AUTOR: RAÚL LINARES.
En un comunicado difundido esta tarde, dichas organizaciones aseguraron que existe una relación directa entre las políticas prohibicionistas, la violencia y las violaciones a la población en general, específicamente a los consumidores de cannabis.
“Como organizaciones de derechos humanos y movimientos de víctimas, reconocemos la correlación directa entre la llamada ‘guerra contra el crimen organizado’ en México y el aumento de violaciones de derechos humanos.
“Esta guerra, que fue justificada para controlar el tráfico de drogas, ha dejado un saldo de al menos 100,000 personas asesinadas, más de 25,000 personas desaparecidas, un aumento en los casos de tortura, un incremento alarmante en el número de personas detenidas, y cientos de miles de personas víctimas de desplazamiento forzado”, aseguraron.
Pidieron que el debate protagonizado por diputados, senadores y personajes de la vida pública mexicana, donde se delinean posturas en torno a la propuesta de ley que presentaron tres representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sea integrado también por un enfoque en el que deje “atrás el actual esquema punitivo que prevalece”.
“Las organizaciones firmantes respaldamos los esfuerzos por reformar gradualmente la política de drogas hacia una regulación responsable y hacemos un llamado por que otros estados de la República, así como el Gobierno Federal, aprovechen esta importante oportunidad para transformar el paradigma prohibicionista hacia uno basado en el respeto de los derechos humanos, la justicia, la ciencia y la salud”, finalizaron.
El viernes 13 de febrero, Esthela Damián Peralta, Manuel Granados y Vidal Llerenas Morales, diputados por el PRD en la ALDF, presentaron un paquete legislativo que el jueves 18 de febrero propondrá al Senado una ley a nivel local y federal para elevar las cantidades legales de portación de mariguana, así como un esquema de “persecución cero” para consumidores de cannabis en la Ciudad de México.
En ella, además, se propuso la creación de “centros de abasto seguros”, en los que la venta de droga sería regulada por el Estado, bajo un enfoque de cuidado a la salud y prevención de adicciones.
Días después, tanto integrantes de la bancada perredista en la ALDF como miembros de otras corrientes políticas, arremetieron contra la propuesta al considerar que ésta no responde a la situación de seguridad que impera en el país, y que el sistema de Salud capitalino no estaría listo para soportar la cantidad de adictos que dicha medida generaría.
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