AUTOR: ALEJANDRA GUILLÉN Y RAÚL TORRES.
No toda la violencia es por narcotráfico. Entre los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de Manzanillo, Colima, se extiende un territorio rico en mineral ferroso y madera, que la delincuencia organizada saquea y comercializa ilegalmente. Cansados de denunciar el régimen de terror al que los someten los cárteles y sus grupos paramilitares, los pobladores de esa región organizaron sus policías comunitarias. Pronto estuvieron entre dos fuegos: el del gobierno y el de los sicarios.
Esa semana realizaron tres asambleas y pidieron apoyo para tomar el jueves 13 el lugar conocido como La Placita e identificado como bastión del crimen organizado. Creen que ahí está Federico González, El Lico, uno de los principales mafiosos de la región.
A El Lico se le atribuye la mayoría de los asesinatos y desapariciones forzadas en la costa michoacana; por eso los desplazados entraron con el respaldo de alrededor de 50 camionetas de los grupos de autodefensa de Coalcomán, Chinicuila, de la cabecera municipal de Aquila y de otros pueblos aledaños.
Paralelamente, en la cabecera de Ostula se realizó una asamblea general en la que se determinó reorganizar a su Policía Comunitaria.
Ostula es relevante en la circunstancia actual de Michoacán, ya que el 14 de junio de 2009 el Congreso Nacional Indígena declaró aquí el derecho de los pueblos a la autodefensa.
Dos semanas después los nahuas recuperaron sus tierras ancestrales, que les disputaban pequeños propietarios de La Placita, y para protegerlas crearon su Policía Comunitaria y su Guardia Tradicional (ésta existía hasta los años ochenta, pero el gobierno estatal ordenó al municipio que la disolviera).
Sin embargo, en mayo de 2010 el Ejército desarmó a estos grupos y se multiplicaron los asesinatos y las desapariciones forzadas…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1946 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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