FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ÓSCAR BALDERAS.
Cuando María Isabela López Gómez leyó el recibo de luz que llegó hasta su casa en el municipio Amatenango del Valle, Chiapas, tuvo que ojearlo de nuevo para cerciorase de que los números fueran correctos. Despacio, la mujer tzeltal de 56 años recorrió la parte superior derecha de la hoja verde buscando un error que no existía: bajo las palabras “importe” estaban tres números: 9-0-3.
Buscó un punto que interrumpiera esas tres cifras, pero tampoco existía. Luego, en la cantidad con letras la duda se despejó. Por dos meses de servicio de electricidad en una precaria casa de adobo, la indígena debía pagar novecientos tres pesos netos, es decir, medio salario mínimo por día sólo para tener luz.
Debía ser un error, pensó. Seguramente se podría aclarar todo en las oficinas regionales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que el 17 de junio de 2013 acudió al municipio Teopisca para que le cambiaran la tarifa de “alta” a “baja”. El resultado fue peor.
El empleado Erick Noel Cruz Urbina revisó su caso y le dijo que había encontrado facturas anteriores que no le habían llegado a María Isabela y que debía pagarlas de inmediato. Con la calculadora sumó y el adeudo subió de 903 a 4 mil 134 pesos. De nada sirvió protestar, pues el trabajador de la paraestatal comenzó a amenazarla con llevarla a la cárcel si no liquidaba la deuda.
“El de la CFE me tocaba las bolsas del mandil y me decía de darle el dinero, me empezó a llamar chaparrita para ofenderme, diciéndome que si no pagaba me iba a visitar a la cárcel y que firmara a la fuerza un documento donde querían que pagara”, relató María Isabela al Centro de Derechos Humanos Frayba en Chiapas.
Con la deuda crecida, el 20 de julio la mujer acudió a la oficina siguiente con mayor injerencia en San Cristóbal de las Casas, pero nadie quiso recibirla. Luego, el 24 acudió a las instalaciones locales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde el apoyo fue nulo: en lugar de ayudarle a que su deuda fuera cancelada por un cobro mal realizado, los empleados federales le dijeron que mejor pagara completo… pero en dos exhibiciones. María Isabela se negó a firmar.
A partir de entonces, el hostigamiento de CFE creció. En numerosas ocasiones, la mujer ha denunciado ante organizaciones civiles de defensa de derechos humanos que personal de la paraestatal acude a su domicilio para hostigarla y que el último recibo llegó, con la deuda acumulada, de 4 mil 663 pesos o le cortan la luz.
“Según los hechos relatados, este Centro de Derechos Humanos, denuncia las acciones arbitrarias, hostigamiento y cobro indebido que la CFE está realizando en contra de María Isabela, además del trato a que ha sido sometida por parte del personal de la misma paraestatal, en violaciones a sus derechos: a la integridad personal, al respeto a la honra y reputación, a la inviolabilidad de domicilio; los derechos de las mujeres a no ser objeto de violencia psicológica por su género; además de otros derechos económicos, sociales y culturales, todos incluidos en tratados y convenciones de derechos humanos que el Estado mexicano promovió y se comprometió a respetar, proteger y garantizar frente a la comunidad internacional”, informó en un comunicado de prensa la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Según esta organización, el hostigamiento de la CFE no es una excepción: el Centro Frayba tiene documentados varios casos en los que la empresa eléctrica hostiga y amenaza a pobladores originarios de Chiapas para que paguen recibos con cobros indebidos.
Estos malos tratos han dado lugar a una nueva organización local llamada Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDDE), que ha prestado abogados a personas como María Isabela para lograr una tarifa justa y que se reivindique el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano.
Hasta el momento, CFE no ha emitido información alguna en relación al caso de la indígena tzetal, cuya defensa estudia interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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