Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres solicitaron al Estado mexicano que acepte las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas durante el pasado Examen Periódico Universal (EPU), con excepción de las encomiendas del Vaticano de restringir el derecho al aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En un comunicado, las agrupaciones pidieron al Estado que rechace las recomendaciones 48 y 114 emitidas por la Santa Sede porque desconocen el Estado laico estipulado en la Constitución, así como las leyes y los estándares internacionales y regionales a favor de la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En 2013 el Estado mexicano presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para someterse al EPU, un mecanismo a través del cual los Estados evaluaron la situación de los Derechos Humanos (DH) en el país. De esta evaluación resultaron 176 recomendaciones que México deberá aceptar o rechazar en marzo próximo.
Por ello, grupos como la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM; la Federación Mexicana de Universitarias; la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Alternativas Pacificas; el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez; el Centro de Estudios de Género Simone de Beauvoir, y la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, se pronunciaron a favor de aceptar tales recomendaciones.
Señalaron que los únicos puntos que se deben rechazar son los planteamientos del Vaticano que van en contra de la vida y el desarrollo pleno de la población femenina, y por ser dos recomendaciones que no son acordes con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los DH, como lo señala el artículo primero de la Constitución mexicana.
La primera recomendación de la Santa Sede fue exhortar a México a “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sobre la base de las enmiendas de las constituciones estatales, y promover una protección similar a nivel federal y local”, lo que para las activistas significa ir contra el derecho a la maternidad libre y voluntaria, y criminalizar el aborto.
La segunda observación fue “preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento”, lo que significa que el país no debería legislar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Por otra parte, las agrupaciones civiles sostuvieron que es importante dar seguimiento a los temas de educación, derechos reproductivos, violencia contra las mujeres, feminicidio e igualdad de género, mismas que, de manera general, están armonizadas con el marco internacional a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de otras leyes y legislaciones estatales.
Indicaron que hay otras recomendaciones que se deben acatar a cabalidad, como la número 24 que destaca la urgencia de unificar los criterios y definiciones del delito de feminicidio en todos y cada uno de los códigos penales estatales, de lograrse esto se contribuirá a acceder a la justicia de manera integral por parte de las mujeres reforzando la igualdad de género en el país.
Además, según el resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, las organizaciones plantearon algunas prioridades como retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad, investigar los casos de violencia de género y feminicidio, y crear un mecanismo de seguimiento que articule los tres órdenes de gobierno para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones.
Será en marzo próximo cuando el Estado mexicano presente ante la ONU un informe final para explicar cuáles son las recomendaciones que adopta y cuáles rechaza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario