La propuesta hecha por el senador perredista Manuel Camacho Solís tuvo eco esta mañana cuando, una vez aprobado el punto de acuerdo, se hizo un llamado al Senado de la República para dictaminar la iniciativa de ley presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el marco de la Reforma Política, para que sean las comisiones correspondientes quienes informen sobre el estado en que se encuentran las tres iniciativas presentadas sobre el tema.
En días pasados, el presidente del Consejo General del IFE, Lorenzo Córdova, señaló que la inexistente regulación en el tema “ha generado los peores dolores de cabeza para la autoridad electoral porque todo se ha tenido que construir sobre la base de criterios casuísticos, definiciones del Tribunal Electoral no siempre congruentes, no siempre lineales, en una materia que es muy compleja y que refleja las preocupaciones políticas de nuestros días“.
El senador Camacho Solís recordó que el uso de propaganda gubernamental durante la campaña presidencial del 2012 fue un “asunto central en el debate nacional”, que tuvo como consecuencia que el entonces candidato Enrique Peña Nieto se comprometiera a tomar cartas en el asunto con la creación de un Manifiesto por una Presidencia Democrática. Sin embargo, declaró el senador, “a la fecha este compromiso que es fundamental para la democracia y la rendición de cuentas sigue sin cumplirse“.
Lorenzo Córdova enfatizó el pasado 8 de enero, durante su toma de protesta como consejero presidente temporal del IFE, que desde hace seis años existe un problema en el procesamiento de quejas “porque existen prohibiciones constitucionales pero no contamos con una legislación secundaria que nos permita un desarrollo claro y puntual en el seguimiento de estas prohibiciones”.
De acuerdo con Camacho Solís, actualmente la práctica de varios funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno es utilizar la obligación que tienen de informar como pretexto para promocionar indebidamente su imagen pública, traduciéndose a su vez en utilización de recursos públicos con fines de propaganda personal, lo cual, señaló, “daña a la democracia mexicana”.
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