AUTOR: ÓSCAR BALDERAS.
El 11 de diciembre pasado, la diputada federal del Partido del Trabajo María del Carmen Martínez Santillán propuso en San Lázaro la creación de la Ley Federal para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un instrumento legal que busca castigar a servidores públicos o personas apoyadas por agentes del Estado que arresten, detengan, secuestren o “desaparezcan” a cualquier persona en el territorio nacional.
En el documento – cuya copia posee REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO – se establece que está nueva ley tiene trece objetivos, entre los que destaca la creación de un nuevo organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, con funcionarios nombrados por el presidente de la República en turno y la aprobación de los miembros del Congreso de la Unión, que buscaría paliar los efectos de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón.
Este instituto podría, si se aprueba la iniciativa de ley, hacer lo que ningún organismo formal realiza de manera expresa hasta la fecha: recibir solicitudes de búsqueda por parte de familiares de “desaparecidos” y hacerlos llegar a la autoridad competente para un seguimiento del caso; asegurar que las búsquedas de desaparecidos vayan a un ritmo jurídicamente aceptable; coordinar campañas de difusión para dar con el paradero de la víctima; y mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Para alimentar este registro el apoyo de dependencias federales no es opcional: por ley, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Policía Federal y cualquier institución policiaca del país deberá proporcionar los datos que le solicite el instituto y, en caso de no hacerlo, incurrirá en una falta que puede llevar hasta la inhabilitación del funcionario.
En el artículo 59 y 60 del proyecto de ley se establece que el Instituto Nacional de Personas Desaparecidas deberá contar con un patrimonio propio y que cada año su director podrá elaborar un anteproyecto de presupuesto anual de egresos para poder funcionar.
“Human Rights Watch ha documentado 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006. En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos 149 casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales”, dice el documento.
Las últimas cifras oficiales sobre personas desaparecidas en México datan de hace casi un año, cuando la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, informó que faltan en el país 26 mil 121 personas; sin embargo, el dato no explica cuántas de estas personas son producto de extravíos o de “desapariciones forzadas”, que la ley define como “al arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de servidores públicos del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado”.
Las cifras contrastan con las de otros organismos: la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán contabiliza 275 desapariciones forzadas sólo entre 2011 y mayo de 2012.
En Nuevo León, la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos tiene un registro de 57 casos con estas características hasta 2012; en Chihuahua, ONGs afirman que van 92 desde 2006; en Morelos, 10; en Guerrero, la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, atendió 520 peticiones; la Fundación Unidos por Nuestros Desaparecidos en Coahuila estudia 258 casos entre 2005 y 2012.
“Según testimonios de los familiares y análisis de organizaciones, los motivos de las desapariciones forzadas son variadas, desde las que se realizan con fines políticos, contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, las de familiares que buscan a sus familiares y exigen justicia, las de jóvenes varones que se tiene como hipótesis el reclutamiento forzado y la limpieza social, la esclavitud y el trabajo forzado con migrantes que transitan por México, la de mujeres jóvenes que se asocia a trata de personas; entre otras, en todos los casos la desaparición está asociada a estrategias de terror hacia la población para forzar el desplazamiento, como mecanismo de control social y territorial, para destruir o desarticular a organizaciones sociales y comunitarias y también en contra de personas que son estigmatizadas como miembros de la delincuencia organizada”, señala la iniciativa.
El proyecto de ley también establece que todo servidor público incurrirá en el delito de “desaparición forzada” siendo participante, cómplice o siquiera intente cometer la falta y su castigo podría resultar hasta en 30 años de cárcel y la inhabilitación para tener otro puesto en el gobierno.
Además, aquel funcionario que sea detenido por el delito no podrá gozar del beneficio de la fianza y una vez sentenciado no podrá terminar su condena en casa, conmutar sanciones, remisión parcial de la pena, semiliberación, preliberación o el indulto presidencial.
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