AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
Anoche, una corte de Estados Unidos negó suspender la ejecución de Edgar Tamayo complicando aún más los esfuerzos por cambiar su destino fatal.
El suceso tendrá lugar la tarde de este miércoles en la Unidad de Huntsville, la prisión texana más antigua del estado de Texas.
La de Tamayo será la sexta ejecución que acontece en Estados Unidos desde el año 2000. Y la tercera de los 51 mexicanos condenados a pena de muerte que forman parte del “Fallo Avena”.
Al cierre de esta edición los esfuerzos para que la Corte de Texas se pronunciara a favor de suspender la ejecución de Edgar Tamayo Arias proseguían.
Sin embargo, anoche el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas rechazó la petición de suspender esta ejecución.
Esto reduce aún más la posibilidad de que los recursos de su defensa y de la Cancillería mexicana prosperen.
No obstante, informaron que seguirían insistiendo hasta el último momento por dos vías: solicitar al gobernador Perry conceda el cumplimiento a la sentencia del Fallo Avena y pedir clemencia al Comité de Perdones de Texas para que éste a su vez recomiende al mandatario republicano conmutar o suspender la ejecución.
En las manos de Perry está la decisión que podría tomar incluso un segundo antes de que un líquido mortífero comience a circular por el cuerpo de Tamayo.
Un escenario que se vislumbra altamente improbable. Máxime cuando el gobierno texano se ampara con su Corte Suprema de Justicia que no reconoce el fallo de la Corte Internacional de Justicia ni los tratados contenidos en la Convención de Viena.
Fallas consulares y condenas discriminatorias
El tema referente a la ausencia de una asistencia consular oportuna que impacta decisivamente en la vida de personas, como hoy es el caso de Tamayo Arias, pone de relieve que hay “muchas fallas que estamos viendo en Estados Unidos (pero que también), lamentablemente, las estamos replicando en México”.
Así lo afirma Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, quien dice a esta publicación que aunque “afortunadamente el gobierno mexicano decidió eliminar la pena de muerte… siguen habiendo muchas arbitrariedades”.
Esto ya lo vimos en 2008 y en 2011 cuando a los mexicanos José Ernesto Medellín y Humberto Leal García, respectivamente, fueron ejecutados sin considerar sus derechos a contar con un debido proceso.
Esta figura jurídica en Texas, por mencionar un estado conocido por su inclinación a favor de la pena de muerte, está perdida en una especie de hoyo jurídico negro en donde pese a las presiones de diversos organismos internacionales es casi imposible se cuele un rayo de luz para mermar las injusticias y violaciones a los derechos humanos.
“La cárcel no come, pero sí mata a nuestros seres queridos, y siempre vamos a ser las víctimas de nuestra pobreza y de nuestro propio color”, denunció Tamayo en su misiva enviada a la Confederación de Asociaciones y Clubs de Morelenses de Estados Unidos y Canadá.
Y su queja coincide con la evaluación que Amnistía Internacional hace respecto a las personas que son condenadas y ejecutadas a la pena de muerte.
“Frecuentemente tienen un origen étnico de grupos que han estado en una situación desfavorable a lo largo de los años, como las personas de ascendencia latina o afrodescendientes”, un tema que este organismo dice a Reporte Indigo les preocupa mucho.
Esta discriminación hacia ciertos grupos de ciudadanos refiere, de acuerdo con Quiroz, “una aplicación diferenciada de la ley, al menos esa es la perspectiva que nosotros tenemos”.
Urge ‘Acta de Implementación’
Contar con una “Acta de Implementación” serviría para obligar mediante un nuevo instrumento jurídico para que cada estado de la federación de EU acate las decisiones judiciales que se refieran a esta nación en su conjunto.
Hoy este recurso jurídico es inexistente pero tras Tamayo esperan en el pabellón de la muerte varios mexicanos más. Como Ramiro Hernández Llamas, que tras ser acusado por delitos de homicidio y violación en territorio estadounidense ya tiene una fecha de condena de muerte el próximo 9 de abril.
Tanto el gobierno mexicano como diversos organismos internacionales que repudian la pena de muerte deberán trabajar a marchas forzadas para intentar lograr que el proceso de este connacional no corra como el de Tamayo.
Aunque sobre el caso de Hernández Llamas aún no hay nada definitivo, el sistema diplomático de nuestro país asegura ya se están haciendo “gestiones muy importantes que puedan cambiar esta situación”.
Por lo pronto, en su carta póstuma del pasado 7 de enero Tamayo solicitó que de ser ejecutado este miércoles sobre su cuerpo y su funeral “no meta mano el mentado Consulado” que solo ha dicho “puras pinches mentiras” y con el cual confesó se siente decepcionado.
El morelense ha expresado que lo que más le duele es que su caso nunca fue del verdadero interés del gobierno mexicano y que, por ende, no lo defendieron como correspondía:
“Esto me llenó el plato de rabia y por eso no quiero que metan mano en nada”, es una de las peticiones que Tamayo ha hecho antes de su recorrido final hacia el pabellón de la muerte.
Fallo Avena
nterpuesto en 2003 ante la Corte de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano ganó el juicio donde alegó que tras la detención de esos 51 mexicanos el gobierno norteamericano no les otorgó el derecho a la notificación consular, que forma parte del Tratado Internacional de Viena que han suscrito tanto México como EU.
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