TLAPA, Guerrero.- Aunque representa menos del 2 por ciento del dinero destinado para la reconstrucción de Guerrero, autoridades federales y estatales han hecho caso omiso a la petición de maíz y frijol para las comunidades de la Montaña afectadas por las tormentas de septiembre.
Después de que el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero realizara una movilización de cientos de personas en Tlapa, fue programada una reunión en Chilpancingo con autoridades estatales y federales encabezadas por la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga y el Gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para presentar, una vez más, la propuesta “Para que llueva maíz en La Montaña”, un programa emergente de abastecimiento de granos básicos para las familias damnificadas
A través de un comunicado, tanto el Consejo como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan señalan, “pese a que el Gobierno federal insiste en que la situación de la Montaña está resuelta y aun cuando en sus comunicados oficiales ha presentado el encuentro de ayer como parte de un monitoreo permanente y no como respuesta a la movilización y capacidad de propuesta de las comunidades indígenas frente a la desatención estatal, la crisis alimentaria que se avecina en la Montaña no ha sido conjurada y requiere de acciones emergentes”.
El documento indica que tras el llamado a la solidaridad del Consejo y de Tlachinollan, el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy instó al gobierno federal a retomar la propuesta de las comunidades, mediante una carta pública.
Paralelamente más de mil activistas nacionales e internacionales han enviado cartas a Rosario Robles y Ángel Aguirre para solicitar que las propuestas del Consejo sean atendidas con prontitud y evitar así una crisis alimentaria en la región de La Montaña de Guerrero, en este marco estos activistas han implementado la campaña #QueLluevaMaíz la cual circula ampliamente en redes sociales.
“Los programas sociales desplegados en La Montaña de Guerrero tras las tormentas han sido insuficientes para atender una crisis de enormes proporciones, siendo evidente que se requiere un programa específico que garantice el derecho a la alimentación de las familias, vulnerables por su condición de pobreza extrema”, expuso el Comisario Municipal de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, Abel Bruno Arriaga.
Sin hablar el tema de la reubicación de las comunidades que igual permanece pendiente, desde noviembre el Consejo de Comunidad Damnificadas presentó una propuesta técnica para prevenir la crisis alimentaria mediante un programa emergente de abasto de granos básicos, el cual para su implementación requiere menos del 2% del monto anunciado para el “Plan Nuevo Guerrero” presentado por Enrique Peña Nieto el pasado 7 de noviembre de 2013 en Chilpancingo, Guerrero.
En la reunión del lunes, las autoridades no fijaron postura respeto al planteamiento del Consejo, sólo se comprometieron a otra mesa de trabajo para el 17 de febrero.
El Consejo está constituido por autoridades comunitarias representantes directos de 200 comunidades, pero sobre todo son quienes cuentan con la representatividad legal y real de las comunidades, además de tener el conocimiento concreto de los daños que han sufrido. Suponer que las solicitudes de éste Consejo buscan por medio de intermediarios utilizar recursos públicos, como se ha señalado en distintas ocasiones, no hace más que desconocer la legitimidad de las autoridades comunitarias y tradicionales de los pueblos, indica el texto.
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