AUTOR: GEORGINA HOWARD.
Durante años, empresas, ciudadanos e incluso el gobierno ha usado facturas falsas para evadir impuestos. Esta práctica ilegal podría llegar a su fin con las nuevas disposiciones del SAT.
Desde el empresario que no quiere pagar impuestos, el funcionario público que las utiliza para sacar dinero del erario y no realizar obra pública, hasta las empresas de outsourcing que se dedican a lavar dinero.
Y eso, lo sabe el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ya que en el 2011 solicitó al Colegio de México (Colmex) realizar una investigación para conocer el daño que causa al fisco esta práctica.
Los resultados fueron sorprendentes pues ya desde entonces se denunciaba que en 2009 se dejaron de tributar poco más de 16 mil millones de pesos.
De acuerdo al Colmex, 11 mil 280 millones de pesos fueron por el uso de facturas falsas en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 4 mil 850 millones fueron en evasión relacionada con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por evasion del ISR en 2009, 77.19 por ciento correspondió a personas morales y 22.81 por ciento a personas físicas.
Mientras que por el IVA, el 78.87 por ciento fue de personas morales y el 21.13 por ciento del contribuyente común.
Con esos datos, Carlos Borja -hasta hace poco Administrador Central de Fiscalización Estratégica del SAT- se encargó de investigar a las empresas y sacar la lista de aquellas que emiten y las que utilizan las facturas falsas.
Aunque no se tiene evidencia certera, en la lista aparecen 384 empresas que han ido facturando en los últimos tres años, entre buenas y malas facturas, más de 100 mil millones de pesos.
La industria de la evasión fiscal
Para Luis Pérez de Acha, el tema de las facturas falsas es un asunto viejo que existe desde hace mucho en el país.
El abogado de Escuela Libre de Derecho y Doctor por la UNAM dijo que algunas las utilizan para contribuyentes que no existen, otras amparan operaciones que no se realizaron y, por lo general, las expiden empresas con pérdidas fiscales porque no tienen repercusión en el ISR.
Incluso, dice, han servido a muchos funcionarios públicos de estados, municipios y delegaciones federales para cometer el delito de peculado.
“Son servidores que ejercen recursos públicos y lo que hacen es fabricar un expediente, insertar una factura falsa y justificar la erogación”, indica Pérez de Acha.
En estos casos, explica Pérez de Acha, es dinero que sale del presupuesto, pero si se quiere constatar las obras que se realizaron resulta que no existe la escuela, el hospital o la carretera construida.
Lo peor de todo, denuncia, es que estas operaciones que se utilizan para encubrir el peculado, ya alcanzan niveles delincuenciales importantes.
Otras empresas realizan operaciones de outsourcing.
Es decir, contratan empresas externas que se encargan de toda su plantilla laboral y les quitan la carga fiscal.
Pero su propósito, explica el especialista, es constituirse para evadir el pago de impuestos, aunque muchas veces sirven también para lavar dinero.
“Esto se ha denunciado al SAT y se tradujo en el listado que se publicó el 10 de enero de este año y luego fue revocado por un nuevo listado el pasado 23”, recuerda.
En los últimos años, la práctica de la falsificación alcanzó niveles de cinismo y en toda una industria para la evasión fiscal, señala.
En su opinión, el listado dado a conocer por el SAT no es resultado de una investigación precipitada, pues desde hace dos años inició las indagatorias para detectar a las empresas que estaban emitiendo comprobantes falsos para amparar operaciones inexistentes o contribuyentes no localizados.
Desde ese entonces, menciona, el SAT sabía las implicaciones constitucionales de las indagatorias y estableció un vínculo a través de sus sistemas entre quienes expidieron las facturas y quienes las recibieron.
“Aquí hay un doble delito de defraudación fiscal, el que las recibió técnicamente percibió ingresos y tuvo que pagar impuestos, y la contraparte tuvo que efectuar deducciones para el ISR o acreditar el IVA”, explica Pérez de Acha.
Nuevas reglas
Este año, la reforma fiscal establece un nuevo delito para quienes expidan, vendan, reciban o compren facturas falsas.
Sin duda, admite Luis Pérez de Acha, hay una actitud firme del SAT para acabar con estas operaciones y esperamos resultados.
Sobre todo, porque las pérdidas fiscales por este tipo de operaciones llegan a miles de millones de pesos en perjuicio del fisco y de los que sí pagan impuestos.
Reconoce que el SAT cuenta con todo el soporte técnico para acabar con el uso de las facturas falsas.
Hoy en día toda la información que se presenta al SAT es digital, la contabilidad, las declaraciones electrónicas, el buzón tributario, los comprobantes digitales, la Fiel y los sellos digitales.
Toda esta infraestructura electrónica debe, en un momento dado, cerrar el círculo para hacer invencible el sistema y poder erradicar las facturas falsas, juzga.
Que sea parejo
Luis Pérez de Acha no duda que el SAT tenga la capacidad para detectar a quienes expidan facturas falsas, sin embargo, asegura que habrá qué ver cómo se da su aplicación y que no sea discrecional.
El reto, menciona, es que se castigue tanto a las empresas que las adquirieron como a las que expidieron los comprobantes falsos.
Pero debe existir un equilibrio en lo que se está haciendo, aclara Pérez de Acha.
“Si existen funcionarios que cometieron el delito de peculado, lo esperado es que se actúe en contra de ellos al igual que se hará con las empresas”, indica.
Sin embargo, el experto admite que en el camino se corre el riesgo de que su aplicación no sea pareja.
Para a ello, opina, la autoridad fiscal deberá garantizar transparencia y constancia de que actuará por igual contra las empresas que las expidieron y las adquirieron, al igual que con los funcionarios.
El nuevo esquema
1. Busca bajar los índices de evasión e incrementar el nivel de recaudación, que a la fecha son del 10 por ciento.
2. A este nuevo esquema deberán migrar cerca de 4 millones de contribuyentes este año.
3. La certificación de una factura CFDI por los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) no debe tardar más de un segundo en realizarse.
4. Una vez que se timbra o certifica la factura, es enviada de vuelta al contribuyente y el PAC se conecta de forma simultánea con el SAT.
5. El contribuyente no tiene que generar un reporte mensual y el SAT está notificado del movimiento.
6. Con ello, se puede llevar un control estricto de cada uno de los contribuyentes en el país.
7. Para este proceso, el SAT ha certificado a 68 PAC que están atendiendo a los contribuyentes que están obligados a adoptar este nuevo a partir de este año.
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