AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
Primero. Hoy en día el estado de derecho no ha podido potenciar su justificación social de garante de la convivencia pacífica y armónica de los seres humanos en sociedad, que es una de sus funciones esenciales –al respecto hay consenso en las más distintas teorías contractualistas del Estado–.
Tampoco ha logrado asegurar un razonable monopolio del uso de la fuerza, lo que distingue el Estado de naturaleza en Hobbes del Estado contractualista racional de Kant que ha llegado a nuestra época en su esencia, por citar sólo dos ejemplos clásicos.
La cultura del miedo en porciones cada vez más amplias de la comunidad está generando, por un lado, inquietud y desencanto colectivo sobre el futuro y, por otro, tensión con algunos de los valores y los principios que habían sido aceptados socialmente durante mucho tiempo.
La posesión y uso de las armas de fuego que constituye un derecho humano previsto en el artículo 10 constitucional y desarrollado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos –que hasta hace muy poco tiempo era un derecho humano estigmatizado– hoy transita en los hechos a una justificación política parcial sin ningún tipo de sustento. Las denominadas “autodefensas” que han nacido y se han expandido en Michoacán, Guerrero y otras entidades son claro ejemplo de lo que afirmo. A nivel mediático sucede lo que Perelman y Olbrechts-Tyteca sostienen, que “las ideas admitidas con más frecuencia permanecen implícitas y sin formular durante mucho tiempo pues, en la mayoría de los casos, sólo con motivo de un desacuerdo en cuanto a las consecuencias resultantes se plantea el problema de su formulación o de su determinación más precisa” (Tratado de la argumentación, Madrid, Gredos, 1989, p. 769).
Segundo. Si una normatividad es rígida y compleja es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; pero eso es lo de menos cuando el valor de la opinión pública decide qué es correcto y qué no lo es. En efecto, en la Encuesta Telefónica sobre la Confianza en Instituciones, realizada por la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se reveló que a 49% de los encuestados la policía no les inspira nada de confianza, a 23% poca confianza, a 14% algo de confianza y 5% expresó que no le inspira nada de confianza. La policía quedó por encima únicamente de sindicatos y partidos políticos. Los mexicanos presentamos una desconfianza hacia muchas de nuestras instituciones, ya que la confianza inspirada por vecinos fue mayor a la que infunden la mayoría de las instituciones (Cámara de Diputados y Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Encuesta Telefónica sobre la Confianza en Instituciones, 10 y 11 de agosto de 2012). Este cambio paulatino de valores sociales apunta a que el uso de armas de fuego puede ser aceptado y exaltado en algunos casos, pero paradójicamente no para quienes cumplen estrictamente con la ley como los deportistas, los tiradores, los cazadores. Ahí no. Se aplica todo el peso de la ley para que tengan el mayor número de dificultades a pesar de cumplir la ley. En efecto, según datos de la Sedena en Michoacán sólo se encuentran vigentes 26 permisos de portación de armas de fuego no exclusivas para el Ejército. Por otro lado, el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que las armas expresamente clasificadas como de uso exclusivo del ejército son, entre otras, revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 especial; pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares; las .38 Súper y Comando y las de calibres superiores; fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30 en todos sus modelos, así como pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres, entre muchas otras.
Tercero. Las “autodefensas” son grupos al margen de la ley –“paramilitares” les llaman en Colombia, de donde importamos el modelo– que generan muchas preguntas y casi ninguna respuesta: ¿Por qué si las “autodefensas” violan flagrantemente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos al utilizar armas de uso exclusivo del Ejército –que es un delito agravado– la autoridad competente no dice nada? ¿Por qué las autoridades federales no sólo no aplican las sanciones que establece la ley, sino les prestan todo tipo de ayuda como la recibida por el líder de las “autodefensas” de Michoacán, a quien en el mundo del absurdo hasta escoltas federales para su seguridad le asignaron? ¿Dónde obtienen las “autodefensas” las armas de uso de fuego de uso exclusivo del Ejército y dónde se entrenan si son “honestos y tranquilos ciudadanos”? ¿En qué momento y bajo qué fundamento legal se ha perdido el monopolio de la violencia que sólo debe ejercer el Estado? Todavía peor: ¿cómo se justifica la intromisión en los estados con los “comisionados del gobierno federal”, una especie de virreyes que hacen que los gobernadores sean sólo figuras decorativas, como Fausto Vallejo en Michoacán? ¿No será que la estrategia del gobierno federal es establecer un doble frente inconstitucional, uno en el marco de la ley (Marina, Ejército, policías) y otro sin ningún límite, como las “autodefensas”?
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