AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
“Se hace de su conocimiento que el Juzgado Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar declinó la competencia al Juez Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en el estado de Tamaulipas, mismo que aceptó la competencia constitucional”, precisó la Sedena.
Chávez Soto comenzó a ser procesado por la Justicia Militar por el homicidio de Betzi Gabriela Rodríguez y por asesinar a dos jóvenes presuntamente miembros de la mencionada organización criminal.
El militar ejecutó sumariamente a Betzi Gabriela, de quince años de edad, y a dos jóvenes delincuentes con su arma de cargo, un fusil FX05 calibre 5.56 mm, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Por ese crimen, el teniente Chávez Soto ingresó a las 22:40 horas del 7 de abril del año pasado a la prisión del Campo Militar Número Uno de esta capital, como “probable responsable del delito de violencia contra las personas causando homicidio”, según el parte oficial.
Chávez Soto quedó a disposición de un juez militar para los efectos legales que se confirmen en su contra, los cuales se deriven de la averiguación previa número 8ZM/50/2013.
El caso que se le sigue al oficial comenzó el 10 de marzo de 2013, cuando Betzi Gabriela, estudiante de tercer año de secundaria, salió a caminar en calles de su barrio. Apenas había recorrido pocas cuadras, cuando un grupo de hombres armados que se desplazaba en un vehículo la privó de su libertar, frente a la mirada de asustados vecinos.
El plagio fue denunciado ante la Agencia Primera del Ministerio Público estatal. A partir de entonces comenzó un calvario para la familia y sus amigos, quienes comenzaron a buscarla por su cuenta.
Betzi Gabriela permaneció plagiada diez días en dos casas de seguridad, junto con otros grupos de al menos diez menores que también habían sido secuestradas, para venderlas sexualmente, por el grupo del crimen organizado que controla Ciudad Victoria.
La pesadilla de la menor continuó cuando sus raptores ordenaron llevarla a otra casa de seguridad afuera de la ciudad. Fue trasladada alrededor de las 18:00 horas en un automóvil compacto modelo Tsuru escoltada por tres miembros del grupo. Avanzaron por la avenida que conduce la carretera a Monterrey cuando el vehículo se encontró frente a un retén militar, ubicado en los límites de la ciudad frente a una tienda de la empresa Liverpool.
Los tripulantes de automóvil ignoraron el alto que les marcaron los soldados y comenzaron a huir a toda velocidad rumbo a Monterrey. Fueron perseguidos por dos patrullas militares. Rápidamente se le sumaron dos más de la Policía Municipal, que también está integrada por efectivos de la Octava Zona Militar.
Durante la persecución, los militares dispararon en dos ocasiones al aire para intimidar a los delincuentes, pero éstos no se detuvieron. Intentaron huir durante 12 kilómetros hasta que una de las patrullas golpeó al automóvil y terminó volcado a la orilla de la carretera, frente a una fábrica que procesa el zumo de naranjas.
Uno de los delincuentes abandonó el vehículo y comenzó a correr. Los soldados le dispararon y un tiro le alcanzó a herir una pierna, pero pudo escapar entre la maleza.
El teniente César Eleuterio Chávez Soto, quien dirigía una de las patrullas militares, se dirigió al automóvil y exigió a otro oficial al mando que los matara, pues de lo contrario él lo haría.
Betzi y dos jóvenes del grupo criminal habían quedado heridos afuera del auto. La menor estaba tirada, pero con una pierna atrapada por el vehículo. Testigos refieren que gritaba que llamaran a su madre, ya que había sido secuestrada.
El oficial Chávez Soto comenzó a acribillar a quemarropa primero a un delincuente con disparos de los llamados “pares controlados” de su arma oficial FX05. La niña desesperada le gritó: “A mí no, a mí no”.
En respuesta, el teniente le disparó en siete ocasiones, una de ellos en la cabeza. Luego se dirigió al tercer tripulante y lo asesinó
Se justificó ante sus compañeros diciendo que “eran malandros” y ordenó a un cabo que escondiera los casquillos de su arma. Junto con otros militares modificaron la escena del crimen. A pesar de que los delincuentes no llevaban armas, sólo dos frecuencias de radio, untaron con pólvora la mano de la adolescente.
Posteriormente argumentaron ante las autoridades civiles que ellos se defendieron, ya que la tierra que levantó la volcadura les impidió ver si estaban armados.
Los 19 solados que componían el pelotón fueron trasladados a la Ciudad de Reynosa para que rindieran su declaración en la Sede de la Octava Zona. Algunos de ellos testificaron ante la justicia militar ofreciendo los detalles del crimen y desmintieron la cortada del teniente, por lo que quedó detenido.
Sin embargo, gracias a que en Tamaulipas ningún medio publica noticias relacionadas con el crimen organizado, los mandos del Ejército, en complicidad con las autoridades estatales, pudieron mantener el secreto el crimen. Para justificar a los muertos, los presentaron como víctimas de un accidente de tránsito.
Los mandos de la Octava Zona Militar realizaron todas las maniobras necesarias para que el asesinato no trascendiera: Oficiales de alto rango se apostaron en las casas de algunos de los familiares de Betzi Gabriela para que se desistieran de interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Peor aún, también acosaron a las familias de los delincuentes ejecutados para que firmaran un documento donde se desistían a presentar denuncias ante el organismo defensor de Derechos Humanos.
Además, miembros del Ejército acudieron a la fábrica de jugos para intimidar a los testigos y se abstuvieran en denunciar la manera como ocurrió el asesinato de Betzi, contaron a Proceso trabajadores de esa empresa.
Para “calmar” a la familia de la adolescente asesinada, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a dos generales y una capitana para ofrecerles 45 mil pesos como “reparación del daño”.
En respuesta, la familia le aseguró al general Héctor Aragón Zapata, jefe adjunto de vinculación ciudadana de la Sedena, que su principal demanda es la justicia por el crimen de Betzi.
Justicia que ya no ofrecerán las cortes castrenses, al negarse a juzgar a un teniente que rompió todos los códigos del Ejército mexicano.
Los vaivenes del proceso judicial ahora preocupan a la familia, que teme que al final el militar sea liberado o resulte con una leve condena gracias a la corrupción que priva en los juzgados federales de Tamaulipas.
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