AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Los hombres de negocios que incurrieron en lavado de dinero, triangulaciones y delitos fiscales y financieros para asegurarse de que el beneficiario de sus apuestas, Enrique Peña Nieto, llegara a la Presidencia de la República, se encuentran muy atareados: Ahora tramitan amparos contra los actos que deriven de las investigaciones del SAT, la CNB y la PGR en torno al llamado Monexgate.
Los recursos presentados han sido interpuestos contra actos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía de Delitos Fiscales y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.
La pasada administración federal, encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, identificó a varias empresas “virtuales” y a otras de fachada que venden comprobantes fiscales a personas físicas y morales para que realicen deducciones fraudulentas ante el SAT, de acuerdo con un reporte publicado por el diario Reforma el 11 de diciembre.
Algunos de los nombres revelados aparecieron en la investigación que la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral realizó sobre el llamado caso Monexgate. Dicho organismo respaldaba con documentos la denuncia del PAN y el Movimiento Progresista, los que en junio, julio y agosto de 2012 fueron revelando varios nombres de empresas que conformaron el entramado financiero del PRI y su entonces candidato presidencial.
Pero también se dio a conocer que una de las compañías que participaron en el Monexgate, el Grupo Comercializador Cónclave, S.A. de C.V., lo mismo ofreció sus servicios a Caminos y Puentes Federales (Capufe) el 16 de diciembre de 2010 que al PRI en 2011, cuando pasó a formar parte de sus proveedores.
Uno de los dueños de dicha empresa, César González Rodríguez, también es socio de Servicios y Desarrollo Akropolis, otra de las que presuntamente intervino en el entramado Monexgate aportando 1.4 millones de pesos a la firma Inizzio, según se desprende de los registros públicos de ambas.
Como se recordará, ante las evidencias aportadas, el 24 de julio de 2012 el PRI aceptó haber recurrido a los monederos Monex para la campaña presidencial, aunque rechazó utilizar la ilegal triangulación de recursos. Se justificó alegando que Akropolis contrató a Alkino que, a su vez, pidió los servicios de Atama, la cual, “por falta de recursos”, contrató a Inizzio para que la financiara.
El PAN había denunciado el empleo de tarjetas Monex por parte del PRI, y semanas más tarde Andrés Manuel López Obrador destapó los nombres de Inizzio y Efra como adquirentes de las tarjetas. Esta última firma es propiedad de la familia Fraga, reconocida como militante priista.
Tanto Inizzio como Atama y Diseños Artísticos Industriales, presuntamente involucradas en el Monexgate, tienen como apoderado a Alejandro Jaén Pérez Lizárraga. Éste es el nombre falso con el que José Luis Lozada Neyra opera en sus más de 30 empresas, de acuerdo con información dada a conocer por Proceso, medio al que algunos colaboradores de él –quienes pidieron el anonimato por temor a represalias– declararon que dichas firmas las utiliza para la venta de facturas “a todos los partidos, no sólo al PRI”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1941 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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