FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F. (apro).- El juzgado 23 de Delitos no Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) sentenció este lunes a dos años y 11 meses de prisión y a una multa de 3 mil 885 pesos a Gonzalo Amozorrutia Nava, Pavel Primo Noriega y Juan Daniel Velázquez Peguero, detenidos en el contexto de las movilizaciones del 1 de septiembre pasado, con motivo del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La madre de uno de los inculpados, Elvira Nava, informó a Apro que este martes Amozorrutia y sus coacusados apelaron la sentencia ante el mismo juez 23, Fausto Agustín Favela Ayala, al considerar injustificada la condena toda vez que los tres fueron procesados junto con Gustavo Ruiz Lizárraga, quien fue defendido por abogados de la organización Artículo 19 y luego absuelto.
Los cuatro fueron acusados de los delitos de ultrajes a la autoridad y resistencia de particulares, y se les impuso una multa de 126 mil pesos a cada uno.
“Estamos inconformes porque mi hijo y los muchachos fueron procesado por los mismos delitos que Gustavo Ruiz, y él fue absuelto luego de que se determinó que las únicas pruebas en su contra son los dichos de los policías, y en la misma situación está mi hijo”, apuntó Nava.
También explicó que la sentencia es conmutable por “mil 90 jornadas de trabajo comunitario no remunerado, una multa de mil 90 días de salario mínimo (equivalentes a 70 mil 588 pesos) o un ‘tratamiento de semilibertad’, que implicaría que los acusados acudan a firmar al (Centro de Readaptación Social Varonil) Ceresova de Santa Martha Acatitla mensualmente durante el tiempo de la sentencia y que pagaran un depósito de garantía de 20 mil pesos retribuibles al cumplirse ese plazo”.
La madre del inculpado señaló que teme que su hijo no corra con la misma suerte que Ruiz Lizárraga, porque en días pasados “otro de los procesados por la marcha del 1 de septiembre, Jesse (Alejandro Montaño) fue sentenciado a cinco años”.
Al indicar que el próximo lunes es probable que se emitan sentencias para otros procesados, Elvira Nava consideró que el sentido de las mismas será un indicador de cuál sería el resultado de la apelación en el proceso de su hijo.
Además, resaltó que en el caso de los jóvenes se registraron diversas irregularidades y abusos de las autoridades. Para empezar, tras ser detenidos en la Calzada de Tlalpan a la altura de San Antonio Abad, fueron “paseados durante casi cuatro horas en una camioneta del cuerpo de granaderos” y llevados en algún momento al cuartel del grupo de Fuerza de Tarea Zorros (de la Secretaría de Seguridad Pública), para más tarde ser presentados en la Coordinación Territorial Milpa Alta.
Según la denunciante, las únicas pruebas contra los jóvenes presentadas por el Ministerio Público fueron dos policías del cuerpo de granaderos que “no acudieron a las primeras dos audiencias” y que, cuando lo hicieron, “incurrieron en un sinnúmero de contradicciones e incoherencias, lo mismo que al carearse con los testigos presentados por la defensa”.
El colmo, según la entrevistada, es que entre las pruebas presentadas en contra de los jóvenes y validadas por el juez, están videos “producidos por medios independientes y otros de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública en los que no aparecerían en el lugar y hora señalados por las autoridades”.
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