AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
De acuerdo con Martiz Aguirre, hay un “vacío de la historia” en el que ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ni la Procuraduría General de Justicia (PGJ), han podido dar una “respuesta concreta, ni versiones contundentes”, que no dejen dudas a las especulaciones.
“Ahí está el asunto: ¿en qué momento mi hijo pasó de ser un detenido a un presunto delincuente, para aparecer sin vida en manos de sicarios?”, cuestionó.
Entrevistado vía telefónica, el padre del cantante recrimina que las fotografías de su hijo portando armas de fuego y objetos propios de la delincuencia organizada, que posteriormente fueron filtradas a portales digitales “de dudosa credibilidad”, fueron extraídas de un iPhone 4, propiedad del cantante, que ya no apareció en el lugar del crimen.
Efraín Martiz afirma a Apro que le entregaron el cuerpo de Gibrán “envuelto en una sábana y en una trusa, nada más, sin ninguna pertenencia, ni objeto. Es claro que los policías y los secuestradores tenían su teléfono”.
Las imágenes en las que su hijo aparece posando con un rifle AK-47, un revólver y unas esposas, añade, forman parte del videoclip Caminando a la luna, grabado en diciembre en Xalapa y en el puerto de Veracruz, y correspondía al proyecto discográfico denominado Playboy.
“De esas fotos yo tenía conocimiento desde antes. El video que está por salir trata de los problemas de inseguridad y que hoy tienen los jóvenes. (En ese video) A mi hijo lo captura una banda de delincuentes y lo matan. Desgraciadamente eso en la vida real ocurrió”, lamenta.
El padre del cantante juvenil expone que no se cansará de pedir justicia y castigo para los siete policías de la SSP que el pasado martes 7 sacaron a su hijo con lujo de violencia de su departamento, para ya no regresarlo más.
“Me sostengo en que la policía estatal comete un error gravísimo, y de algún lugar ellos filtran unas fotografías para decir a la gente: ‘fíjate que no era un santito’. Eso no es justo, quieren ser jueces y verdugos, por eso exijo y hay un compromiso del gobernador (Javier Duarte) y del secretario de Gobierno (Erick) Lagos de que se haga justicia”.
Por separado, en una entrevista con Radio Fórmula, la madre de Gibrán Martiz, María Eugenia Díaz, sostuvo que el estado busca inútilmente tratar de ocultar el problema de violencia que se vive en Veracruz.
“La delincuencia organizada existe. Hay cientos de jóvenes desaparecidos”, subrayó.
Cuestionada sobre el material fotográfico que se filtró a los medios, donde su hijo aparece posando con armas de alto poder, apuntó: “Si mi hijo hubiera tenido algo que pagar, todo tenía que haberse dado conforme a justicia, ¿por qué lo asesinaron?”.
El tema del secuestro y posterior asesinato de Gibrán Martiz en Veracruz traspasó fronteras. El periódico español El País dedicó ayer un gran espacio en sus notas principales al caso del cantante juvenil.
En un artículo de Juan Diego Quezada, el rotativo recuerda las duras críticas al gobierno de Javier Duarte por su política de seguridad y su forma de administrar la justicia.
Expone que sumado al caso de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, asesinada en su domicilio en abril de 2012, y cuya investigación sobre el crimen estuvo acompañada de una campaña de descrédito hacia la informadora para “tapar” una posible connotación política del crimen, ahora, en el caso de Gibrán, comienzan a circular fotografías en las redes sociales en las que se le ve armado y con droga.
“En Veracruz, las víctimas no descansan en paz últimamente”, remata el periódico español.
El pasado lunes 20, el gobierno de Duarte dio un vuelco en el trato que inicialmente dio al caso del cantante y admitió que efectivamente hubo participación de siete elementos de la Policía Estatal Acreditable en el “levantón” y posterior asesinato de Gibrán Martiz y de un amigo de éste, cuya identidad se reservó la autoridad ministerial por ser menor.
Los siete policías, de quienes hasta ahora no se ha revelado su identidad, son acusados por los probables delitos de “incumplimiento de un deber legal”, “coacción” y “abuso de autoridad”.
La PGJ asegura que hay “datos de prueba” que permiten tener como comprobada la complicidad de los uniformados en hechos que la ley señala como “delitos”.
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