FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 (REDACCIÓN)
Afirmaron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han obstaculizado el proceso legal pidiendo tanto a la Dirección Jurídica de la Cámara como al Centro de Estudios de Derechos e Investigación Parlamentaria y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hagan una revisión previa de la constitucionalidad de esta ley.
Los panistas aseguraron que es al Congreso de la Unión a quien le corresponde votar todo lo relacionado con la seguridad pública del Distrito Federal, según manifiesta el dictamen en donde se especifican las facultades que tienen para regular mediante esta Ley de Manifestaciones Públicas.
Afirmaron estar a favor de la legalidad y de la constitucionalidad, pero señalaron que el único instituto autorizado en México para determinar si una ley es constitucional o no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dijeron estar buscando que con esta nueva legislación haya mesas de diálogo para que los ciudadanos puedan exponer su malestar de manera directa e inmediata, ya sea a las autoridades capitalinas o a las federales.
Comentaron que el DF ya no aguanta más estas manifestaciones pues el impacto económico y material que tienen es enorme; una manifestación cuesta 10 millones de pesos a esta ciudad según ellos. Descartaron estar de parte de los empresarios, y dijeron ponerse “del lado de los ciudadanos que no pueden llegar a sus empleos”.
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