AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: A más de un año de que Enrique Peña Nieto asumiera la presidencia de la República, la organización Amnistía Internacional (AI) alertó de la persistencia de la impunidad como “norma” en todo tipo de crímenes en tanto que los “abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias” no han cesado.
En un documento entregado a Peña Nieto durante la visita del secretario general de la organización internacional, Salil Shetty, titulado “Los retos de México en materia de Derechos Humanos. Memorádum de Amnistía Internacional para el presidente Enrique Peña Nieto”, se hizo un llamado al mandatario para que haga de la defensa de los derechos humanos “el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente” y que se comprometa a combatir de forma efectiva los “patrones de graves violaciones a derechos humanos y la impunidad”.
El escrito es un compendio de observaciones y recomendaciones formuladas por AI en el contexto de la visita de Shetty, quien como secretario ejecutivo de la organización visita por primera vez México después de que asumió el cargo en 2010.
El secretario general de AI se reunió ayer lunes con Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, acto en el que estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, entre otros.
En sus puntos principales, el memorándum entregado a Peña Nieto destaca las agresiones sufridas por los defensores de derechos humanos y los periodistas; “la discriminación y violencia”, que sufren las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes, sin posibilidades de obtener reparación.
“El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general”, reprueba el documento, que añade “y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación”.
Para la organización internacional, todo indica que “al interior del gobierno (de Peña Nieto) los derechos humanos no necesitan ser un tema prioritario. En consecuencia, los derechos humanos se han relegado a funciones administrativas de rango medio de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones con autoridad y capacidades limitadas para impulsar cambios sustanciales”.
Tras reconocerse en el escrito que los mexicanos padecen las secuelas de la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón y que se vive una “alarmante situación de inseguridad en muchos lugares” la organización recuerda que en marzo, el gobierno mexicano está obligado a informar sobre cuáles de las 176 recomendaciones emitidas por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han sido atendidas.
En ese sentido, se emplazó a México a que demuestre el mismo compromiso que a nivel internacional a favor de los derechos humanos para el interior, adoptando “aquellas recomendaciones coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos, seguida de su rápida implementación con acciones concretas que garanticen efecto duraderos”.
En el documento se insiste a Peña Nieto a hacer a un lado la retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos, “debe dejar en claro que los funcionarios públicos no pueden ignorar los derechos humanos o reducirlos a un tema secundario”, y demostrar que la impunidad no será tolerada, sancionando a “cualquiera que esté implicado directa o indirectamente en abusos de derechos humanos será llevado ante la justicia y que las víctimas tendrán acceso a la verdad y a la reparación”.
La organización enlista entre los temas de preocupación la disociación entre la reforma constitucional en derechos humanos y la realidad mexicana; la violencia incontenible y la falta de respuesta del Estado, que ha provocado el surgimiento de grupos de autodefensas; la falta de respuesta del Estado ante las 26 mil desapariciones heredadas del gobierno pasado; las deficiencias del sistema de justicia penal, así como el incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que ordenan la reforma al Código de Justicia Militar.
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