AUTOR: Aleyda González.
El pasado 5 de febrero, fecha del 97º aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más de 2 mil ciudadanos mexicanos se reunieron en el Monumento a la Revolución para participar en la instalación de un Congreso Popular “cuyos objetivos principales son defender la Constitución, auspiciar la participación ciudadana y construir el poder popular”. Así lo señaló John Ackerman, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Y con congresos locales que ni siquiera leyeron la minuta y aún así la aprobaron en 15 minutos. Por ello, un grupo de alrededor de 100 personajes provenientes de distintos ámbitos de la vida pública, cultural, social e intelectual del país, determinó convocar a la formación de un Congreso Popular (CP).
“El CP tomará las calles y ocupará el espacio público, pero su presencia irá más allá de lo meramente simbólico para dar pasos concretos hacia la revocación de las reformas antipopulares de los oligarcas”, destacó Ackerman en su blog de análisis político.
“La clase política ha traicionado al pueblo”, dice la convocatoria del CP. La ingobernabilidad, la colusión del crimen organizado y la clase política y empresarial, la violencia y guerra contra las clases populares, la impunidad y violaciones a la constitución, además de la abdicación de la soberanía nacional, son sólo algunas de las razones por las que se convoca al pueblo a consolidar esfuerzos para ejercer un poder verdaderamente ciudadano.
“Es hora de que la sociedad ejerza su poder de manera directa por medio de acciones coordinadas pacíficas y contundentes amparadas en el artículo 39 constitucional”, refiere la convocatoria.
El artículo 39, al que se hace referencia, señala que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
De ahí que tras la reunión del pasado 5 de febrero, la Comisión de Organización presentara ante el pleno del Congreso Popular la iniciativa con proyecto de Decreto de Derogación de la Reforma Energética.
Según esta iniciativa, la reforma energética, cuya promulgación fue posible gracias a las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se realizó de manera ilegal. De acuerdo con este documento, las legislaturas y congresos locales violaron el artículo 135 constitucional, toda vez que este artículo garantiza que durante el proceso deliberativo se deben escuchar todas las voces y tener en consideración todos los intereses afectados. Además, prevé que la ciudadanía tenga conocimiento de las razones por las cuales se lleva a cabo la reforma y pueda posteriormente ejercer su derecho a voto, en tanto que los representantes deben procesar y tramitar de manera detenida y transparente la información.
Por lo tanto, y dado que la reforma se aprobó en ‘fast-track’ se entiende que estos principios constitucionales no fueron debidamente aplicados.
Pero las razones de fondo del Congreso Popular no giran únicamente en torno a la violación de la constitución, tanto como respecto a la vulnerabilidad en la que se coloca al país a partir de una reforma de esta naturaleza.
“La entrega de la explotación del crudo a empresas extranjeras pone al Estado mexicano en una situación de extrema vulnerabilidad, pues transferirá gran parte de su riqueza a los actores privados dejando un vacío fiscal que será llenado a costa de los bolsillos de los trabajadores, vía mayores impuestos y recortes de programas sociales, provocando con ellos una crisis en la que los más afectados serán, como siempre, los más pobres”, destaca la iniciativa de la Comisión de Organización.
Por ello, el CP está considerando organizar una protesta pública el próximo 18 de marzo, día en que se conmemora la expropiación petrolera de 1938 y cuya fecha toma mayor relevancia dada la naturaleza de lo que se pretende derogar.
La manifestación tendría como centro el Zócalo capitalino, pero se pretende llevar a cabo de manera simultanea en tantas plazas públicas del país como sea posible. La intensión es descentralizar la protesta y ampliar la participación ciudadana. Además de buscar enlaces con personajes ampliamente reconocidos por su lucha contra la entrega del petróleo a manos extranjeras, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El Congreso Popular enfrenta varios retos, asegura Julio Hernández López, columnista del periódico La Jornada. Entre los que destacan el “dar viabilidad a expresiones similares en los estados”, con el fin de “atender los problemas locales y descentralizar lo que hasta ahora sigue girando en torno al Distrito Federal”.
Pero mas allá de lograr el interés general de una población evidentemente harta de la violencia, la corrupción y la falta de medios para hacerse escuchar. El mayor reto que enfrenta este movimiento es el de que las nuevas propuestas de lucha no sean solo más de lo mismo.
Al final, “los hechos (el nivel verdadero de desobediencia civil, el tejido de una red nacional de resistencia frente a los abusos del poder y la búsqueda de unidad de la izquierda sin caer en las trampas del partidismo) habrán de definir si este congreso significa la construcción de un nuevo y verdadero poder popular”, afirmó Hernández López.
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