AUTOR: RAÚL LINARES.
Los estados que más participación tuvieron en su venta fueron Texas con un 50% del armamento incautado y Arizona con un 29.17%; a éste le siguen California con 3.8, Illinois con 3.5 y Nevada con 2.26% por ciento lo que confirmaría, según la propia conclusión del informe, que la “mayoría de las armas fueron adquiridas en la frontera sur” de Estados Unidos.
Las armas fueron rastreadas según los índices de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), en los estados de Tamaulipas (bastión de la guerra del Cártel del Golfo con los Zetas) con 21.88%; Sonora (enfrentamiento entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa) con 17.84%; Nuevo León (Cártel de Sinaloa y Zetas) con 6.23%; Distrito Federal (con presencia de la mayoría de los cárteles) con 5.58%, y Sinaloa con 5.24%.
Quienes portaban las armas al momento de su detención fueron jóvenes de sexo masculino entre las edades de 20 a 34 años.
“Mientras siga instalada en México una guerra fruto de una política global de combate contra las drogas asistida por la industria armamentista estadounidenses (que arma tanto a las fuerzas del Estado mexicano como a las del crimen organizado), seguirán siendo los mexicanos quienes mueran, sufran y teman; sin que por ello disminuyan en nada ni el tráfico ni el consumo”, condenó el informe.
La mayoría de estas armas incautadas fueron utilizadas por grupos que se disputan el control del tráfico, trasiego y mercado de drogas a nivel regional e internacional. Tal es el caso del grupo delictivo Los Zetas, que tenía en su poder el 44.79% de las mismas; el 22.66% en manos del Cártel del Golfo; el grupo de los Beltrán Leyva con 10.16%; Sinaloa con 8.07%; el cártel de los Arellano Félix (Tijuana) 7.55%; y La Familia Michoacana 1.56%.
El activista y líder del MPJD Javier Sicilia expuso durante la presentación del informe que si bien su organización está a favor del desarme y la pacificación del país, al no haber controles tanto del gobierno mexicano como del estadounidense, la gente, como en Michoacán, se ha visto en la necesidad de armarse para “defenderse del embate del crimen”.
Sostuvo que de haber controles eficientes y voluntarios para su regulación, no habría necesidad de que la gente tuviera que escoger ese camino.
“Yo estoy en contra de las armas, pero estoy mucho más en contra de la indefensión. No puedo aceptar que por las omisiones de un gobierno que está armado hasta los dientes, y por los criminales que están armados hasta los dientes, yo estoy de acuerdo que la gente se arme para defenderse”, expuso.
El día de hoy, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció que no sólo es por la vía ilegal que ingresan armamentos y pertrechos que han sido destinados al combate contra las drogas o su participación indirecta de ella.
“Estados Unidos ha destinado más de US$ 2 mil millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia de varios años de duración acordado en 2007 para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en México”.
Buena parte de estos recursos son invertidos en logística y pertrechos militares, provistos por Estados Unidos e Israel, principalmente.
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