AUTOR: Ernesto Aroche Aguilar.
Eduardo Rivera Pérez, quien hasta el pasado sábado fue el presidente municipal de la capital poblana, dejó como herencia un cerrojo sobre los contratos publicitarios que firmó durante su administración.
El panista que durante su paso por la 58 Legislatura exigió y peleó por la transparencia gubernamental, clasificó como reservada por siete años, con posibilidad de prórroga de otros cinco –es decir los plazos máximos de ley–, la información sobre los “Expedientes de contratos con medios de comunicación impresos, de publicidad, televisivos y radiofónicos”.
La decisión de la administración del panista se basa, según se informa en el acuerdo de reserva entregado a Lado B, en dos elementos: que de darse a conocer podría provocar “un daño al derecho de propiedad intelectual al que tienen los proveedores”.
Y segundo: “La cláusula de confidencialidad con que se firmaron los contratos respectivos”.
Así, de acuerdo con lo que establece el acuerdo de reserva, es más importante mantener esa confidencialidad que el interés público por conocer las relaciones comerciales que la administración de Eduardo Rivera estableció con los medios de comunicación.
En el documento entregado se observa que la reserva se fundamenta legalmente en unas causales de reserva que tienen que ver con los Sujetos Obligados, es decir las entidades de gobierno, y no con aquellos con los que se contrataron servicios.
En Puebla, primero la opacidad
Una de las imágenes que más se repitió durante el tercer y último informe de gobierno de Eduardo Rivera Pérez, que se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cultural Universitario, fue la foto en la que el aún alcalde presumía el premio de “transparencia” otorgado por segundo año consecutivo por la revista Alcaldes de México basados en datos del Instituto Mexicano de Competitividad.
Pero esa transparencia tan premiada no llegó a los gastos en medios de comunicación, el 6 de febrero de 2013, casi al mismo tiempo en que Rivera Pérez decía, según se consignó en un boletín distribuido por la dirección de comunicación social que: “no puede haber transparencia y rendición de cuentas si no hay congruencia en los políticos”, la coordinación de Comunicación Social del ayuntamiento, a cargo de Fernando Cortés Betanzos, decidía clasificar como reservada toda la información sobre montos y contratos con medios.
Una situación que se ha repetido, una y otra vez en el estado y en los distintos órdenes de gobierno desde el 2006, fecha en que entró en vigor la Ley de Transparencia.
Durante todo el sexenio del priísta Mario Marín, el gasto en Comunicación Social fue un tema que se mantuvo bajo reserva, y sólo fue hasta unos días antes de que concluyera el periodo de gobierno cuando el entonces vocero, Javier Sánchez Galicia entregó a una solicitud de información una relación de montos anuales.
Y con Moreno Valle la cosa no cambió, durante sus dos primeros años del gobierno se mantuvo una férrea negativa a hacer públicos sus montos y la distribución de contratos con medios de comunicación.
De hecho, Puebla junto con Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Tabasco y Tamaulipas fueron catalogados como los estados “campeones de la opacidad”, por las organizaciones Fundar y Artículo 19, pues en las dos ediciones del “Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial”, estudio que realizan en conjunto ambas organizaciones, han obtenido una calificación constante de cero, al no entregar la información respectiva.
Fue hasta mediados de 2012, cuando el gobierno morenovallista, tras una fuerte presión mediática, finalmente hizo públicos montos y distribución por medio informativo. Mientras que el gobierno de Eduardo Rivera mantuvo la opacidad sobre dicho gasto hasta el último minuto de su administración.
Millones y millones
Los contratos de publicidad con medios de comunicación suponen no sólo un acuerdo comercial entre dos partes sino que delinea también la relación política entre esos medios y los gobernantes, contratos que se pagan con recursos públicos. Se trata además de presupuestos millonarios.
El ayuntamiento, lo mismo el de los priístas Enrique Doger (hoy diputado federal) y Blanca Alcalá (hoy senadora), que del panista Eduardo Rivera, ha mantenido presupuestos anuales que la más de las veces fluctúan entre los 110 y los 120 millones de pesos.
De acuerdo con información del portal municipal estos son los montos totales, el desglose sigue siendo un misterio.
Año
|
Monto
(millones de pesos)
|
Alcalde
|
Año
|
2007
|
120.3
|
Enrique
Doger
|
2007
|
2008*
|
118.1
|
Blanca
Alcalá
|
2008*
|
2009
|
114.5
|
Blanca
Alcalá
|
2009
|
2010
|
121.7
|
Blanca
Alcalá
|
2010
|
2011*
|
86.9
|
Eduardo
Rivera
|
2011*
|
2012
|
108.8
|
Eduardo
Rivera
|
2012
|
2013**
|
91.9
|
Eduardo
River
|
2013**
|
*Se incluye los gastos del último mes de gobierno de la administración previa.
**Gastos al 31 de noviembre.
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