“Edgar sería el primer mexicano en ser ejecutado sin ninguna forma de revisión de su caso”, dijo Babcock en una teleconferencia de prensa en la que participaron también líderes de organizaciones nacionales hispanas que abogaron por la vida del joven morelense de 46 años, quien ha pasado en prisión los últimos 20.
“Sólo pedimos un proceso justo. Ir a la corte y probar lo que decimos, pero ni siquiera recibimos esa oportunidad”, explicó la abogada, quien este viernes presentó una demanda para solicitar a una Corte Federal que el procurador general de Texas, Gregg Abbott, cumpla su promesa de revisar los casos de los mexicanos sentenciados a muerte, a quienes se les violaron derechos consulares.
El pasado miércoles 15, el gobierno de México denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el caso de Edgar Tamayo, y pidió un “diálogo hemisférico” en torno a la pena capital.
“Para México resulta particularmente grave que pese al otorgamiento de medidas cautelares y provisionales en favor de sentenciados a muerte (…) se programen y lleven a cabo ejecuciones” como la de Tamayo Arias, dijo el embajador mexicano ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa.
Según advirtió, actitudes como éstas “socavan el fin último de estos mecanismos, comprometen el respeto a los derechos humanos” y, además, resulta “violatorio del derecho internacional e interamericano”.
En ese sentido y en nombre de México, Rabasa Gamboa hizo un “respetuoso pero firme” llamado a todos los Estados de la región que aún mantienen la pena capital, a que “consideren su abolición o bien decreten una moratoria sobre su aplicación con miras a su eventual abolición”.
“Nuestra intención es propiciar un diálogo hemisférico en torno a la pena capital”, subrayó.
En los 20 años que Tamayo ha pasado en prisión tras haberse declarado culpable de asesinar al policía Guy P. Guddis, el 31 de enero de 1994, tanto el gobierno de México como organizaciones en defensa de los derechos humanos y organismos multilaterales han argumentado que las violaciones al debido proceso en el caso merecen una revisión judicial que podría implicar una sentencia diferente a recibir la inyección letal.
El caso de Edgar ha sido emblemático en la relación México-Estados Unidos porque forma parte de los 52 incluidos en la resolución “El caso Avena y otros nacionales mexicanos” que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el 31 de marzo de 2004.
En ese fallo, la Corte resolvió que Estados Unidos había violado el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de la que es parte, al igual que México, por lo que ordenó someter a revisión judicial las condenas emitidas para determinar si la defensa de esos mexicanos se había visto perjudicada por la violación que implica no recibir asistencia consular ni informar a las autoridades del país de origen.
Esa revisión no ha ocurrido en el caso de Edgar Tamayo –que podría implicar un cambio en la sentencia para que no sea ejecutado–, pero tampoco en el de José Medellín y el de Humberto Leal, quienes también formaban parte de la sentencia y recibieron la inyección letal en Texas en 2008 y 2011, respectivamente.
El estado de Texas ejecutó a los dos mexicanos y mantiene firme la sentencia contra Edgar, bajo el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó en 2008 que los estados no están obligados a acatar las sentencias de la CIJ.
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