AUTOR: ICELA LAGUNAS.
La querella contra funcionarios del Proyecto Metro fue presentada ante la procuraduría del DF por el diputado local del PAN Héctor Saúl Téllez. Acusa que se efectuaron pagos ilegales por 744 millones de pesos al consorcio integrado por ICA, Alstom y Carso.
El diputado local Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), presentó la denuncia en dos vías. La primera ante la Procuraduría de Justicia capitalina, pero también ante la Contraloría General del DF.
Esto con el fin de que se investiguen un cúmulo de supuestas irregularidades que violarían la Ley de Obras Públicas del DF.
La denuncia en poder de Reporte Indigo documenta que por la mala planeación y la falta de investigaciones y estudios de campo del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac, la contratista (servidores públicos) y la contratante (las constructoras ICA, Alstom y Carso) construyeron obras inducidas, subterráneas y aéreas no consideradas en el plan original.
Lo anterior se originó debido a que hubo un cambio de trazo en el tramo del pueblo Culhuacán-Atlalilco que originó nuevos trabajos de construcción que no se tenían contemplados en el proyecto original.
En el polémico contrato entre Proyecto Metro y el Consorcio Línea 12 (ICA, Alstom y Carso) se establecía una ruta específica a seguir en la construcción; no obstante en el desarrollo de la obra se contempló un cambio de ruta de la originalmente planeada y diversos obstáculos, situación que modificó el trazo original.
De inmediato, dicho cambio de ruta modificó los plazos de entrega, pero también los costos de la obra.
Las constructores comenzaron a reclamar los pagos extras debido a la obra adicional que realizaron.
Lo anterior ponía en riesgo la fecha de entrega de la megaobra, que amenazaba con no estar lista para las fechas en que el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, tenía contemplado inaugurarla en compañía de los principales actores políticos y económicos del país.
Debido a la urgencia de entregarla antes de que concluyera el sexenio de Ebrard (a principios de diciembre del 2013), el Consorcio Línea 12 efectuó la obra que se requería, incluso la que no estaba contemplada, a fin cumplir con los tiempos.
El contrato de obra pública a precio alzado número 8.07 CO 01 T.2.022 establecía que el monto total de la obra sería una cantidad fija que no podría modificarse bajo ninguna circunstancia.
“En el entendido de que si el contratista efectuaba trabajos por mayor valor del indicado, no tendría derecho a reclamar ningún pago”.
Sin embargo, la circular modificatoria número 7 al procedimiento de licitación establecía que en caso de que surgieran interferencias que no estuviesen en el inventario entregado a los participantes, los importes de esos trabajos no estarían incluidos en el importe total de la propuesta y la ejecución de la obra y serían motivo de otros contratos.
Contra viento y marea la obra siguió adelante: “El contratista no conservó toda la documentación de todos los actos generados relativos a los trabajos adicionales efectuados”, puntualiza la denuncia que el legislador presentó ante la PGJDF.
Además, las autoridades encargadas de supervisar la obra no rindieron los informes de los eventos excepcionales, tales como la construcción adicional de obras inducidas, subterráneas, superficiales y aéreas.
Con toda la obra adicional, el precio también subió.
El 6 de mayo del 2011, se suscribió el convenio de reconocimiento de adeudo número 1 por la construcción de las obras inducidas subterráneas, superficiales y aéreas que no estaban consideradas en el contrato, mediante el cual las autoridades del GDF reconocieron el adeudo con el contratista por un monto de 440 millones 392 mil pesos.
Días después, el 31 de mayo del 2011, se firmó un nuevo convenio de reconocimiento de adeudo, sin número, por más obras efectuadas por el contratista con autorización de la contratante, cuyo monto ascendió a la cantidad de 110 millones 326 mil pesos.
La deuda se acumula
Los gastos no contemplados siguieron acumulándose.
En septiembre del 2011, se signó un nuevo documento de reconocimiento de adeudo por los trabajos de construcción producidos por el cambio de trazo en el tramo de pueblo Culhuacán-Atlalilco. Esta vez fue por 193 millones, 800 mil pesos.
En suma fueron 744 millones 518 mil pesos extras al contrato original.
Para firmar los convenios de reconocimiento de adeudo, las autoridades, en su papel de contratantes, los fundamentaron en el Código Civil para el Distrito Federal, a pesar de que no es la ley en la materia.
De acuerdo con la denuncia en poder de la PGJDF y de la Contraloría, las autoridades del DF violaron el artículo 134 de la Constitución debido a que las obras adicionales no pasaron por un proceso de licitación pública, invitación a diferentes empresas o incluso, adjudicación directa.
“No se sujetó a procedimiento de contratación alguno y aún así, se efectuaron los trabajos”.
Para ese momento, lo que urgía era terminar la obra y entregarla, pues el plazo original –julio de 2008 como arranque, y diciembre de 2011 para entrega– fue rebasado.
“Los servidores públicos que intervinieron en el pago de los convenios de reconocimiento de adeudo, incurrieron en responsabilidad al efectuar pagos ilegales, pues se realizaron en conculcación a la previsto en la Ley de Obras Públicas del DF”, puntualiza la denuncia.
Por la forma en que se ejecutaron las obras y también los pagos, los servidores públicos de Proyecto Metro cometieron un delito, acusa el diputado Téllez.
Explica que se contrató ilegalmente la realización de las obras adicionales producidas por el cambio de trazo, toda vez que se contrataron de manera tácita la ejecución de los trabajos por parte de ICA, Alstom y Carso.
“Materializándose con ella la conducta de uso ilegales de atribuciones y facultades”.
Por todo lo anterior, que se desglosa en la denuncia, el legislador local que también denunció públicamente el tema del sobrecosto de la Línea 12, refiere que se acreditan los elementos que integran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de los servidores públicos de Proyecto Metro, encabezados por Enrique Horcasitas.
Horcasitas, como se publicó en la edición ¿Quién rendirá cuentas? de Reporte Indigo, es el titular de Proyecto Metro, protagonista de la polémica generada a partir del conflicto de interés en torno a la construcción de la llamada Línea Dorada, pues mientras él estaba al frente de la obra por parte del gobierno local, su hermano Luis Horcasitas Manjarrez se desempeñaba como director general de ICA, la empresa ganadora de la licitación.
La historia de los millones
Desde 2012, la construcciónde la llamada ‘Línea Dorada’ comenzó a provocar un endeudamiento en las arcas del DF
En la ejecución de la obra cumbre del sexenio de Marcelo Ebrard hay millones de pesos que se gastaron, que no estuvieron contemplados en el monto inicial del proyecto.
La millonaria deuda está ahí, documentada a través de convenios que reconocen los pendientes económicos con ICA, Alstom y Carso.
En la edición “La deuda de oro”, este medio documentó que el Proyecto Metro del DF elaboró un acta desde el 2012 en la que se explican las causas que originaron los millonarios adeudos por obra pública.
Corría el mes de mayo del 2012 cuando en una reunión realizada en las instalaciones de Proyecto Metro, ubicada en avenida Universidad 800, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, se concentraron las dos partes para acordar el reconocimiento de adeudo con promesa de pago.
A la cabeza de dicha reunión, el arquitecto Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles, recapituló el proceso licitatorio para la construcción de la Línea 12 y luego avanzó en el tema de las deudas.
Se aceptó que hubieron diversos problemas de índole social con los habitantes de la zona ubicada en los tramos de ESIME-Culhuacán a Barrio Tula, así como problemas técnicos en la Cervecería Cuauhtémoc que propiciaron un cambio de trazado entre las estaciones La Virgen y Mexicaltzingo.
Por esas fechas se buscaba alcanzar un acuerdo para evitar que el reclamo se convirtiera en una exigencia de pago por la vía judicial.
Sin embargo, pese a los reconocimientos de deuda, las empresas recurrieron a la vía judicial en aquella demanda que fue pública y que detonó abiertamente la deuda del GDF a ICA, fundamentalmente.
Por todos esos claroscuros respecto a los montos extras que se pagaron por la obra de la Línea 12, hoy estalla esta denuncia que enumera algunas de las irregularidades que se han logrado documentar de todo este proceso que involucra miles de millones del erario público.
Las pruebas ante la Procuraduría
El diputado panista, autor de la denuncia ante la PGJDF y la Contraloría, Héctor Saúl Téllez, presentó ante la contraloría y la procuraduría el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública del GDF correspondiente al ejercicio 2011 que efectuó la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF.
Además, pidió que el Ministerio Público solicite a la Secretaría de Obras y Servicios del DF, o al Proyecto Metro, que entregue el expediente de la licitación pública internacional para la construcción de la Línea 12.
Asimismo, el polémico contrato 8.07 C0 01 T.2.022 que fue firmado por Pedro Servando Delgado Gamboa, en su calidad de director general de obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y por las empresas ICA, Alstom y Carso.
También pide que integren a la indagatoria los diferentes convenios modificatorios de reconocimiento de deuda y la bitácora de la obra.
Y pide a la PGJDF que “de encontrar penalmente responsables a los servidores públicos del Proyecto Metro, se proceda a efectuar la correspondiente consignación penal”.
¿Qué hará la Procuraduría de Justicia que dirige Rodolfo Ríos y la Contraloría de Hiram Almeida con la denuncia que exige se investigue y se finquen por fin responsabilidades?
A las irregularidades de tipo económico se suma el peligro ya documentado que advierte de un posible descarrilamiento de la Línea 12.
Y si después de un tiempo razonable no pasa nada en las instancias del DF, la ruta apunta que el caso podría llegar a la PGR y a la Auditoría Superior de la Federación.
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