AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
En un comunicado luego de conocerse que el pasado sábado Kuykendall murió por secuelas del disparo con bala de goma que recibió en el cráneo durante la represión de manifestantes el 1 de diciembre de 2012, a las afueras de la Cámara de Diputados en San Lázaro.
Kuykendall, originario de Tamaulipas, profesor, dramaturgo y director de teatro, “se encontraba en una situación de salud crítica desde el 1 de diciembre de 2012”, recordó la organización al advertir que pese a que hay indicios de que los disparos contra los manifestantes, uno de los cuales impactó en Kuykendall, salieron de la formación de los policías federales. “las autoridades no han esclarecido las circunstancias que rodearon la lesión craneal grave sufrida” por el activista.
La organización con sede en Londres, Inglaterra, resaltó que ha sido especialmente crítica “ante el crecimiento de abusos cometidos contra manifestantes por fuerzas policiales que se han registrado en México en los últimos 18 meses, entre los que se incluyen detenciones arbitrarias y brutalidad policial”.
Apuntó que pese a que el gobierno del Distrito Federal aceptó la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos local por esos hechos, “ningún agente encargado de proteger el orden público ha sido llevado ante la justicia”.
En cuanto al arma que disparó el proyectil que hirió a Kuykendall, AI apuntó que es considerada como una de las armas “menos letales” de la policía, entre las que están “balas de goma y gases lacrimógenos”, armas que para la organización “no exime a las fuerzas de seguridad de su obligación de respetar los principios de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza ni de rendir cuentas cuando el uso de estas armas haya supuesto un daño o riesgo a la salud o la integridad de una persona, especialmente cuando son utilizadas de forma inadecuada o en contexto en los cuales no es posible garantizar que los proyectiles no impactaran directamente a manifestantes”.
La organización insistió en que las autoridades están obligadas a informar sobre el uso de este tipo de armas, sobre la capacitación que recibieron los policías que las utilizan, y los protocoles de uso.
“Amnistía Internacional también llama a las autoridades que sometan cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a los estándares internacionales de derechos humanos”, apuntó la organización.
Al reiterar la urgencia de que los responsables de herir a Kuykendall deberían pagar por sus hechos, Amnistía Internacional pidió cuentas a las autoridades un compromiso para que “las fuerzas policiales estén capacitadas debidamente” y que ese apeguen a las normas internacionales sobre el uso de la fuera y el uso de armas “menos letales”.
Habla la hija
Minutos antes de que Amnistía Internacional difundiera el comunicado, Fernanda Kuykendall, hija del activista, reveló que el Ministerio Público inició una investigación por el homicidio de su padre.
“Finalmente el MP (Ministerio Público) determinó que fue un homicidio y ya las autoridades correspondientes tendrán que aclarar los hechos (…) Así está en el acta de defunción”, declaró Fernanda a Radio Fórmula.
La hija del dramaturgo comentó que durante el tiempo que su padre estuvo con vida –un año y casi dos meses—sólo estuvo 15 días en su casa y el resto lo vivió de hospital en hospital.
Debido a que la bala de goma que recibió Kuykendall le provocó fractura expuesta de cráneo con pérdida de masa encefálica, el daño del activista fue básicamente neurológico y su estado físico se deterioró progresivamente.
“En terapia intensiva estuvo como dos meses. El primer mes estuvo en la Cruz Roja y de ahí estuvimos deambulando de un hospital a otro (…) la rehabilitación nunca se pudo realizar porque neurológicamente no podía, el daño era demasiado grande, su cuerpo no respondía. Sólo estuvo 15 días en casa y volvió a decaer”, relató Fernanda.
Su padre, abundó, perdió el habla, incluso la conciencia, “fue un daño neurológico muy severo. No era un estado vegetativo, ni en coma, pero las facultades no estaban en sus funciones” por lo que, dijo, en sus últimos momentos no pudieron saber qué sentía o pensaba.
Finalmente, dijo, Juan Francisco Kuykendall tuvo un paro respiratorio del que ya no se repuso pero “pudo haber sido cualquier cosa porque ya estaba lleno de infecciones, ya era una situación difícil”, relató su hija.
Fernanda dijo sentir tranquilidad por una parte, porque su padre dejó sufrir, pero también amargura porque de ninguno de los responsables se dice, se oye ni se ve nada.
Al tratarse de un homicidio, Fernanda confió en que se investigue y se aclaren los hechos.
En enero de 2013, la familia del activista y dramaturgo fallecido el sábado pasado interpuso una demanda penal en contra de la violencia sufrida por Juan Francisco Kuykendall por parte del Estado mexicano y en particular contra Enrique Peña Nieto, Manuel Mondragón y Kalb, actual comisionado de Seguridad Nacional, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamentó el fallecimiento de Kuykendall, a quien describió como un luchador social, quien participó en el movimiento estudiantil de 1968 y apoyó diversas causas sociales desde 1970, además que como actor escribió y presentó obras de carácter social para informar y generar conciencia sobre la realidad político social del país.
De la última movilización en que participó, la del 1 de diciembre de 2012, recordó el organismo en un comunicado, se documentó en la recomendación 07/2013 “detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza, tratos crueles, degradantes e inhumanos, así como actos de tortura y diversas violaciones al debido proceso legal en 102 personas que fueron detenidas ese día, tanto en las inmediaciones de San Lázaro como en el primer cuadro de la ciudad”.
El organismo presidido por Perla Gómez, señaló que si bien se ha logrado avanzar en la adopción de protocolos y mecanismos para evitar y prevenir que hechos semejantes vuelvan a repetirse, uno de los temas pendientes de la recomendación es el de la reparación del daño, las indemnizaciones a las víctimas y la determinación de responsabilidades de los servidores públicos que cometieron esas violaciones a los derechos humanos.
Por ello exhortó las autoridades del GDF a avanzar en esos puntos a fin de poder dar por cumplida la recomendación.
La CDHDF adelantó que en los próximos días se hará público el “Informe de Impacto Psicosocial a las víctimas del Primero de Diciembre de 2012” que, refirió, se ha integrado y documentado desde una lógica multidisciplinaria, con el objetivo es mostrar a la sociedad los impactos y afectaciones de la personas que fueron detenidas injustamente y sometidas a procesos legales aún sin contar con pruebas en su contra.
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