AUTOR: ÁNGEL PLASCENCIA
A nivel nacional, la entidad es la última en la lista de la implementación de la reforma constitucional, de acuerdo con el reporte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
En una presentación que hizo la dependencia el pasado 15 de enero -a la que tuvo acceso Reporte Indigo- destacó que “Jalisco se ubica en la última posición del Ranking de Evaluación por Indicadores”, es decir, es el estado que más atrasado va, según los indicadores de Setec, que depende de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.
Y es que si bien se sabe del rezago y descuido que hay por la falta de presupuesto en el Poder Judicial de Jalisco, las cifras que da la Setec son una llamada de atención para que el proceso se acelere, y los tres poderes de la entidad tomen cartas en el asunto.
Porque no solo el Poder Judicial local es responsable del retraso, una de las diapositivas de la presentación indica que en la “Legislación necesaria y deseable”, Jalisco solo cuenta con una ley, la “Ley de Extinción de Dominio”, con lo que solo se tienen 4 puntos de 100.
El resto de leyes que le hace falta implementar, así como las que requieren modificaciones son: la Constitución Estatal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Procuraduría (en el caso de Jalisco, Fiscalía General del Estado); la Ley de Defensoría Pública, la Ley de Justicia para Adolescentes, el Código Penal, la Ley de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, la Ley de Sujetos Protegidos, Ley de Seguridad Pública y la Ley de Medidas Cautelares.
“Jalisco muestra avances importantes en el eje de planeación, sin embargo, presenta áreas de oportunidad y mejora en los ejes estratégicos de infraestructura, reorganización institucional, tecnologías de las información”, se lee en la presentación.
Por eso es que en la diapositiva número cinco, se pone en rojo el terrible cuatro de 100 de la evaluación que hace Setec.
“¿Por qué Jalisco se encuentra en la posición 32 del Ranking de acuerdo a la Evaluación por Indicadores de la Implementación del Sistema de Justicia Penal?”, se pregunta en la diapositiva cuatro, y se procede a explicar con los indicadores líneas arriba citados, y otros como los porcentajes de avance.
La “Planeación” en Jalisco lleva un 64 por ciento, la “Capacitación” un 12 y la “Infraestructura” apenas un 2 por ciento.
En “Tecnologías de la Información” presenta un 5 por ciento de avance, en “Reorganización Institucional” cero por ciento y en “Difusión” y “Coordinación Interinstitucional” 10 y 50 por ciento, respectivamente.
Fiscalía General del Estado, la peor
En cuanto al “Comportamiento de las Instituciones de la Implementación”, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ) es el que mejor sale evaluado, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) se ubica como la dependencia más atrasada.
“(El STJJI) es la institución que más avances refleja en la capacitación de los futuros operadores del NSJP (Nuevo Sistema de Justicia Penal), además de ser la dependencia con un grado de avance mayor al resto de las demás, sin embargo se requiere fortalecer el resto de los ejes, cabe mencionar que se encuentra en proceso de definición en los ejes de planeación e infraestructura.
“(La FGE) es la dependencia con mayores áreas de oportunidad, fortalecer la capacitación de todos los elementos de seguridad pública en el Estado permitirá una adecuada operación del NSJP. Es importante lograr una adecuada coordinación en los trabajos de implementación del NSJP con el IJCF (Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses). Tiene que avanzar en todos los ejes”, se lee en la presentación.
Según el informe de la dependencia que forma parte de la Secretaría de Gobernación, la FGE requiere ajustar su ley orgánica al NSJP, certificar capacitadores internos, realizar cursos de capacitación para operadores y policías, así como realizar el plan maestro de infraestructura física.
Pero en temas como la “infraestructura” y “reorganización institucional”, la FGE lleva avances nulos, del uno por ciento en el caso especifico de la infraestructura del área de lo que era la Procuraduría General de Justicia, hoy parte de la Fiscalía.
Subsidio a Jalisco
De 2010 a 2013 Jalisco ha recibido poco más de 50 millones de pesos como parte de un subsidio federal para la implementación de la reforma: “al estado de Jalisco se le han otorgado recursos por más de 50 millones de pesos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.
La mayoría de dichos recursos han sido invertidos en la capacitación de empleados del Poder Judicial, como se lee en la presentación “el estado de Jalisco ha destinado mayores recursos al eje de capacitación”, teniendo 11 de sus 20 proyectos aprobados en este rubro.
Dos de éstos, por ejemplo, en 2012 fueron invertidos en el STJJ: el “Programa Anual de Capacitación 2012 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco” en el que se gastaron 3 millones de pesos, y el “Equipamiento Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco”, en el que se invirtió un millón.
Es decir, ahí se muestran como 4 de los 50 millones fueron exclusivamente para capacitación de personal del STJJ.
En total, el 55 por ciento de lo recibido para la implementación del NSJP se fue al rubro de capacitación.
Para el 2014 se prevé que Jalisco recibirá poco más de 29 millones de pesos como parte del citado subsidio, según se lee en el documento de la dependencia federal encargada de evaluar el avance de las entidades en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Privilegiado y con pocos avances
El secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Jalisco, Jorge Humberto Chavira Martínez, no parece haber tenido un año muy agitado.
Y es que a pesar de que según el tabulador de la Setec, Chavira Martínez recibe unas “percepciones mensuales brutas” de entre 150 y 190 mil pesos, o “netas” de entre 111 y 139 mil, Jalisco es el estado más rezagado en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Quien fuera algún tiempo magistrado presidente del STJJ, exalcalde de Zapopan, y considerado uno de los cercanos del secretario General de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, hoy está a cargo de la titularidad de un organismo creado para avanzar en el nuevo sistema.
Pero tal como muestran los datos de la Setec, es muy cuestionable la calidad del desempeño de Chavira Martínez, funcionario que recibe un sueldo equivalente al de un magistrado por su labor, según el propio tabulador de la dependencia.
Y es que al repartir culpas, los retrasos siempre son atribuibles al Poder Judicial, cuando la responsabilidad está repartida en tres poderes, pues tanto el Legislativo como el Ejecutivo (de parte de la FGE y el gobernador) se han preocupado poco por la entrada en vigor de las leyes necesarias, así como en la asignación de más presupuesto.
De este modo el cargo de Chavira Martínez, privilegiado por el sueldo, parece estar siendo desaprovechado en el estado más retrasado de México en materia de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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