AUTOR: http://www.sinembargo.mx/29-01-2014/888268
El ombudsman nacional rindió esta tarde su informe de labores 2013 ante la Comisión Permanente del Congreso y precisó que el año pasado la CNDH recibió 45 mil 972 quejas y, de éstas, 3 mil 716 dieron origen a expedientes de queja, mientras que 22 mil 256 restantes se refirieron a diferentes solicitudes.
Raúl Plascencia dijo que el IMSS, la Sedena, la PGR, la PPF, la SEP, el INM, el ISSSTE , la CFE y la Semar son las dependencias con más quejas por violencia a los ciudadanos en diversos rubros e informó que, en el caso concreto de los militares, las quejas contra disminuyeron 50 por ciento.
El organismo defensor de derechos humanos, declaró Raúl Plascencia, emitió 86 recomendaciones a 109 autoridades, 44 de ellas a estatales o municipales y 65 a federales.
En cuanto a los casos de desaparición, la CNDH explicó que se formularon 21 mil 918 solicitudes sobre estos casos.
“Quiero reconocer los esfuerzos que se han realizado para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, en especial la creación de la Unidad Especial de la PGR y la labor que llevan a cabo diversos gobiernos en la materia”, refirió.
Y añadió: “Sin embargo, es importante señalar la relevancia de que se puedan dar resultados en este ámbito para que los familiares de las víctimas puedan conocer la verdad sobre estos hechos y particularmente se haga justicia en la materia”.
Sobre los ataques a la libertad de expresión, Raúl Plascencia dijo que registraron 68 casos de agravios a periodistas y 54 contra defensores de derechos humanos durante el año pasado.
El ombudsman nacional detalló que el año pasado se emitieron 86 recomendaciones en las que fueron señaladas 109 autoridades, 65 del ámbito federal y 44 estatales y municipales.
“Es importante precisar que el gobierno federal aceptó todas las recomendaciones incluyendo algunas que habían sido rechazadas durante el año 2012″, puntualizó.
También resaltó el aumento en las riñas, motines, fugas y homicidios en los penales de todo el país y la expansión del crimen organizado en la trata de personas.
El funcionario urgió a las autoridades federales a emprender acciones en seguridad pública, para evitar que grupos civiles ejerzan “lo que ellos llaman justicia por su propia mano y pretender autodefenderse”.
Dejó claro que la protección y la defensa de los derechos humanos no se lleva a cabo sólo con la emisión de recomendaciones, sino también a través de la restitución de los derechos del quejoso, lo que conlleva a la conciliación, con lo que el año pasado se resolvieron tres mil 500 casos en ese sentido, el triple respecto a 2009.
El ombudsman nacional destacó los informes del organismo relacionados con el estado de las internas en centros penitenciarios del país y una más que documenta el abandono de la observancia de los derechos fundamentales en los hospitales psiquiátricos.
También el relacionado con los grupos de autodefensa en Guerrero, en el que “se reiteró la preocupación por los peligros y retrocesos que representa la existencia de esos grupos que pretenden ejercer lo que ellos denominan justicia por propia mano y pretender suplantar también, las labores a cargo de las autoridades del Estado mexicano”.
Además destacó que en 2013 a través de actividades de capacitación dirigidas a servidores públicos de las entidades gubernamentales que concentraron el mayor número de quejas, permitieron la disminución de éstas en un 50 por ciento las relacionadas con las fuerzas armadas.
“Como producto de estas visitas se emitieron 10 informes en los cuales se señalaron dos mil 109 irregularidades, entre las cuales se encuentran la falta de capacitación de los servidores públicos adscritos a esos lugares de detención en materia de prevención de la tortura”, detalló.
“Como producto de estas visitas se emitieron 10 informes en los cuales se señalaron dos mil 109 irregularidades, entre las cuales se encuentran la falta de capacitación de los servidores públicos adscritos a esos lugares de detención en materia de prevención de la tortura”, detalló.
Además de la insalubridad de las instalaciones, deficiencias de alimentación, carencias de áreas exclusivas para alojar a mujeres detenidas y deficiencias en la prestación de servicio médico.
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