AUTOR: ARMANDO ESTROP.
Miguel Ángel Robles Villegas, juez vigésimo noveno civil del Distrito Federal, ‘cayó’ de su puesto tras el escándalo que azotó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Su remoción la hizo el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y anunció que el nuevo juez será Francisco Sergio Lira.
Las autoridades aeroportuareas mantienen un pleito judicial con la empresa Inmobiliaria Fumisa por el control de la zona comercial de la Terminal 1.
Sin embargo, el juez que originalmente llevaba el caso fue removido. Ayer, Reporte Indigo dio a conocer que el juzgador tiene un negro pasado: fue quien llevó el caso conocido como la Sosa Nostra.
Robles Villegas aceptó la demanda de Gerardo Sosa Castelán en contra del escritor Alfredo Rivera Flores y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa por daño moral.
El tema se convirtió en un escándalo entre algunos analistas pues consideraron que el comportamiento del juez y su sentencia fueron un completo daño a la libertad de expresión.
La remoción del juez fue dada a conocer por la propia empresa Fumisa a través de un comunicado. La propia empresa argumenta que fueron ellos quienes pidieron la remoción de este juzgador. Sin embargo, las fuentes del AICM confirmaron que lo que realmente buscaba Fumisa era que pasara a otro juez y no que lo quitaran de su puesto.
En un cable de la agencia de noticias Notimex se dio a conocer que el director general de la empresa inmobiliaria, Ruffo Pérez Pliego, advirtió que el contraataque legal no se dejará esperar.
“Lo que estaríamos buscando es que se decretara la invalidez de cualquier contrato que el Aeropuerto pudiera llegar a suscribir con cualquier locatario en relación con los locales que pertenecen a Fumisa por contrato”.
Y es que la empresa no quiere aceptar que el contrato para administrar el área comercial de la terminal 1 -como pago a la inversión que hicieron en construcción en esa zona- terminó el 31 de diciembre de 2014. Como para el aeropuerto está claro que la relación entre ambas empresas terminó, comenzó a ofrecer en renta los locales.
La zona que administra Fumisa no es nada despreciable pues incluye los locales de la Terminal 1, el ambulatorio público, salas de última espera, el Hotel Hilton, los principales restaurantes y áreas de comida rápida.
Además de que explotan todos los espacios publicitarios de toda esa zona, la operación y administración del estacionamiento público de la Terminal 1 y la comercialización de los pasillos telescópicos.
Un negocio que según los cálculos de las propias autoridades del AICM alcanza los 900 millones de pesos anuales.
Sin embargo, Fumisa no está de acuerdo con las acciones de las autoridades del aeropuerto y buscará invalidarlas por la vía legal.
“Tenemos hoy 180 distintos (arrendatarios) algunos de ellos con más de un local, por ejemplo, las tiendas de conveniencia.
“Por eso nos reservamos cualquier derecho de ejercer acción legal y retomar la posesión de cualquier local que haya sido tomado por el AICM, como los sellos que aparecen en algunos locales y que carecen de validez porque no son de una autoridad, sino del aeropuerto”, advirtió el representante de la empresa.
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