AUTOR: JAVIER ESTRADA.
Un exempleado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó una querella ante el Ministerio Público en la que acusa a la titular del organismo de incurrir en abuso de autoridad, tortura y amenazas.
El exdirector de Seguimiento y Conclusión de Recomendaciones, Gustavo Meraz Rodríguez, presentó el viernes pasado la querella ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales y Cometidos por Servidores Públicos.
El exempleado aseguró en su escrito que la presidenta de la institución y algunos de sus colaboradores ejercieron actos crueles y maltratos que le causaron un sufrimiento grave, que culminaron con su despido injustificado.
Meraz Rodríguez acompañó en su denuncia grabaciones en audio que exhiben a la ombudsman cuando lo amenaza de degradarlo de puesto, reducirle el salario y finalmente darlo de baja, como dio a conocer Reporte Indigo desde abril de 2013.
“Alteraron mi desempeño laboral por no aceptar la propuesta indecorosa e ilícita de rebajarme el sueldo, es decir, pretendieron obligarme a autorebajarme el sueldo y, al no aceptarlo, me denigraron como persona”, manifestó el denunciante.
“Mi despido fue injustificado, pues no di motivo para ello, sino que esto obedeció a la forma tan perversa con que se condujo en mi perjuicio la licenciada Martínez Garza”.
Las pruebas aportadas por el denunciante fueron las mismas que entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 28 de febrero del año pasado, cuando interpuso una queja contra la titular.
Esa querella fue acumulada junto con la de la exproyectista Martha Alicia Valdez Valenzuela, quien también denunció tortura y “bullying” laboral por parte de la ombudsman ante el órgano protector.
Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento de ambos casos desde hace casi un año, no ha emitido una resolución.
El exdirector solicitó en esa ocasión medidas cautelares por el temor de que no se le pagara su sueldo, pero el organismo resolvió que debía comparecer ante los tribunales laborales y el Consejo de la institución local.
Esto motivó una demanda del exempleado que se ventiló en el Tribunal de Arbitraje del Estado, que culminó con un convenio en el que se finiquitó la relación de trabajo.
El quejoso precisa que con ese trato renunció a sus derechos hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero no implicó que no pueda señalar los presuntos abusos cometidos por la titular.
Él tenía 10 años de trayectoria en la institución al momento en que la presidenta lo despidió, con la excusa de que esa decisión respondía al Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas del Gobierno del Estado.
Meraz Rodríguez aseguró que en ningún momento fue consultado sobre su deseo de ser incluido en este plan oficial y que nunca fue notificado por escrito de esa situación.
En las grabaciones, la ombudsman expresaba que por órdenes del gobernador Rodrigo Medina el organismo debía sumarse al programa, a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos goza de autonomía constitucional.
Ahora, la batalla jurídica emprendida por el extrabajador continúa por la vía penal.
La denuncia ante el Ministerio Público fue por los presuntos delitos cometidos por la presidenta en el ejercicio indebido de funciones públicas y los que le resulten.
“(Solicito) que previa la indagatoria respectiva gire la orden de consignación al juez penal correspondiente, a fin de que éste a su vez emita la orden de aprehensión y la sujete al procedimiento penal correspondiente”, pidió en su querella.
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