AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
El caso del fraccionamiento Valle Real abrió el debate entre colectivos de activistas: ¿es aceptable que los Ayuntamientos permitan el cierre de vialidades públicas concesionadas? Autoridades municipales no responden.
A pesar de la inconstitucionalidad que significa, algunos fraccionamientos con vialidades concesionadas de parte del Ayuntamiento deciden simplemente poner una caseta o flecha para restringir el paso. Un caso emblemático es el del fraccionamiento Valle Real, en Zapopan.
De acuerdo a Jesús Soto Morfín, activista miembro de la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad (PMS) y Ciudad para Todos, el caso de Valle Real es un problema que se tienen en la mira desde el inicio del proyecto de la ciclovía en Santa Margarita.
“Todo empezó cuando planteamos un proyecto de ciclovía en Avenida Santa Margarita (…) el Ayuntamiento de Zapopan la retomó, cuando estaba el alcalde Vielma en aquel entonces la mejoró, pero cuando entró Héctor Robles se planteó hacer bien ese proyecto (…) se logra avanzar el proyecto así, y en ese momento empiezan protestas de diferentes colonias.
“Pero la más significativa vino precisamente de vecinos de Valle Real que estaban en contra de reducción del ancho de sus carriles, porque eso les iba a generar más tráfico, les iba a complicar la fluidez, etcétera”, relata Soto Morfín.
Es a partir de ese momento en que los promotores del proyecto de la ciclovía se preguntaron si los problemas de tráfico y fluidez en realidad eran provocados por una restricción vial como la de Valle Real. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la avenida Paseo San Arturo era una vialidad pública concesionada al fraccionamiento.
Paseo San Arturo es paralela a la avenida Santa Margarita, su apertura permitiría atravesar el fraccionamiento Valle Real para desembocar en la calle Central y, más adelante, en Periférico.
A diferencia de casos como Valle Real, existen empresas inmobiliarias que obtienen terrenos completos y son los propietarios quienes realizan las vialidades interiores, tal es el caso de desarrollos como Nueva Galicia (en Tlajomulco de Zúñiga) y Colomos (en Zapopan). Sin embargo el caso de Paseo San Arturo se trató de una avenida construida por el Municipio y posteriormente concesionada a la asociación vecinal.
El modelo de fraccionamiento que construye las calles interiores y por lo tanto no debe supeditarse a una concesión municipal, no es el de colonias como Valle Real.
Valle Real tiene más en común con el modelo de la colonia Chapalita, conocido como el primer gran fraccionamiento de la ciudad, en donde por medio de la asociación vecinal y normas internas se tienen prácticas de autogestión, incluso se cuenta con su propio sistema de suministro de agua y cobranza, y tienen una conseción del Ayuntamiento sobre vialidades, aunque no por eso limitan el libre tránsito.
‘Más muros, más problemas’
La postura de los colectivos a favor de la ciudad va hacia un punto más profundo, tal y como lo redactaron en el comunicado que se publicó en la página de Facebook de la Plataforma Metropolitana:
“La construcción de cotos y fraccionamientos va en contra del proyecto de una ciudad sustentable y plural. Son reflejo de un Estado que ha fallado en proporcionar seguridad y calidad de vida en la ciudad. Respuestas privadas ante el reto de la seguridad significa el fracaso del Estado de Derecho. Además, los cotos privados dificultan la movilidad ya que los muros cerrados entorpecen la fluidez vial y obligan a realizar trayectos más prolongados que se traducen en pérdida de tiempo y mayor gasto energético, lo que a su vez disminuye la calidad del aire e incrementa la temperatura”.
De la misma forma, Jesús Soto apunta que el modelo de fraccionamiento trae más problemas a la ciudad, despoblando el centro de la misma y llevando a la población hacia las periferias que dicen ser más seguras.
“Se está generando una especie de dona, porque se están generando muchos fraccionamientos de este estilo, afuera de la ciudad donde hay un supuesto a favor de una mayor seguridad, pensando que los muros la genera, y eso trae costos también no solo medioambientales, sino sociales y de gestión también del tráfico”, señaló Soto Morfín.
Así mismo, la PMS destaca que la densidad dentro de estos modelos es poca y los espacios se desaprovechan. Sin embargo “principalmente generan discriminación social en sus métodos selectivos de ingreso, lo que acentúa las diferencias entre la población y dificulta los proceso de socialización tan necesarios para la construcción de seguridad y confianza comunitarias”, apunta el escrito de la plataforma.
Sin embargo el uso de casetas en fraccionamientos de esta clase es muy común, incluso existen cierres viales de importancia como es el caso de la avenida Camino a Bosque de San Isidro, la cual topa con una caseta que está en las inmediaciones del bosque del Centinela y es una conexión vial con la carretera a Saltillo.
Existen otras avenidas como Boulevard Puerta de Hierro, la cual permite el ingreso únicamente a residentes y visitantes con el cuidado de diversas casetas en los diferentes puntos de entrada al magno proyecto inmobiliario.
“Se generan también nichos de inseguridad del otro lado de esos muros, justamente donde quedan las vialidades públicas, porque son zonas que nadie está habitando, tienes muros por largos tramos, entonces también es muy inseguro en las noches transitar por ahí para la gente que recorre esa zona”, indicó Soto Morfín.
‘Ghettos burgueses’
De acuerdo al ensayo Segregación residencial y fragmentación urbana de Luis Felipe Cabrales Barajas, académico del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara (UdeG), es por medio de estos “ghettos burgueses” que sectores minoritarios como las clases altas de Guadalajara manifestaron sus deseos de vivir en lugares exclusivos, lo que se conjugó con las iniciativas de los promotores inmobiliarios.
También señala que existen diversas contradicciones en el blindaje de espacios como los fraccionamientos y añade que “la ciudad que ve desplegar los fraccionamientos cerrados es ya una gran metrópoli en la que se rompe la escala urbana y se desbordan los problemas de segregación social, inseguridad pública y deterioro ambiental”.
Así es como el especialista ejemplifica que por medio de estas divisiones ampliamente contrastantes se acentúan las diferencias, como en el caso de Valle Real y La Tuzania, Puerta de Hierro y Santa Margarita.
Hasta el momento el debate sobre las afectaciones de los fraccionamientos sigue siendo nulo, sobre todo por la existencia de presiones de parte de la industria inmobiliaria que ha tenido un crecimiento exponencial, no solo en el municipio de Zapopan sino en toda la Zona metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Tal y como lo afirmó el académico del Departamento de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, Luis Valdivia Ornelas, quien en entrevista con Reporte Indigo señaló que existen diversas carencias urbanas que deben materializarse en un nuevo modelo, como el de una “ciudad más compacta”.
“La ciudad crece de manera anárquica a través, digamos, del proceso de especulación, hay muchos espacios por utilizarse, esos espacios se deben de utilizar incrementando los coeficientes de densidad; pero también viene la otra parte: que al aumentarse los coeficientes de densidad es fundamental contar con servicios mínimos básicos”, explicó Valdivia Ornelas.
Sin embargo, la renuencia de las autoridades de entrarle al tema exhibe diversas señales, como presiones en lo oscurito de actores políticos importantes, señaló Jesús Soto Morfín.
“Nos parece que hay negociaciones ocultas, sabemos que hay gente con mucho poder viviendo ahí, por ejemplo el secretario (General) de Gobierno, Arturo Zamora, vive en Valle Real (…) pero si no hay un diálogo público lo que uno puede interpretar es que está ocurriendo todo tras bambalinas, que hay grupos de presión, que hay negociaciones, justamente lo que no queremos que pase”, señaló el activista de Ciudad para Todos.
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