AUTOR: JUAN CARLOS ORTEGA PRADO.
Por supuesto que es tranquilizador saber que al menos 15 mil personas armadas han aceptado plegarse claramente a la legalidad (y a la protección estatal), pero también hay puntos oscuros.
Lo que es necesario es legal, dice un adagio jurídico. Visto el resultado, ese parece ser el argumento que motivó al gobierno. No obstante, es desolador que las policías comunitarias sean necesarias. Indica una renuncia, un debilitamiento enorme del poder estatal, que debe disfrutar del monopolio de la fuerza.
Además, el gobierno no tendría que ser reactivo, ni dar vida de iure a realidades de facto que se le salieron de las manos. No en situaciones tan graves como la michoacana. Debería ser propositivo, ir un paso por delante, es su trabajo. Así que el hecho de dar la bendición jurídica a un ejército civil parece una salida de relumbrón, un anhelo insano de pasar la página cuanto antes.
Esto es doblemente grave porque evidencia también el fracaso de las decisiones y programas que el expresidente Felipe Calderón y el actual mandatario han recetado a Michoacán. Valga apuntar que actualmente hay 12 mil soldados y policías federales en esa entidad federativa. Así que, ahora, ¿cómo acompañará el gobierno a las autodefensas-policías-militares?, ¿por qué esto sí va a funcionar; qué garantías existen?
Esto es central: De suyo, la legalización no cambia en nada el problema de raíz en Michoacán: el narcotráfico. La legitimación no es una solución enfocada al conflicto en sí, sino en una consecuencia del conflicto: las guardias comunitarias, que sin duda han sido muy efectivas en su lucha (legítima) y están comprometidas con su terruño. Pero una cosa es que una situación de emergencia haya obligado a la defensa de toda una región y, otra, que el gobierno permita que lo suplanten.
Y esa suplantación no sólo delega un derecho (el de luchar por lo propio), sino una responsabilidad. Así que los empresarios, comerciantes, profesionistas, campesinos y obreros que tomaron las armas como medida desesperada, ahora deben seguirlas empuñando, pese a que sean empresarios, comerciantes, profesionistas… Con harta probabilidad esto limará el tejido social y tendrá repercusiones económicas en la Tierra Caliente.
El miércoles 29, la agencia noticiosa AP enumeró otros problemas: “Para tener éxito, el gobierno debe enseñar disciplina militar, hacerla cumplir e inculcar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso a más 20 mil civiles fuertemente armados para luego, con el tiempo, disolverlos y enviarlos de vuelta a sus casas ubicadas en el estado de Michoacán”. Recuerda también que experiencias similares en otros países provocaron ajustes de cuentas, no justicia.
Para finalizar está el espinoso caso de las armas: ¿Al menos 10 mil fusiles se legalizan y ya? En efecto, y eso en el caso de que, amablemente, los propietarios decidan hacerlo, porque no habrá modo de comprobar que todos han sido inscritos. Tampoco se investigará si algún rifle estuvo involucrado en la comisión de delitos, en el criminal programa estadunidense de “Rápido y Furioso” o si proviene de cárteles rivales.
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