AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Ese mes, la Comisión Federal de Competencia aprobó la decisión más polémica del sexenio en materia de telecomunicaciones y quizá el error más grave que amarró al gobierno siguiente (cuando ya todo indicaba que el PAN no iba a repetir en Los Pinos). En ese mismo mes, a Calderón le quedó claro que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, no ganaría la elección presidencial y necesitaba blindarse.
La decisión polémica fue la aprobación de la fusión de Grupo Televisa con Iusacell, propiedad de su presunto competidor en televisión abierta, TV Azteca. La fusión convirtió a ambas empresas en socios irremediables en una aventura cuyo objetivo central era competirle al gigante de telecomunicaciones Telmex-Telcel, en uno de los episodios más de esa guerra entre ambos polos, muy similar al fenómeno de la guerra de cárteles.
La fusión demostró la capacidad de poder político del grupo encabezado por Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez que llegaron a Televisa en 1997.
Para nadie es un secreto que Televisa ganó mucho más poder político en el sexenio de Felipe Calderón que cualquier otra empresa del sector, incluyendo a Axtel o Avantel, presuntas compañías que estaban destinadas a ser las “consentidas” del presidente panista. TV Azteca y Grupo Salinas se enriquecieron como pocos, y Slim optó por expandir sus tentáculos en el extranjero a través de América Móvil, su verdadera joya de la corona.
A cambio, Televisa avanzó en su proyecto de telecomunicaciones, sin ningún freno real. Compró Bestel, llegó a concentrar el 55 por ciento del mercado de televisión restringida (vía Sky, Cablevisión, Cablemás y TVI), obtuvo generosas condonaciones fiscales por parte del gobierno y, por si fuera poco, nulificó en los hechos la reforma electoral del 2007 que afectaba sus intereses (la prohibición de la venta de espacios en la pantalla) y frenó la entrada de Telmex al mercado de la televisión restringida (la modificación del apartado 1.9 del título de concesión).
Los intereses de Televisa se cumplieron por una debilidad elemental de Calderón: su falta de legitimidad de origen, tras la crisis poselectoral del 2006, y la necesidad de contar con el apoyo tácito o explícito de la empresa de televisión más grande del país para justificar su guerra contra el narcotráfico que, a todas luces, dejó a México ensangrentado y fortaleció a los cárteles, en lugar de dividirlos.
Paradójicamente, la mejor prueba del poder de Televisa en el sexenio de Calderón fue el triunfo del político priista Enrique Peña Nieto, con quien establecieron un convenio de cobertura, publicidad y manejo de imagen desde octubre de 2005. Ambos han negado una y otra vez que existan “pruebas reales” de ese convenio, pero todos los mexicanos lo vimos en pantalla, lo observamos y Peña se convirtió, muy a su pesar, en el “candidato Televisa”. Pasó de ser un político mexiquense desconocido a nivel nacional, a ser la figura más difundida y publicitada en Televisa y TV Azteca. Y esto se logró con mucho dinero y alianzas con la compañía de Azcárraga.
El segundo sexenio al hilo de Televisa se cocinó durante la polémica fusión con Iusacell. ¿Por qué? Gracias a su capacidad de presión y chantaje, los ejecutivos de la empresa de Azcárraga Jean lograron modificar el dictamen original de la Comisión Federal de Competencia (el 24 de enero de 2012 el organismo regulador rechazó por 3 votos contra 2 la fusión) para que en junio de 2012, un mes antes de la elección, Calderón diera “línea” y la CFC modificara su dictamen: 4 votos contra 1 fue aprobada la fusión.
El cinismo estuvo abierto desde el principio en este episodio. ¿Recuerdan cuando Televisa y TV Azteca se fueron a la yugular en contra del columnista Miguel Angel Granados Chapa, quien reveló en enero de 2011, en su columna “Plaza Pública”, el plan de fusión monopólica? En abril del mismo año, los mismos que acusaron a Granados Chapa de mentir, de inventar, de trabajar para los intereses de Telmex y otras lindezas que gustan repetir cada vez que se trata de desacreditar, aceptaron el proyecto.
La fusión de Televisa-Iusacell marcó un cambio estructural y transexenal. Esa poderosa alianza perdurará en el sexenio de Peña Nieto porque representa un pacto de poder político de ambas televisoras, no un simple asunto de competencia económica. Y en ese pacto, la voz cantante la llevan los “Cuatro Fantásticos” de Televisa y el trabajo sucio, de vez en cuando, lo realizan los ejecutivos de TV Azteca.
Originalmente, la fusión iba a incorporar otras condicionantes para frenar el poder generado por este matrimonio de conveniencia. Calderón frenó esos otros temas. Sólo se incorporaron 6 condicionantes: la licitación de las dos cadenas de televisión digital abierta “a más tardar el 30 de noviembre de 2012”; la no discriminación de la venta de publicidad en las pantallas de Televisa y TV Azteca; la prohibición de las “ventas atadas” a la contratación de servicios de Iusacell; la venta separada de contenidos de televisión abierta y restringida; la prohibición de que Televisa participara en la empresa Total Play, de Salinas Pliego.
Como se observará, el tema de las dos cadenas no se ha cumplido hasta la fecha y lo tratan de prolongar a través de múltiples presiones a través de la presidencia de la República y al interior del nuevo organismo regulador (IFT); el asunto de las ventas atadas continúa con múltiples subterfugios y, lo más importante, frenaron otras condicionantes que sí afectaban su poder dominante en el mercado.
Entre esas condicionantes originales que Cofetel y CFC discutieron estaban las siguientes: la desagregación de activos de Televisa, sobre todo, en materia de televisión restringida y freno a la propiedad cruzada; la reestructuración de la banda 2.5 Ghz (tema polémico con MVS) ya que Televisa acusó a la empresa de Joaquín Vargas de subutilizar y tener un “monopolio” (el burro hablando de orejas); la liberación de la banda 700 Mhz, conocida como “dividendo digital”, donde Televisa y TV Azteca poseen el 78 por ciento de sus llamados “canales espejo”; la política de Televisión Digital Terrestre (TDT) o el famoso “apagón analógico” que ambas televisoras han bombardeado; y, el cumplimiento del must carry y del must offer que Televisa ha tratado de eludir de mil maneras posibles.
Todos estos temas se incorporaron a la agenda de buenas intenciones del Pacto por México, el 2 de diciembre de 2012. A Peña Nieto le convenía quitarse el estigma del “candidato Televisa” y mandar una señal de poder frente a la compañía de Azcárraga Jean. PAN y PRD, envalentonados, lo firmaron. Sonaba bien. Parecía un buen guión para democratizar el régimen de medios y abrirle una competencia real a Telmex-Telcel.
En la reforma que modificó los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución más 17 transitorios claves, en abril de 2013, se incorporaron varios ordenamientos con la promesa de cumplir los buenos propósitos del Pacto por México. La mano de Televisa se dejó sentir durante la discusión legislativa. Eso lo han denunciado, entre otros legisladores, Javier Corral, Manuel Bartlett, Alejandro Encinas.
A pesar de eso –y de cambios sustanciales a la iniciativa original- la reforma constitucional marcó plazos, tiempos y ordenamientos que se dejaron para la legislación secundaria. Esta se debió aprobar, a más tardar, el 15 de diciembre de 2013. Los legisladores y el gobierno simplemente se hicieron guajes. La prioridad en ese momento, para ambos, era la reforma constitucional en materia energética.
Ahora, en vísperas de que se conozca la nueva ley secundaria y las modificaciones a cerca de 11 ordenamientos, relacionados con telecomunicaciones y radiodifusión, las presiones de Televisa. Y el pacto político con Peña Nieto se ha fortalecido, según lo informó Proceso en esta semana.
Estamos como en el escenario previo a la fusión Televisa-Iusacell. Se juega el chantaje, el negocio, la cobertura favorable y la crisis michoacana que obligan al gobierno federal a privilegiar el control de los medios de comunicación masiva que le garantizan las televisoras.
¿Volveremos a vivir en versión reforzada el nuevo sexenio de Televisa? Eso es lo que está en juego. Está en duda el cumplimiento a la demanda que hizo marchar en 2012 a cientos de jóvenes del #YoSoy132 y a muchos mexicanos hartos del modelo de control informativo y de la tesis de la “televisión para jodidos”. Está en juego, una vez más, la democratización del régimen de medios en este país.
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