sobre su caso.
Pero como ha ocurrido ya con otros temas de la agenda bilateral -como la situación de los más de 6 millones de mexicanos indocumentados o el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México-, la diatriba mexicana no se reflejó en medidas diplomáticas capaces de influir en el vecino del norte.
En 2013, el estado de Texas aplicó la pena capital a 16 personas. Ocho de ellos eran afrodescendientes, tres latinos y cinco de raza blanca. La más reciente ejecución fue la de Jerry Martin, de 43 años de edad, realizada el pasado 3 de diciembre. Martin fue sentenciado por el asesinato en 2007 de Susan Canfield, guardia de una penitenciaria.
Adicionalmente, las cortes texanas sentenciaron a la pena capital a nueve personas: siete afroamericanos, un latino y un blanco.
Desde 1976, Texas ha matado a casi 500 personas, otras 12 personas fueron liberadas del corredor de la muerte y 289 ocupan el pasillo mortal.
Datos de la Red por una Moratoria en Texas indican que durante la gestión de Perry, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2000, han sido ejecutadas 269 personas. En 18 estados no existe la pena de muerte, en otros 29 no se ha practicado en los últimos cinco años y 10 la aplican activamente.
En 1976 la Corte Suprema estadunidense decretó la reanudación de la pena capital, luego de un periodo de cuatro años en la cual fue considerada inconstitucional. Desde ese año, las cortes estatales de justicia condenaron a muerte a mil 347 personas.
En ese país existen mil 427 casos pendientes de aplicarse la sentencia de muerte, de los cuales sólo en Florida hay 403.
Otro mexicano en la lista
Otro mexicano relacionado con el fallo Avena aguarda su ejecución. Se trata de Ramiro Hernández Llamas, acusado de violación y muerte en Estados Unidos quien podría recibir la pena capital el próximo 9 de abril.
Según la consejería jurídica de la Cancillería mexicana, en la lista de ejecutables que defiende la CJI sobre Estados Unidos por no conceder el beneficio de la notificación consular a su país tras ser detenidos, este año podrían ejecutar a uno o dos mexicanos más.
“Posteriormente estaría el señor Hernández en abril que, insisto, todavía no hay una definitividad sobre su caso y todavía se están haciendo gestiones muy importantes que puedan cambiar esta situación, y posteriormente tendríamos del caso Avena involucrados alrededor de cinco o diez connacionales en los próximos años, uno o dos probablemente en este 2014”, dijo.
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