AUTOR: CARMEN ARISTEGUI.
International Crisis Group publicó un estudio sobre los grupos de autodefensas en México. Estima que estos pueden contribuir al restablecimiento de condiciones de seguridad y de un Estado de derecho, si se cumplen: el desarme; la incorporación al andamiaje legal e institucional y actuación con respeto a los derechos humanos.
El estudio “Justicia en el cañón de un arma: las milicias civiles en México” disecciona la rápida expansión de grupos civiles armados que se han organizado para hacer frente a grupos criminales, como es el caso de Los Caballeros Templarios.
El trabajo de campo arroja que, si bien muchos de estos grupos están constituidos por personas que actúan genuinamente y son conformados por “ciudadanos bien intencionados y que han detenido a cientos de sospechosos, su existencia desafía el monopolio básico del gobierno respecto al uso de la fuerza y la impartición de justicia, y algunos de ellos tienen sus propios vínculos con los cárteles”, según el informe y sus conclusiones.
En coincidencia con otros que han abordado el fenómeno en estos días, se plantea que las autodefensas y policías comunitarias pueden contribuir, favorablemente, para el restablecimiento de condiciones mínimas de seguridad y de un Estado de derecho, siempre y cuando se cumplan tres condiciones básicas: el desarme; la incorporación de autodefensas al andamiaje legal e institucional y, por último, una actuación dentro del más amplio respeto a los derechos humanos.
El gobierno los ha emplazado a la entrega de las armas, sin lograr su objetivo. Las autodefensas han dicho que no lo harán hasta que sean capturados los siete cabecillas de Los Caballeros Templarios y se restablezca el Estado de derecho. Hasta el momento han detenido a uno de los siete nombrados.
Para Ciurlizza: “La policía comunitaria puede contribuir positivamente a luchar contra la inseguridad… pero, solo si es legal y trabaja con el gobierno”.
Es innegable que las autodefensas y comunitarias han adquirido experiencia, conocen las localidades, rutas, caminos y reconocen a los personajes clave dentro de las estructuras operativas de la delincuencia y han mostrado -por momentos- una determinación mayor que la de las propias fuerzas del Estado. Autodefensas y comunitarios, por momentos sorprenden y por momentos inquietan. Entusiasman y preocupan, indistintamente. Lo primero porque, con la irrupción de la sociedad organizada, se recupera -si bien en un contexto extremo y con las herramientas de la violencia- la noción básica de la participación ciudadana como factor irrenunciable en cualquier proceso democrático. Preocupa, por otra parte, que el ensanchamiento de las autodefensas y comunitarias conduce a zonas de riesgo y mayor vulnerabilidad institucional.
No hay información pública confiable, por ejemplo, respecto a cuántos son, con cuántas armas y recursos cuentan. También es difícil imaginar el despliegue gubernamental, militar y policiaco de los últimos días, de no ser por el avance, acelerado, de las autodefensas en varios municipios de Tierra Caliente hasta llegar a un paso de Apatzingán.
Después de recorridos y levantamiento de datos, concluyen que el epicentro está en Michoacán y la Costa Pacífica de Guerrero, donde miles de hombres forman parte de organizaciones diversas en esas corporaciones sociales.
El desafío es mayúsculo para el Estado mexicano. No se trata sólo de Guerrero y Michoacán, sino de amplias zonas del país en donde grupos criminales armados dominan franjas importantes del territorio, mientras que guardias y policías comunitarias, por su parte, van ganando espacios y adeptos. En Davos, este jueves, Enrique Peña Nieto fue cuestionado durante su intervención en ese Foro Mundial, precisamente, sobre el tema de las autodefensas. Reconoció que a algunos de esos grupos los impulsan intereses legítimos y los invitó a participar por las vías institucionales. La postura gubernamental no ha variado, es de suponerse que la de las autodefensas tampoco. Sí al desarme pero, primero, exigen resultados.
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