AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
La libertad de la prensa mexicana yace bajo el yugo del temor. La intimidación a los periodistas es una constante en el país.
Ciudadanos de diversos estados cada vez están mucho menos informados sobre los problemas centrales que afectan sus vidas diarias.
El anterior balance lo hace Carlos Lauria, coordinador para las Américas del Committee to Protect Journalists (CPJ, por sus siglas en inglés).
Recuerda que el año pasado el presidente Enrique Peña Nieto le dio aprobación definitiva a una medida adoptada al final del mandato de su antecesor, Felipe Calderón. Se trata de la enmienda constitucional que amplía las facultades de la federación para investigar los delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Sin embargo, de acuerdo con Lauria, “sigue sin producirse un quiebre importante en el ciclo de impunidad que rodea la mayor parte de estos crímenes”.
En tanto, la prensa sigue siendo blanco de la violencia de los cárteles de la droga. Diversos medios de prensa han sido atacados, organizaciones que trabajan a favor de la libertad de prensa han sido amenazadas, periodistas han sido secuestrados, asesinados y otros se han visto obligados a recurrir al exilio.
Lauria charla con Reporte Indigo tras la presentación del informe anual del CPJ, “Ataques a la Prensa. Periodismo bajo fuego cruzado en 2013”.
Vía telefónica desde la ciudad de Nueva York observa que “ante tanta violencia y un clima de temor e intimidación, los periodistas se han visto obligados a autocensurarse”.
Pone como ejemplo el caso del rotativo Zócalo de Saltillo, en Coahuila, que publicó una editorial en donde precisó que para proteger a su personal dejaría de cubrir la delincuencia organizada. Esto mismo ocurrió previamente con otros diarios de Tamaulipas.
Y recuerda que en un reporte de Mike O’Connor (el representante en México de CPJ que falleció a fines de diciembre pasado) el periodista describió cómo el narco está llegando a los suburbios de la capital mexicana.
Es el caso de Neza, que refiere “un tema que está a las puertas de la Ciudad de México, con las implicancias que eso tiene”.
La autocensura periodística es un fenómeno cada vez más recurrente. Lo tilda de “terrible”: no solo por la afectación que sufren los periodistas en sus fuentes de trabajo, no solo por el temor y el clima de intimidación, no solo por el miedo y el silencio generalizado sino también por los efectos sobre el país.
“En México los temas que están afectando la vida diaria de miles de personas no están siendo dados a conocer. Hay una desinformación que afecta a muchas comunidades producto de este clima. La prensa no pueden cumplir con su labor. Esto no sólo está afectando a los periodistas, está afectando a la democracia mexicana. Una sociedad menos informada es claramente una sociedad menos democrática”, afirma.
Además, refiere que lo anterior repercute en el quehacer de los encargados de elaborar políticas públicas que se informan por la prensa y se están quedando sin herramientas, en muchos casos, para formularlas de forma efectiva.
“Es un ciclo vicioso en el que, finalmente, lo que está en juego es la estabilidad del sistema democrático”, apunta.
‘Con todo el peso de la ley’
En el marco del informe anual que publicó ayer, el Committee to Protect Journalists hizo pública una recomendación sobre el “caso Goyo”:
“Es imprescindible que se esclarezca el caso de Gregorio Jiménez en su totalidad. Cualquier tipo de progreso es bienvenido”.
Jiménez fue secuestrado el pasado 5 de febrero y su cuerpo fue hallado este martes en una fosa clandestina junto a dos personas en el municipio de Las Choapas.
“Creemos que es esencial que las autoridades investiguen de forma exhaustiva y examinen todos los posibles motivos y castiguen con todo el peso de la ley a los responsables. Esto es algo que la justicia ha eludido hacer en México y deja a los periodistas en una condición de enorme vulnerabilidad”, sostiene Lauria.
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