AUTOR: JESÚS CANTÚ.
Los mandatarios estatales se aprovechan de tres aspectos que se conjugan para permitir estos abusos: la aplicación de una norma claramente anticonstitucional; la irresponsabilidad de los diputados y senadores para concluir los procesos legislativos, y la contradictoria interpretación de las leyes por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Respecto al primer punto hay que señalar que en el mismo proceso de la reforma constitucional y de la realizada al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) como parte de la reforma electoral del 2007-2008, los legisladores introdujeron en la ley secundaria una excepción a lo establecido en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, lo cual no es defendible jurídicamente porque entre los principios básicos del derecho se encuentran el sistema jerárquico de normas y el análisis de la constitucionalidad de las leyes; es decir, ninguna legislación secundaria puede ser contraria a una norma constitucional.
Pero esto es precisamente lo que sucede en este caso, cuando el párrafo 5 del artículo 228 del Cofipe asienta que para efectos de lo establecido en la Constitución no serán considerados propaganda los mensajes que se difundan con motivo de los informes anuales de gobierno. Esto abrió las puertas para que todos los gobernantes (incluyendo legisladores) tengan 13 días anuales de promoción personal formal, o sea, abierta y descarada, en los espacios comerciales, sin considerar los que tienen en noticiarios, programas de diversión, etcétera, donde aparecen por obra de los paquetes que adquieren y las altas tarifas que pagan a cambio de los espacios comerciales que compran con este pretexto.
Así que lo primero que hay que hacer es eliminar esta disposición del Cofipe, ya sea por la vía de una reforma legislativa o mediante la impugnación de su constitucionalidad ante el TEPJF. Es más transitable la segunda vía porque seguramente la primera no contará con los votos necesarios, pues los partidos políticos con mayor número de gobernantes quieren dejar abierta esta puerta; pero para la segunda basta la interposición de un recurso por parte de cualquiera de los partidos políticos, incluyendo los pequeños.
El segundo aspecto –el relativo a la irresponsabilidad legislativa– es más complicado debido a que en primera instancia se precisa de la aprobación de una ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución que, entre otras cosas, defina con precisión qué se entiende por “fines informativos, educativos o de orientación social”, para limitar los mensajes que difundan los gobiernos, tal como lo señala el párrafo séptimo del citado artículo.
La Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de España, por ejemplo, determina que no se permitirá la difusión de mensajes que “…tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados…”, lo cual es muy similar a lo resuelto por el TEPJF ante la impugnación con motivo del mensaje del entonces presidente Felipe Calderón durante el proceso electoral de 2010: todo mensaje con la finalidad de difundir “logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno” para “generar una aceptación ciudadana” será considerado propaganda gubernamental. Tales criterios suspenderían absolutamente todos los mensajes gubernamentales, pues todos tienen alguna de estas finalidades, si no es que todas.
Pero no basta con aprobar dicha ley reglamentaria, y ni siquiera con la acción de los legisladores federales, toda vez que para poner un alto al dispendio de las autoridades locales (estatales y municipales) se requiere también de la reforma de legislaciones estatales. Así que la ruta no es sencilla, pues inclusive involucra hasta la promulgación de nuevas leyes. Igualmente, habrá que embonarlas y complementarlas con las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, ya que eso implica básicamente al principal medio de difusión de la actualidad: la televisión.
En el último rubro, la veleidosa actuación de las autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales), basta señalar dos casos muy emblemáticos: uno, la publicidad que difundieron, con motivo de un supuesto informe de gestión, los diputados del Partido Verde Ecologista de México durante el proceso electoral de 2009, quienes, tras ser sancionados por el IFE, fueron exonerados por el TEPJF, abriendo de paso la puerta para la compra de espacios en radio y televisión por parte de los diputados en lo individual, con todo lo que ello implica; y dos, la difusión del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, a nivel nacional, en 2010, cuando el IFE primero desechó el caso; después, por instrucción del Tribunal, tuvo que entrar al fondo del asunto y resolvió sancionar; sólo para que finalmente el TEPJF exonerara al entonces gobernador del Estado de México y sancionara a las televisoras. Definitivamente en éste, como en algunos otros rubros, las autoridades electorales generan incertidumbre con su actuación y abren espacios a los políticos para transgredir las leyes.
La combinación de los tres factores, más el impulso y de alguna manera la protección de las dos principales televisoras mexicanas, son tierra fértil para estas prácticas. El tema cobró especial relevancia porque las televisoras impulsaron descaradamente la candidatura del actual presidente, Enrique Peña Nieto, a cambio –entre otras cosas– de los cuantiosos recursos que él les canalizó como gobernador del Estado de México y de los que hoy les sigue canalizando desde la Presidencia de la República.
La profusa difusión del informe de Velasco Coello simplemente evocó la historia del sexenio pasado y, obviamente, provocó la reacción de algunos medios de comunicación y de la clase política, que al mismo tiempo que demanda mayor transparencia y control, busca beneficiarse de los vacíos, las incongruencias y la veleidosa actuación de las autoridades electorales. Lo cierto es que integrantes de todas las instancias de gobierno (federal, estatal y municipal) y de todos los tamaños de entidades y presupuestos aprovechan estos resquicios para promocionar su imagen.
Para frenar dicha práctica es necesario realizar una revisión integral de la legislación vigente, con el fin de que contemple sanciones ejemplares para los funcionarios públicos que la violen y los medios de comunicación que se beneficien de ello. Pero cabe advertir que, hasta hoy, más allá de los discursos, difícilmente se avanzará en la concreción de esta revisión integral, pues la complicidad de los políticos y las televisoras frena, contiene o, al menos, atempera todos los intentos en ese sentido, por diversas vías, como las contradicciones normativas, los vacíos legales o la captura de los entes reguladores.
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