Para la Organización de las Naciones Unidas, la iniciativa del gobierno de institucionalizar los grupos de autodefensa es un paso positivo.
En entrevista en el Senado, Javier Hernández Valencia, representante en México del alto comisionado en Derechos Humanos de la ONU, afirmó que estarán atentos a la estrategia del Gobierno Federal en la entidad, y pidió ser cuidadosos en la selección de los integrantes.
Cuestionado sobre el caso específico de la legalización o institucionalización de los grupos de autodefensa, comentó que es un paso positivo, pero que se debe ir confirmando que se integren como policías o guardias rurales aquellos que no tengan cuentas pendientes con la justicia.
Depuración necesaria
El funcionario de la ONU consideró que la legalización debe ser un proceso cuidado, y que no por el hecho de tener armas ya deben formar parte del proceso, porque puede haber elementos que formaron parte de hechos o grupos delictivos.
Ante ello, expuso que deben ser rápidamente identificados y “purgados” para que no vayan a formar parte de ninguna institución policial o presten funciones de auxilio y apoyo a las comunidades en Michoacán.
Argumentó que el proceso de desarme o registro de los guardias comunitarios, debería estar sustentado en datos de inteligencia para cotejar caso por caso el historial de cada uno y que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia no queden impunes.
Asimismo expresó que el plan del Gobierno Federal deberá realizarse respetando los derechos humanos de las personas y haciendo un análisis de los fenómenos que dieron lugar a la crisis de seguridad e inestabilidad política y social en Michoacán.
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