AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Con excepción de los diputados federales del PRI, el PVEM y el Panal, que se afanan en decir que el gobierno de Javier Duarte demuestra que en Veracruz “no hay espacio para la impunidad”, lo cierto es que en la entidad ya nadie se salva, comentan a Proceso legisladores veracruzanos del PT, PRD y PAN. Hoy, dicen, las extorsiones, levantones, ejecuciones y asesinatos de periodistas –con el de Gregorio Jiménez ya suman 10– están a la orden del día. Para ellos, el de Duarte es un gobierno represor, descompuesto.
En contraposición, sus pares del PRI y sus aliados del PVEM y del Panal “maniobraron” para diluir el tema en tribuna y evitar daños mayores a la imagen del gobernador de Veracruz, pues, dijeron, el estado tiene en puerta los Juegos Centroamericanos.
Seis días después de la desaparición del reportero y ante la falta de noticias, el martes 11 los diputados federales por Veracruz Manuel Huerta, del PT, y Uriel Flores Aguayo, del PRD, exigieron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un pronunciamiento al respecto.
Pedían la intervención del gobierno federal para que se “publiquen” los resultados de las investigaciones en torno a los casos de reporteros asesinados durante la administración de Javier Duarte –hasta ese día eran nueve– y la participación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) para “garantizar” la indagatoria en el caso de Jiménez de la Cruz con el objeto, dijeron, “de su presentación con vida a la brevedad posible”.
El PRI maniobró políticamente. Guardó silencio, pero ante el descubrimiento de una fosa clandestina en Las Choapas, Veracruz, con tres cuerpos, entre ellos el del periodista, todos con huellas de tortura, el Poder Legislativo se vio obligado a fijar “una tímida” posición…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1946 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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