FUENTE: PROCESO (REDACCIÓN)
HIDALGO, Texas (apro).- El exjuez federal Luis Armando Jerezano, su esposa y un abogado pretenden recuperar 3 millones de dólares relacionados con el cártel de Los Zetas, que actualmente se encuentran confiscados por un fiscal de distrito del sur de Texas.
Según una nota publicada por el diario texano The Monitor, el exjuez casinero, actualmente sometido a un proceso por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que lo acusa de corrupción, buscará demostrar al fiscal de distrito del condado de Hidalgo, René Guerra, que obtuvo de manera legal el dinero que le fue incautado del banco IBC (International Bancshares Corporation) de McAllen.
Jerezano Treviño, su esposa Claudia Zulema Alanís y el abogado Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón no enfrentan acusaciones criminales, aunque la justicia del estado de Texas busca demostrar que el dinero que reclaman los tres tiene procedencia ilícita, señaló Guerra en entrevista.
“Siempre somos agresivos, pero siempre investigamos el caso minuciosamente para asegurarnos de que el dinero es sucio. Tengo que probarlo. Si no lo consigo, no puedo asegurarlo”, dijo el funcionario judicial en entrevista.
En Texas, un juez estatal puede llevar casos relacionados con lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.
El exjuzgador mexicano tiene programada una audiencia el lunes 24 en la Corte estatal 332, en la ciudad de Edinburg, donde será desahogado el juicio civil.
Según Guerra, del total confiscado por la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) y entregado al condado de Hidalgo, 2.2 millones pertenecen al exjuez y su esposa, quien radica en Monterrey, Nuevo León.
El abogado Gutiérrez Falcón busca recuperar, por su parte, 900 mil dólares.
Inicialmente, en el juicio estaba incluido Arturo Ignacio Cardona Calderón, dueño del casino La Fortuna, de Monterrey, y actualmente preso en Nuevo León por despojo de inmueble.
Esta persona es abogado de profesión y trabajó hace años con Jerezano, quien le disputó la propiedad de la casa de apuestas. El exjuez presentó una denuncia y consiguió que Cardona fuera enviado a la cárcel con su hermano Pedro.
Como parte de la investigación a Jerezano, la DEA le incautó a Arturo Ignacio 132 mil 700 dólares, pero acordó recuperar únicamente 25 mil, que comprobó que había obtenido legítimamente.
La nota destaca que, según registros oficiales, una parte de los fondos asegurados al exjuez, su esposa y Gutiérrez Falcón procedieron de adquisiciones ilegales de propiedades aseguradas y casinos que después fueron vendidos.
La fiscalía sostiene que la señora Alanís abrió en McAllen varias cuentas de banco para depositar dinero contrabandeado que su esposo había recibido en su trabajo de juez federal asentado en Torreón, Coahuila.
Según The Monitor, parte del dinero procede de organizaciones criminales y de propietarios de casinos que buscaban resoluciones favorables sobre sus propiedades aseguradas.
El reporte de prensa señala que Gutiérrez Falcón era un intermediario de Jerezano y organizaciones criminales. La demanda civil precisa que tuvo como único cliente a lo largo de los años a Juan Garza Chapa, un narcotraficante ligado al Cártel del Golfo.
De acuerdo con la demanda, Garza Chapa escapó de una prisión federal de San Antonio, Texas, en abril de 1990, después de amenazar a guardias para eludirse. Según el reporte, el capo habría sido asesinado a balazos en la Ciudad de México en una fecha desconocida.
El pasado 23 de enero, el CJF informó que encontró elementos suficientes para iniciar un “procedimiento disciplinario” en contra de Luis Armando Jerezano Treviño, quien era juez primero de distrito del centro auxiliar de la décima región con sede en Saltillo, Coahuila.
También castigó a quien era su secretario, Gerardo Tiscareño Mercado.
“La determinación dictada por el pleno del CJF implica que no podrán gozar de sueldo alguno hasta en tanto se concluya el proceso disciplinario. Las conductas constitutivas de probables irregularidades en su actuación como servidores públicos se refieren a su desempeño en el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón”, dice el comunicado.
El texto señala que continúa la suspensión contra los servidores públicos, pero no especifica en qué consiste la falta que cometieron.
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