AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
El 11 de marzo de 2012, el subprocurador Cuitláhuac Salinas presentó triunfalmente el descubrimiento de una red de corrupción que implicaba a funcionarios y mandos militares y policiacos de Coahuila. La PGR de Marisela Morales integró acusaciones basadas casi exclusivamente en declaraciones de testigos colaboradores. Pero los expedientes no resistieron la prueba de los tribunales y los testigos denunciaron que hicieron esas incriminaciones bajo tortura; sobre todo, revelaron que con ese montaje se pretendía obtener puntos electorales para el PAN en la elección de 2012.
Con las declaraciones de esos testigos, identificados como Sagitario, Escorpión y Sérpico, la administración de Marisela Morales en la PGR armó un expediente en el que se acusó de delincuencia organizada a jefes policiacos, como el teniente coronel en retiro Manuel de Jesús Cícero, a Humberto Torres y a su hermano el entonces procurador del estado, Jesús Torres Charles, así como a mandos y oficiales de la Sexta Zona Militar.
Además, incriminaron a la estructura de mando de la Policía Federal en Nuevo León y también en Coahuila, entidad donde supuestamente Los Zetas también infiltraron a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la delegación de la PGR.
Sin embargo, la averiguación previa 041/2012, integrada con las declaraciones de los expedientes acumulados 101/2011 y 197/2011, no resistió las diligencias judiciales en un juzgado constitucional:
Primero, el Ministerio Público (MP) incurrió en errores de procedimiento al intentar pasar como válidas las declaraciones y testimoniales de los expedientes acumulados en la averiguación 041/2012, cuando debió practicar las diligencias exclusivas de esa causa. Por si fuera poco, las documentales exhibidas por la PGR en el proceso penal habían sido mutiladas o registraban tachaduras para que varios párrafos fueran ilegibles.
Aún más grave fue que las documentales improcedentes que intentó incorporar la PGR, es decir, las declaraciones de los testigos colaboradores para otras causas penales, eran el único medio de prueba para acreditar la responsabilidad penal de los mandos policiacos inculpados.
Aun cuando el MP realizó diligencias y peritajes para robustecer el expediente, éstas sólo demostraban obviedades, por ejemplo, que un restaurante mencionado por los testigos protegidos existía, o que los inculpados trabajaban en una instancia gubernamental. Fuera de eso, no probaban conducta ilícita alguna, según las consideraciones del juez de Amparo Raúl Valerio.
Durante las diligencias de la causa penal, el testigo protegido Sagitario y el procesado Luis Jesús Saravia desconocieron sus declaraciones y acusaron al fiscal Roberto Tovar Cuatle, colaborador de la entonces jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDS), Guillermina Cabrera, de obligarlos a firmar esos documentos bajo tortura y de infligirles tratos crueles durante los meses que estuvieron detenidos en las instalaciones de la PGR.
Desestimadas las órdenes de aprehensión y los encausamientos judiciales contra Humberto Torres Charles, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar y el comandante de la Policía Ministerial de Coahuila, Sergio Tobías Salas, las denuncias hechas por los testigos colaboradores deben ser valoradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que debió ser notificada tras la audiencia.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1945 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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