AUTOR: ÓSCAR BALDERAS.
La Ley Federal de Defensoría Pública, creada en mayo de 1998 durante el sexenio de Ernesto Zedillo, no establece en ningún párrafo del artículo 6 – dedicado a las obligaciones de los defensores públicos – el préstamo gratuito del servicio de intérprete a un poblador originario para que este pueda entender su acusación y llevar a cabo su defensa.
Esta falta legal fue sufrida por una gran parte de los 2 mil indígenas que entre 2012 y 2013 fueron asesorados por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, según la misma dependencia.
El vacío en la ley para los indígenas está presente en otros párrafos de la ley, como en el artículo 20, que especifica cuáles son los servicios que se pueden prestar en una defensa de oficio. La normatividad establece que se pueden contratar consultorías externas y abogados, pero no de traductores.
En el artículo 24, reservado para las designaciones de los casos, la ley restringe el apoyo a los acusados a dos personas: un defensor público y personal de auxilio. Nada sobre intérpretes de lenguas indígenas.
El artículo 37 establece cuáles serán causas de sanciones para los servidores públicos del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Entre otras causales están la de “inmiscuirse indebidamente”, abandonar injustificadamente el desempeño de funciones, aceptar dádivas… pero no es una falta dejar sin interprete a un indígena que lo requiera.
La única referencia a este derecho se ubica en el párrafo 20 de la ley, que no se vincula con la obligatoriedad ni las sanciones. A la letra dice: “A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la asesoría jurídica a favor de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes, el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan”.
Sandro Ramírez, líder de comerciantes triquis en la Ciudad de México, criticó que ese párrafo no se haya incluido en el apartado de compromisos, lo cual deja la inclusión del interprete a contentillo de los defensores públicos.
“Actualmente, el no hablar español implica dificultades a la población indígena para la obtención de servicios administrativos fuera de su comunidad, así como para la resolución de conflictos legales, pues la lengua empleada en estos terrenos es principalmente el español. En el país hay 720 mil personas que hablan lengua indígena y no hablan español, lo cual equivale a 12 de cada 100 hablantes de lengua indígena.
“No obstante la importancia de este sector de la sociedad, continúan enfrentando una serie de obstáculos como son la discriminación por su forma de vestir y la lengua en que se comunican, además enfrentan mayores problemas para acceder a sus derechos, particularmente en materia de justicia, esto debido al desconocimiento de las normas, los delitos, y los procesos, aunado a esto se encuentra el manejo básico o nulo del idioma español”, señala un documento oficial fechado el 4 de febrero de este año en la Cámara de Diputados.
El 28 de marzo de 2013, la organización global Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que criticó al gobierno mexicano por no garantizar procesos justos e igualitarios para los indígenas del país.
El boletín se emitió mientras el maestro tzotzil Alberto Patishtán aún se encontraba en la cárcel, acusado injustamente por emboscar y asesinar a varios policías en su natal Chiapas; semanas después de la ratificación de su sentencia de 60 años por lesiones, homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Patishtán fue indultado por Enrique Peña Nieto.
“Amnistía Internacional ha documentado en varias ocasiones como el sistema de justicia en México falla en garantizar proceso justos, especialmente cuando la persona acusada es indígena de escasos recursos y sociales”, señaló la ONG.
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