AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
Hoy se instala el primer Congreso Popular, el cual busca generar dos propuestas en torno a la reforma energética.
En la sesión pública, que se llevará a cabo en torno al Monumento a la Revolución, se votará además una iniciativa revocatoria de la reforma energética promulgada en diciembre pasado.
También se definirá el mapa de las acciones de resistencia civil pacífica que darán inicio el próximo 18 de marzo, día en que se conmemorará el 76 Aniversario de la Expropiación Petrolera.
Esta sui generis expresión social –de acuerdo con sus promotores e integrantes– destaca por ser una iniciativa de corte 100 por ciento ciudadano, donde 2 mil 652 personas fueron aceptadas como representantes populares.
En ella participan intelectuales, activistas sociales y de derechos humanos, artistas, periodistas y ciudadanos de pie de todo el país, quienes subrayan que no obstante las simpatías políticas personales que tengan, este Congreso Popular goza de independencia de “cualquier partido político, institución gubernamental o grupo empresarial”.
En concreto tiene como finalidad generar dos propuestas.
Una se refiere a defender los principios consagrados en la Constitución de 1917 que se considera desaparecieron de facto con la aprobación de la pasada reforma energética; se busca reivindicar el carácter social de esta legislación.
La otra se aboca a concretar acciones de carácter jurídico y de resistencia civil para contrarrestar los alcances de la misma.
Se puede contrarrestar
La iniciativa convocó a los ciudadanos coinciden en que las reformas estructurales aprobadas y el proceder del Gobierno Federal son contrarias al espíritu constituyente del 17, en especial, las relativas a los artículos 27 y 28 de la Constitución.
“Mi valoración es que sí se pueden hacer una serie de planteamientos jurídicos-técnicos para contrarrestar esas modificaciones constitucionales”, dice el abogado Carlos Frausto, quien considera será nodal fundamentarlos legalmente.
Considera que se podría recurrir a un juicio de amparo en atención a que esas enmiendas que violentan el espíritu social establecido en la Constitución a luz de la figura jurídica denominada “interés legítimo” contemplada en la Constitución y la Ley de Amparo.
Técnicamente es un recurso distinto al interés jurídico. Este último tiene lugar cuando, por ejemplo, una persona puede presentar una queja o inconformidad por el alto costo de la luz si el recibo está a su nombre.
Pero el interés legítimo, explica el también representante legal del Colectivo de Ciudadanos de Iztapalapa en Defensa de la Energía Eléctrica, es más amplio. Contempla que un ciudadano en su calidad de gobernado tiene derechos humanos que van más allá de las garantías individuales constitucionales.
En el Congreso se muestran escépticos
En el Congreso de la Unión, los alcances de este Congreso Popular se aprecian con escepticismo.
Hace tres días, Manlio Fabio Beltrones declaró que ni las marchas ni los recursos de inconstitucionalidad que se interpongan ante la Suprema Corte evitarán que el PRI elabore las leyes secundarias que México requieren.
El jefe de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados refirió que la consulta popular, las controversias constitucionales y las protestas “son movimientos sumamente legítimos de quienes se oponen a la transformación del país”.
Por su parte, Carlos Frausto, que fue electo como representante popular, considera que posturas como las del diputado Beltrones se pueden debatir jurídicamente.
Y puntualiza que las acciones referentes a la movilización social y de resistencia civil serán acordadas en el marco del Congreso Popular que hoy se celebra.
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