Graco vs. Fernanda y Regina

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En pocas ocasiones he visto el ejercicio abusivo del poder, pero en este caso un gobernador de extracción perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu, de Morelos, no le pide nada al también impresentable mandatario de Veracruz, Javier Duarte, al lanzarse una cruzada contra dos mujeres indefensas: Fernanda Alió y su hija de dos años, Regina Gómez Alió, de quien no se sabe su paradero. 

Este hecho por sí mismo es gravísimo. Lo es más cuando el jefe del Ejecutivo de Morelos, por acción o ¿extraña omisión?, está detrás de lo ocurrido. Veamos.

Primero. Mi buen amigo, jurista y litigante pro bono de derechos humanos Enrique Carpizo me presentó a Fernanda, con quien tuve una larga charla sobre su caso y el de su pequeña hija. 

Con documentos en mano, me platicó todo el viacrucis por el que está pasando. Ha ganado todos los recursos legales, pero no pasa nada. Mi primera conclusión es que hay un divorcio entre el estado mínimo de derecho y los hechos que deberían derivar de las resoluciones judiciales.


Fernanda procreó con Gerardo Gómez Borbolla, cuñado del exgobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal, a la pequeña Regina, quien hoy tiene dos años. Por violencia intrafamiliar, por el uso de drogas de parte de Gerardo, Fernanda solicitó la patria potestad y la custodia de Regina, que le fue otorgada por la juez de lo Familiar. Gerardo Gómez sustrajo a la menor, y tras más de dos meses de lo acontecido Fernanda no sabe de su hija, afrontando la incertidumbre de si vive o no, y de si ha sido sometida a maltratos y a un sinfín de posibilidades. No por nada, la visa para ingresar a Estados Unidos con número 826665 emitida en la Ciudad de México fue cancelada por el Departamento de Seguridad Interna de EU. Además de eso, Fernanda, una madre desesperada, está buscando que el deber ser coincida con el ser. En esa lucha, en un estado como Morelos, donde la corrupción gubernamental tiene carta de naturalización, ha sufrido todo tipo de agravios ¡por parte de la propia autoridad encargada de velar por el bien de las personas!

Segundo. En efecto, por extrañas ¿casualidades? cada vez que detectan la ubicación de Gerardo con Regina, aquél es avisado para que se retire del lugar, dejando, empero, los datos de que la menor estuvo ahí. Así lo han señalado diversos testigos, como, por ejemplo, en el restaurante El Rincón del Bife, en Cuernavaca. Uno de los abusos de poder más graves fue lo que pasó al cumplimentar una orden de cateo, en la calle Paseo de Tabachines número 193 del Fraccionamiento Club de Golf Tabachines, el 29 de diciembre del año pasado a las 23:55 horas. Al llegar al lugar, el comandante Miguel Ángel Viveros, de la PGJ de Morelos, pidió a Fernanda que se fuera a la parte trasera de la casa. Tras unos minutos, y por haberse acabado la pila de su celular, Fernanda acudió a la parte delantera del inmueble y, para su sorpresa, se encontró al comandante Viveros en amena plática con el exgobernador Sergio Estrada Cajigal. Al verla, el judicial le ordenó: “vaya para atrás, ya le dije”.

Al mostrar su encono porque el citado comandante no estaba cumpliendo la orden de cateo, Fernanda fue objeto de improperios emitidos por el propio Estrada Cajigal y de una patada en el ojo derecho, por la que, de acuerdo con un dictamen médico, “puede haber secuelas de glaucoma y desprendimiento de retina traumático por la calidad del golpe”.

Lo peor fue que el comandante Viveros, sonriendo acompañado de los licenciados Ricardo Flores Delgado, José Manuel Serrano Salmerón, Eva María Ríos Ortega, el comandante Efraín Castillo Borda y los agentes Gerardo Mejía Gonzales (sic), Gabino Javier Pérez Pérez, Gloria Villalobos Pichardo, José Antonio Prado Cruz y el perito Miguel Eulogio Martínez Mendoza, no hicieron nada y fueron cómplices silenciosos de esa agresión. Su explicación fue que “no tenemos orden de aprehensión”. ¿Y se les “olvidó” que existe la flagrancia, que no requiere orden alguna? A partir de ahí, Fernanda no ha dejado de sufrir amenazas e intentos de afectar su integridad física y emocional por su lucha a efecto de que le devuelvan a Regina.


Tercero. Esto que sucede no pasaría si no estuviera interviniendo el gobernador Graco Ramírez, quien presuntamente trata de evitar que actúen las autoridades competentes para recuperar a la menor, a la luz de los siguientes elementos que generan indicios razonables de que el mandatario estatal es parte del problema: a) el compromiso de Sergio Estrada Cajigal con Graco Ramírez para apoyo a su campaña, de acuerdo con datos de llamadas entre ellos y sus operadores que me fueron proporcionados. (Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal me reservo la identidad de la fuente.); b) la inacción de la Policía Ministerial por instrucciones de Nicolás Suárez Valenzuela, recién retirado del cargo, quien ahora cobra en la nómina de la Gubernatura. (En el PRD las “posiciones” se reparten entre las diversas “expresiones” internas, de tal suerte que el jefe de la Policía Ministerial reportaba directamente con Graco Ramírez y no con el procurador, Rodrigo Dorantes Salgado, quien, me aseguran, es un hombre honesto); c) la campaña de desprestigio mediático contra Fernanda, incluso con tweets del propio Graco Ramírez, y d) la insinuación pública del secretario de Gobierno de Morelos, Jorge Vicente Messeguer Guillén, quien en nombre de Graco Ramírez le propuso “negociar” a Fernanda. La ley no se negocia, ¡por favor! El gobernador de Morelos debe ser investigado para saber si está o no está relacionado con el incremento de la violencia y el narcotráfico en la entidad. Debe ser la autoridad federal la que se encargue de vigilar que siga viva Fernanda y, sobre todo, que recupere a Regina.