AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
A raíz de que un grupo armado secuestró a Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur y Liberal del Sur, el miércoles 5, los periodistas de Veracruz se han movilizado como en ninguna parte de México para exigir no sólo la aparición con vida de su colega, sino para evitar que el estado siga siendo el más inseguro del país para el ejercicio de la libertad de expresión.
El gremio y, naturalmente, la sociedad de Veracruz afrontan una circunstancia inaudita: A su complicidad criminal en la desaparición de Gregorio, ha seguido la miseria moral del gobernador Duarte con la familia y colegas de la víctima.
A la esposa de Gregorio Duarte le ofreció una casa para buscar acallar su demanda de que su marido sea presentado con vida y, al fracasar esta ruin estrategia, la ha separado de sus hijos.
(Ya antes ha intentado lo mismo: A la familia de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, cuyo asesinato –cometido el 28 de abril de 2011– permanece impune, y a Gabriel Fonseca, reportero de Acayucan, a cuyos deudos sólo le entregaron tabiques, cemento, láminas).
Y a los dueños y directivos de los medios de comunicación del estado les ordenó omitir toda información del caso y despedir a los periodistas que se movilicen para exigir la aparición con vida de Gregorio.
En ambos casos ha fracasado. La esposa del periodista desaparecido, a quien supuestamente buscan más de mil policías estatales y federales, no ha claudicado en su demanda y los periodistas –no todos, ciertamente– han marchado en Coatzacoalcos, Xalapa y el puerto de Veracruz, en una protesta conocida ya en todo el orbe.
La desaparición de Gregorio Jiménez de la Cruz no es, sin embargo, un caso que concierne sólo a Veracruz y a Duarte, sino también a Peña Nieto y a las instituciones del Estado que no han sido capaces de frenar la inseguridad y la violencia en general y contra los comunicadores.
En un video difundido desde este lunes 10, al cumplirse 100 horas de la desaparición de Gregorio, los periodistas de Veracruz describen también el drama nacional, luego de la catástrofe belicista de Felipe Calderón:
“Tan sólo en el primer año de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se registraron seis asesinatos de periodistas, se documentaron 124 agresiones contra el gremio que involucraron a 300 comunicadores y a la fecha cuatro reporteros se encuentran desaparecidos”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ya inició de oficio una investigación por el caso de Gregorio, ha documentado un cúmulo de agravios contra periodistas que convierten a México en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo sin estar en guerra.
Apenas en diciembre, la CNDH informó que, de enero del año 2000, tuvo conocimiento de la muerte de 87 periodistas o trabajadores del sector periodístico, quienes presumiblemente fueron asesinados por razón de su trabajo, y desde 2005 se han registrado 21 casos de periodistas desaparecidos.
¿Qué hace posible esta cadena de agresiones? La impunidad, naturalmente. Dice la CNDH que “las autoridades procuradoras de justicia, en un importante número de casos, han sido omisas en su deber de esclarecer homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidaciones, entre otras”.
¿Quiénes suelen agredir a los periodistas? “Las autoridades presuntamente responsables, con mayor número de quejas son: la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Procuradurías Generales de Justicia de Veracruz y la de Oaxaca”.
Los periodistas de Veracruz, indignados por el atroz escenario de violencia en su contra, han dicho ya basta y exigen, a través de los recursos de las redes sociales, #QueremosVivoaGoyo y #HastaqueAperezcaGoyo, una demanda a la que es preciso sumarse.
Dicen los periodistas veracruzanos en un video: “Hoy no queremos que Gregorio Jiménez sea una simple estadística. Quienes ejercemos el periodismo pedimos seguridad, que Gregorio Jiménez aparezca, que no haya más secuestros, que ninguna familia llore por algún desaparecido. La libertad de expresión no debe ser coartada ni nadie más debe ser plagiado. Como si el silencio no fuera también a decir la verdad. ¡Queremos a Goyo, entréguenlo!”
Apuntes
Con la reunión entre el comisionado Alfredo Castillo y Juan José Farías alias “El Abuelo”, lugarteniente del cártel de los Valencia, el gobierno ha quedado exhibido. Aquí se anticipó el 13 de enero, cuando el gobierno de Peña anunció que intervendría en ese estado: “Michoacán al fracaso: Las complicidades intactas”.
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