AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Los días posteriores a la jornada electoral federal del 1 de julio de 2012 se destapó el escándalo del Monexgate, el uso de monederos electrónicos repartidos al por mayor para inducir el voto en favor del candidato priista. Pero ya desde antes la Unidad de Fiscalización del IFE había detectado “movimientos inusuales” en las tarjetas Monex y había pedido a la Secretaría de Hacienda su manual contra el lavado de dinero. La PGR intervino –sospechaba el uso de recursos del narcotráfico– y empezó a investigar; incluso congeló cuentas y aseguró efectivo de algunas personas físicas y empresas coludidas en el Monexgate… Sin embargo, todo se diluyó tersamente hasta desaparecer una vez que Enrique Peña Nieto fue declarado presidente electo.
Las operaciones que llamaron la atención de la Unidad de Fiscalización implicaban el uso irregular de cuando menos 40 millones de pesos –en ellas participaba el Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., empresa denunciada el 5 de julio de 2012 por Andrés Manuel López Obrador como parte de la trama de triangulación de recursos en favor del candidato priista– y el uso de dinero “en otros países”.
Una semana antes de la denuncia de López Obrador, Alfredo Cristalinas, jefe de la Unidad de Fiscalización del IFE, ya tenía conocimiento de la intervención de Inizzio y les había pedido a las autoridades hacendarias su Manual de prevención de lavado de dinero, pues la empresa no aclaraba el origen de 70 millones 815 mil 534 pesos.
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), ordenaron asegurar cuentas bancarias de diversas personas morales y físicas por su probable participación en “una organización criminal dedicada a operar con recursos de procedencia ilícita… como el narcotráfico”, y de quienes meses después se sabría que intervinieron en la triangulación de recursos que hizo el PRI, entre ellos Raúl Álvarez Longoria.
Lo anterior se desprende de decenas de oficios que Alfredo Cristalinas, jefe de la Unidad de Fiscalización del IFE, envió durante julio de 2012 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la UIF, así como de amparos promovidos ante la justicia federal por Álvarez Longoria, Alberto Grande Vidaurre y Edicom, S.A. de C.V., acusados de formar parte de “una organización criminal dedicada a operar con recursos de procedencia ilícita”.
Para el 2 de agosto de 2012 la acusación penal contra algunos de quienes participaron en el entramado financiero del PRI para la campaña presidencial se diluyó a “delitos fiscales”; para esa fecha el reconocimiento legal de Enrique Peña Nieto como triunfador de la elección presidencial estaba en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados declaraban que “nada se hará en lo oscurito” y rechazaban apremiar al IFE en la solución del llamado caso Monexgate.
Oficios cristalinos
El 5 de julio de 2012, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de campaña de López Obrador, denunció públicamente que el PRI, a través del banco Monex, utilizaba monederos electrónicos distribuidos por las firmas Inizzio y Efra. Con facturas y contratos entre ambas empresas y la banca, el petista sostuvo que mediante Inizzio se distribuyeron 68 millones 316 mil 158 pesos y con Efra, 91 millones 212 mil 30 pesos.
Una semana antes, el 26 de junio, Cristalinas preguntó a la CNBV de quién eran y cómo se habían fondeado dos tarjetas que esa misma mañana había detectado y denunciado públicamente Roberto Gil Zuarth, coordinador de la campaña de la candidata panista, Josefina Vázquez Mota.
El 27 de junio Cristalinas entregó un informe a los consejeros electorales, quienes dijeron saber de la existencia de 9 mil 924 tarjetas de prepago por un monto de 70 millones 815 mil pesos, aunque hasta entonces no se había revelado la participación de Inizzio; ese mismo día el fiscalizador del IFE ya había pedido a la CNBV la entrega de información sobre todas las cuentas bancarias de la empresa.
El 5 de julio, según el oficio UF-DRN-77 18/12 dirigido a Guillermo Babatz Torres, entonces presidente de la CNBV, Cristalinas le solicitó nuevamente “evidencia, depósito o transferencia respecto del origen de 70 millones 815 mil 534 pesos” de Inizzio, todos los detalles de las 9 mil 924 tarjetas y algo más: “domicilio del promotor del Grupo Monex, responsable de la cuenta de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V… Manual de lavado de dinero y expediente de Inizzio”.
El titular de la Unidad de Fiscalización no explica las razones por las cuales pide detalles de cómo opera el lavado de recursos, pero en un segundo oficio, el UF-DRN-7740/12, fechado el mismo 5 de julio, solicita el total de los recursos dispersados por Inizzio, forma en que se pueden usar las tarjetas, los contratos celebrados y… “expediente de la persona que contrató las tarjetas derivado del Manual de Prevención de Lavado de Dinero; promotor responsable de la cuenta”.
Un día después Cristalinas pidió a la CNBV –mediante oficio UF-DRN-7794/12– otros datos de Inizzio y de nueva cuenta la petición: “Expediente de la persona que contrató las tarjetas, derivado del Manual de Prevención de Lavado de dinero”.
Después de 20 días de revisar el manual, los saldos, propietarios, cómo, dónde y cuándo se utilizaron las casi 10 mil tarjetas o monederos electrónicos Monex que entregó la empresa Inizzio, Cristalinas encontró lo que en el argot bancario se llama operaciones “sospechosas” o “inusuales”: al menos 685 tarjetas rebasaban las mil 500 udis (7 mil 390 pesos), tope fijado para detectar lavado de dinero y envió un peculiar oficio a la CNBV –el UF-DRN-8777/12– el 18 de julio de 2012.
El oficio dice: “Respecto de los siguientes hechos, esta Unidad de Fiscalización detectó información y datos que resultan trascendentes e importantes hacerlos de su conocimiento para que en el ámbito de sus atribuciones determine si constituyen infracciones a algún ordenamiento legal en la materia: conforme a la documentación que obra en el expediente citado al rubro se desprende que los recursos que se asignaron a 685 tarjetas de las 9 mil 924 tarjetas adquiridas por la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., rebasaron el saldo de mil 500 udis por un importe total de 39 millones 685 mil 964 pesos con 94 centavos”.
Y más, detectó que 20 tarjetas se usaron en diversos países, los cuales no enumera. “De la documentación que obra en el expediente se advierte que 20 monederos fueron utilizados en otros países dispersando recursos que ascienden a una cantidad de 725 mil 716 pesos”.
El 20 de julio de 2012 Cristalinas envió el mismo reporte al encargado de la UIF, José Alberto Balbuena Balbuena.
En total, el fiscalizador del IFE informó a la UIF de 46 expedientes con operaciones “inusuales o sospechosas”.
Investigación por lavado
El 2 de julio de 2012 la UIF emitió el oficio 110/H/787/2012, donde se documenta el entramado financiero de empresas lidereadas por Edicom (Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales), y las personas físicas Raúl Álvarez Longoria y Alberto Grande Vidaurre, así como la participación de Ricardo Mauro Calzada Cisneros, quienes facturan a nombre de otras para ayudar a evadir al fisco.
El 23 de enero de 2013 la Unidad de Fiscalización identificó a Álvarez Longoria y a Calzada Cisneros, entre otros, como participantes en la trama financiera Monexgate, pero no los relacionó públicamente con la investigación de lavado de dinero que realizaban la PGR y la UIF.
Proceso indagó en los amparos –algunos otorgados y otros rechazados– promovidos por Álvarez Longoria, Edicom y Grande Vidaurre para exigir que se les liberaran cuentas abiertas en los bancos Santander o HSBC y que por orden judicial de la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) y la SIEDO, se les congelaron el 5 de julio de 2012.
En el amparo 134 promovido por Edicom ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito Penal –donde pide la liberación de sus cuentas bancarias– se refiere que el caso tiene como origen las averiguaciones previas UIFPGR/53/2012 y la UEIORPIFAM/AP/167/2012.
En el caso de Edicom se pidió que se aseguraran las cuentas 920015633119 de Santander y la 4044942373 de HSBC, pues de ellas tenía conocimiento la UEIORPIFAM. Santander informó que el 9 de julio de 2012 encontró tres cuentas con diferentes saldos: 8 mil 507, 10 mil 31 pesos y 37 millones 427 mil 286 pesos, las cuales aseguró.
El 10 de julio HSBC aseguró una cuenta con saldo de 734 mil 681 pesos y dos más sin dinero alguno.
Según la averiguación previa 167/2012, “las razones para decretar tal medida (congelamiento de cuentas), según afirmó la institución ministerial, fue debido a que las pruebas relacionadas, examinadas y valoradas en su conjunto, en forma lógica, natural y jurídica, como lo establece el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, permite presumir de manera indiciaria la existencia de conductas posiblemente constitutivas de delitos, en las que de manera probable intervinieron los indiciados y sus cómplices (quejosa y otros), pues de lo expuesto se aprecia la existencia de indicios y que probablemente colaboraron con diversos miembros en una organización criminal dedicada a operar recursos de procedencia ilícita, contribuyendo a que dicha sociedad delictiva continúe con sus actividades, todo lo cual conduce a establecer que esas personas participan activamente en una asociación ‘perfectamente’ establecida”.
También se indica que “a las catorce horas con cuarenta minutos” del 4 de julio de 2012 se realizó un cateo en la empresa Edicom, asegurándose cerca de 4 millones de pesos, algunos euros y 8 mil 250 dólares.
Y justifica: “Dinero que se aseguró por el referido órgano especializado en delincuencia organizada, dado que, según afirmó, de los elementos de prueba se tienen indicios suficientes y fundados de la existencia de un grupo de personas, entre las que se encuentran los indiciados, los que han operado en el sistema financiero mexicano millones de pesos, presumiblemente producto de actividades ilícitas, pues algunos de ellos no tienen actividades que avalen sus ingresos a través de actividades laborales productivas y lícitas, por ende, la presunción fundada de que dichos recursos monetarios pueden ser producto de actividades ilícitas, lo que denota un modus operandi perfectamente definido y estructurado, llevando a cabo diversas conductas delictivas que bien pudieran estar vinculadas con la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al realizar múltiples operaciones en el sistema financiero mexicano con depósitos y retiros en diversos bancos, pero principalmente en Santander México y HSBC, lo cual se tiene acreditado de indicios fundados”.
De manera coincidente, en su indagatoria sobre el Monexgate la Unidad de Fiscalización del IFE pidió a la CNBV datos sobre las cuentas que Inizzio abrió en Santander y HSBC, según consta en los oficios UF-DRN-13584/12 y UF-DRN-131585/12.
Avanzada ya la investigación y pese a todos los elementos de convicción que se tenían por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, el 2 de agosto de 2012 –cuando el triunfo de Peña Nieto ya se daba por hecho– se cambia el delito a “defraudación fiscal”. “Se acordó la incompetencia por razón de especialidad” y se pasó la averiguación previa a la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Fiscales y Financieros.
Sin explicación a detalle, la parte acusadora, la Unidad Especializada en Recursos de Procedencia Ilícita, la cual sostenía tener todas las pruebas indiciarias, se desistió de sus señalamientos: “No se desprende elemento de convicción alguno respecto de la configuración de un tipo penal materia de esta unidad. El 7 de agosto de 2012 se abrió la AP por defraudación fiscal”.
Pero no sólo se diluyó la gravedad del delito, sino que se consideró “una adecuada aplicación de normas que regulan el aseguramiento” de las cuentas de Edicom, por lo que se le otorgó el amparo y se le liberaron. Esto a su vez dio como consecuencia que Álvarez Longoria se amparara en materia administrativa contra actos de la CNBV. Éste no se le otorgó.
En el amparo se da cuenta también de que todo derivó de una denuncia anónima que se presentó por escrito el 28 de junio de 2012, dos días después de que Gil Zuarth denunció el uso de la banca por parte del PRI para dispersar recursos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario