AUTOR: RAÚL LINARES.
“El índice destaca que veintiséis de los órganos estatales de transparencia tuvieron calificaciones por debajo del 60% de un total de cien, lo que refleja que la mayor parte no garantiza de forma adecuada este derecho”, reza el Índice Nacional (INOGDAI) que se presentará hoy en el Instituto Goethe de la Ciudad de México.
Basado en tres criterios, entre los que destaca la “transparencia y rendición de cuentas de los órganos garantes”, la “promoción del derecho de acceso a la información” y la “Resolución de controversias” entre los órganos jurídicos e instancias obligadas, el promedio de desempeño nacional apenas si alcanzó una calificación de 53.6%, lo que en conjunto lo reprobaría.
Cabe resaltar también que, las entidades que peores calificaciones recibieron fueron, en primer lugar, San Luis Potosí con 20.1% respecto al 100% que exigen el estándar internacional para sociedades democráticas; a ésta le sigue, el Estado de México con 39.2%; baja California Sur con 40.9%; Sinaloa con 46%; también Nayarit y Guanajuato con un empate del 46.6%.
“Lo que nos está diciendo el índice son varias cosas: la primera es que los órganos de transparencia están fallando en general, sobre todo al dar información de lo que hacen y las funciones que realizan. También vemos debilidades en los sistemas de archivos ya que no hay procedimientos específicos en el manejo de éstos”, expuso Gabriela Morales consultora e integrante de la red nacional México Informa.
Por su parte, Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Acceso a la Información, subrayó que muchos de estos órganos, sean autónomos o no, a menudos no suelen contar con los mecanismos necesarios para transparentar sus propias actividades y el uso de sus presupuestos.
“Entorno a los presupuestos –dijo–, creemos que es necesario que hayan órganos de transparencia sobre cómo están usando sus presupuestos, ya que por lo menos ellos están obligados a poner el ejemplo ante las demás.”
Por último, lamentó que uno de los criterios que siguen impidiendo el acceso a la información, sigue estando anclado a criterios educativos y económicos, por lo que la aplicación y ejecución de estas garantías reconocidas a nivel constitucional aún no han alcanzado el ideal de una “aplicación universal”.
“Uno de los grandes retos que hemos visto es que la mayoría de los órganos locales no cuenta con programas educativos. Esto es muy preocupante ya que de acuerdo al mismo Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), solamente uno de cuatro mexicanos saben que pueden ejercer este derecho.
Mientras no existan programas educativos o programas de promoción a grupos en situación de vulnerabilidad, su aplicación no será universal”, finalizó.
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