AUTOR: ANTONIO JIMÉNEZ.
En México, la ley que promueve el Partido Acción Nacional ha sido criticada por instancias como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuya presidenta, Perla Gómez Gallardo, ha dicho que la conocida como “Ley antimarchas” “constituye un riesgo para la consolidación del Estado democrático de Derecho, pues utiliza expresiones genéricas y ambiguas para restringir derechos de las personas que se manifiestan públicamente y deja abierto el margen de discrecionalidad de la propia autoridad”.
La iniciativa presentada por el diputado panista Jorge Sotomayor establece como ilegal realizar manifestaciones públicas para “presionar” a las autoridades a tomar alguna decisión. También obliga a los manifestantes a obtener el permiso de las autoridades antes de realizar cualquier acto público, y restringe las marchas a realizarse en los horarios y vialidades que la autoridad establezca.
Los senadores Mariana Gómez del Campo, Javier Lozano Alarcón y Héctor Larios Córdova, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), señalaron que el Senado de la República no puede mantenerse callado y que debe hacer valer su condición de Poder de la Unión para manifestarse contundentemente en contra de la violencia y de las violaciones a derechos humanos, incidiendo en la política exterior.
“Si nosotros no protestamos cuando hay violaciones a derechos humanos en otros países, cuando existan en México tampoco habrá quien se solidarice con los mexicanos”, aseguraron.
Por lo anterior, condenaron los “actos de violencia y brutalidad que están ocurriendo en Venezuela” e hicieron un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, con estricto apego al derecho internacional, la representación de México impulse una resolución al interior del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En su oportunidad, Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, reprobó el hecho de que se mencione a México como el país donde se dan actividades de adiestramiento para la desestabilización violenta del gobierno venezolano, lo cual, dijo, “no puede pasar desapercibido por el Estado mexicano.”
En tanto, los senadores Héctor Larios y Javier Lozano expresaron su repudio por lo acontecido en ese país, sobre todo en lo que se refiere a “la censura a medios de comunicación y redes sociales, al ser la única vía que los venezolanos tienen para expresarse ante su propia comunidad y ante el mundo”.
El pasado 14 de febrero, el ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, acusado formalmente ante la Haya por las más de 120 mil muertes ocurridas tras su declaración de “guerra al narcotráfico”, aseguró en su cuenta de Twitter que en Venezuela se está criminalizando la protesta. El tweet fue ampliamente compartido, aunque también recibió innumerables críticas.
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