AUTOR: ÓSCAR BALDERAS.
Este vacío legal ha impedido que los jueces lleven a prisión a quienes clonan tarjetas bancarias vía web, roban la identidad de algún usuario, trafican con bases de datos, bloquean portales de internet, sustraen contraseñas e información de correo electrónico, entre otros ilícitos.
Ante esta problemática, el diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC) Ricardo Mejía Berdeja presentó el 4 de febrero pasado una iniciativa para adicionar un artículo al Código Penal Federal y que el “sabotaje informático” se castigue con una pena en prisión de 2 a 6 años.
De prosperar su propuesta, el artículo 140 Bis quedaría así: “Al que modifique, desvíe, elimine, dañe o realice cualquier acto que altere ilícitamente el normal funcionamiento y contenido en los sistemas de información, tecnologías de información o cualquiera de sus componentes, que ponga en peligro todo tipo de información para obtener algún tipo de beneficio para sí o para otros se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y de quinientos a setecientos días de salario vigente”.
El documento –cuya copia posee REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO– tiene especial dedicatoria a los hackers o piratas cibernéticos, a quienes se acusa de diseñar ataques para robar información por razones económicas o para incrementar su fama y prestigio en la red.
“No hay manera, hasta el momento, de impedir que los hackers o crackers intercepten las conexiones entre las oficinas gubernamentales y los centros privados de investigación”, admite el texto, que no contempla un presupuesto especial para la investigación de estos delitos o la capacitación de forenses digitales.
Continua: “Actualmente vivimos en la constante zozobra del delito, nadie se siente seguro, y la única seguridad parece radicar en el combate efectivo de la criminalidad aplicando el derecho penal, en la medida en que el orden jurídico penal se aplique correctamente se estará en la vía adecuada para alcanzarlo.
“La delincuencia afecta la vida, la integridad de sus víctimas y cuando se extiende genera un grave fenómeno de inseguridad social que altera la paz y se constituye en un obstáculo al desarrollo económico, social y político del país”, señala el texto oficial de la iniciativa de ley.
El legislador Mejía señaló que el delito informático implica actividades criminales que en un primer momento los países trataron en enfrentar usando figuras jurídicas típicas, pero que fallaron al encontrarse con el nuevo uso indebido de las tecnologías de la información.
“Los delitos cibernéticos no se reducen al acceso no autorizado (hackeo), al robo de información personal (phishing) o al fraude, sino que incluyen la promoción del racismo y el nazismo, el terrorismo, el tráfico de armas, de drogas, la trata de mujeres, la incitación a crímenes contra los negros, los indígenas y los homosexuales, entre otros”, escribió en su página de internet el director del laboratorio forense de investigación digital Mattica, Andrés Velázquez.
De acuerdo con esta empresa mexicana-colombiana, el 82 por ciento de los robos o fraudes informáticos en México proviene de algún empleado de la organización.
“En Latinoamérica el crimen cibernético tiene un grado de penetración escalofriante. Los ataques cibernéticos en la región crecieron 490 por ciento entre 2009 y 2011. Brasil es uno de los países con mayor índice: en 2010, 36 por ciento de los virus troyanos bancarios provino de ese país.
“Ahora el riesgo no se limita a las computadoras. El delito informático ha extendido sus redes a los dispositivos móviles. Imagina: si yo te quitara tu teléfono celular, ¿qué sabría de ti? Considerando que el robo informático incluye redes sociales, correo electrónico corporativo y personal, fotografías, agenda, contactos, entonces no hay dispositivo más personal que un teléfono celular”, escribe Velázquez.
La consultora Kroll Advisory Solutions publicó en 2013 los resultados de una investigación en México, la cual arrojó que el 26 por ciento de las empresas nacionales es afectado por el robo de información.
Y el “Reporte de Cibercrimen 2012” de la multinacional empresa Norton afirmó que hay reportes en el mundo de 1.5 millones de víctimas anuales y las pérdidas por estos delitos llegan a un promedio de 300 millones de dólares americanos.
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