AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
La joven indígena es defendida por la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y por el Centro Las Libres, que en 2010 lograron la liberación de nueve mujeres que se encontraban presas en centros penitenciarios de Guanajuato por circunstancias similares. Todas fueron sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, con penas mayores a 20 años.
A raíz del trabajo realizado en favor de las nueve guanajuatenses, todas en situación de pobreza, el CIDE y el Centro Las Libres tomaron la defensa de Adriana Manzanares, originaria de Ayutla de los Libres, Guerrero, quien actualmente tiene 27 años de edad, siete de los cuales ha permanecido recluida en el penal de Chilpancingo, donde cumple una sentencia por homicidio en razón de parentesco. Originalmente le dieron 27 años de cárcel, pero tras una apelación se redujo a 22.
Con la intervención de las organizaciones mencionadas, el caso de Adriana llegó desde hace dos años a la SCJN a través de un juicio de amparo, con el que se pretende que el máximo tribunal determine no sólo la inmediata liberación de la mujer, sino que revise la prueba pericial –realizada al feto o producto de embarazo para saber si éste respiró antes de morir (docimasia pulmonar)– que los agentes del Ministerio Público utilizaron de manera concluyente.
Y este miércoles 22 será el día en que el máximo tribunal del país resuelva sobre el caso.
De acuerdo con Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, se pidió a la Suprema Corte que revise el criterio con el que se realiza la prueba mencionada. Se utiliza “desde hace dos mil años, no es un elemento científico concluyente y se aplica más en este tipo de casos, particularmente cuando se trata de mujeres pobres, humildes”.
Señaló que Adriana Manzanares no sólo fue juzgada y sentenciada en un Juzgado Penal, sino que su padre y el delegado de la comunidad de Ayutla de Los Libres (su tío) la presentaron ante el pueblo para que la apedrearan, debido a que resultó embarazada de una nueva pareja con la que sostenía una relación, luego de varios años de ausencia de su esposo, un inmigrante que se encuentra en Estados Unidos.
La mujer se encontraba en su domicilio cuando sufrió el aborto. De acuerdo con su testimonio y el del hombre con el que vivía, el feto estaba muerto y ambos tuvieron miedo de la reacción de la familia, por lo que optaron por enterrarlo.
Cuando su padre se dio cuenta del hecho, llevó a Adriana con el delegado de la comunidad y posteriormente fue presentada ante el pueblo y apedreada. Tras ello, la pareja compareció ante el Ministerio Público, que los consignó judicialmente por homicidio en razón de parentesco.
Adriana no hablaba español y no contó con un traductor, denunció la directora de Las Libres.
Y a pesar de que fueron procesados por el mismo delito, el hombre consiguió su libertad, pero la indígena guerrerense fue sentenciada a 27 años, pena que se redujo a 22 tras un recurso de apelación.
El año pasado, Virginia –otra indígena de Guerrero– y dos mujeres de Veracruz fueron liberadas al resolverse a su favor los juicios de amparo promovidos por el CIDE y Las Libres.
Con esos precedentes, Verónica Cruz confía que la SCJN resuelva la inmediata liberación de Adriana Manzanares “y que modifique el criterio de la prueba maestra que usan los agentes del Ministerio Público para consignar a estas mujeres, y que ya de entrada a la Corte le pareció primitiva”, dijo.
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