AUTOR: RAFAEL CABRERA.
A diferencia del Código Electoral federal y de catorce estados -el DF, Jalisco y Nuevo León, entre otros-, que establecen la rendición de cuentas sobre cómo y en qué gastan los partidos políticos, en la entidad mexiquense es imposible acceder a esa información a través de su Ley local de Transparencia.
A diferencia del Código Electoral federal y de catorce estados -el DF, Jalisco y Nuevo León, entre otros-, que establecen la rendición de cuentas sobre cómo y en qué gastan los partidos políticos, en la entidad mexiquense es imposible acceder a esa información a través de su Ley local de Transparencia.
La disposición quedó aprobada desde la reforma electoral del Estado, realizada por el Congreso mexiquense -dominado por el PRI- en 2008, y cuando aún era gobernador Enrique Peña Nieto.
El artículo 53 del Código Electoral estatal plantea las obligaciones de los partidos en materia de transparencia. Por ejemplo, deben hacer públicos sus documentos básicos, directorio, plataforma electoral, montos de financiamiento y las determinaciones que tome el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) sobre los gastos de precampañas y campañas, una vez que hayan concluido los procedimientos de fiscalización.
Sin embargo, en la fracción V, donde se enuncia cuál es la información clasificada, se lee: “No será pública la información relativa a (…) los informes anuales o parciales de ingresos o gastos y sus anexos técnicos”.Las legislaciones del DF, Jalisco, Nuevo León, Tabasco o la federal sí incluyen los informes anuales o parciales de gasto como una obligación de los partidos en materia de rendición de cuentas.
Animal Político solicitó hace unas semanas información sobre diversos gastos realizados por los partidos políticos en el Estado de México. Sin embargo, la Oficina de Información Pública del Instituto Electoral estatal señaló que la información no puede entregarse por impedimento del Código Electoral vigente.
Para Khemvirg Puente -académico de la UNAM especializado en transparencia del sector legislativo y electoral-, el caso del Estado de México es “un ejemplo de cómo aún existen islas de opacidad en la estructura pública del país y de los Estados”.
“Es una excepción que, sin duda, debe corregirse. Sobre todo ahora que entren en vigor las nuevas disposiciones en materia de transparencia que se aprobaron en la Constitución”, señaló.
“Otra isla de opacidad son el Congreso federal, con sus dos cámaras, como los Congresos de los Estados, y también los partidos políticos a nivel federal y estatal. Y en algunos casos amparados en la propia Ley, como ahora es el caso del Estado de México que protege a los partidos de rendir cuentas”.
Para Miguel Ángel Juárez, exconsejero del IEEM, la opacidad en el gasto de los partidos es símbolo de que “hay una clase política que usa los recursos públicos de manera patrimonial y sin rendir cuentas a nadie”.
A su juicio, no sólo es el Código Electoral plantea un retroceso en la rendición de cuentas, sino que el Instituto tampoco trabaja por revertirlo.
“Lo peor es que a la legislación de retroceso que permite la opacidad se suma la ceguera y la inacción del consejo General del Instituto para fiscalizar adecuadamente los gastos partidarios“, señaló en entrevista.
Al hacer una revisión de la legislación electoral de las 32 entidades, se detectó que 17 no hacen mención a la rendición de cuentas sobre sus gastos o remiten a sus Leyes locales de transparencia.Con la reforma constitucional en materia de transparencia, ahora los casos estatales podrán escalar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), organismo que podrá ordenar a los Estados hacer pública información o que se mantenga cómo clasificada o reservada.
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