Desde el 2003, seis comuneros que defienden las aguas de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, fueron acusados de homicidio y purgan una condena de 50 años de cárcel.
Venimos de una lucha desde el año 2000 y tenemos seis comuneros presos sentenciados a 50 años de prisión”, explica Maricela Medina, miembro de la comunidad de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México”.
La comunidad nahua de San Pedro Tlanixco es de origen comunal incorporada en 1934 al régimen ejidal. Aquí se dedican fundamentalmente al trabajo en el campo y se localiza en la cordillera del Nevado de Toluca o Xinantécatl. Ha sido despojada de muchos de sus manantiales y del río Texcaltenco que atraviesa su territorio.
Esta comunidad, se explica en un documento emitido por los propios comuneros en junio del 2011, “no puede tomar ni una gota de agua, pues tanto los manantiales como el río están concesionados en su totalidad a los floricultores de Villa Guerrero, municipio con el que colindamos por la parte sur. Dichas aguas, tanto las del río como las de los manantiales, son aprovechadas fundamentalmente por poderosos empresarios extranjeros y políticos mexiquenses ligados a la oligarquía regional”.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgó entonces concesiones a los floricultores de Villa Guerrero, pero el agua nace en el ejido de San Pedro Tlanixco. Desde el 2001 se realizaron varias reuniones en la secretaria de Gobernación pero hasta la fecha no hay solución al problema, lamentan los comuneros.
Mediante juicios de amparos, presencia en los medios de comunicación y acciones directas sustentadas en la organización de toda la comunidad, Tlanixco empezó a recuperar sus aguas, explica el documento de los comuneros. Vino el año 2003, relata la comunera,”hubo un suceso en nuestro pueblo, vino gente de Villa Guerrero, subieron al río, a las falda del Volcán, muy cerca de nuestro pueblo. El presidente del Sistema de Agua de Riego del Río Texcaltengo, empresario de los floricultores de Villa Guerrero, murió en una acción confusa y aparentemente “provocada”, resbaló y cayó al barranco. Fue un accidente, sin embargo los medios de comunicación y el gobierno del Estado, nos acusaron de haber linchado a esta persona, pero no es verdad”.
Como consecuencia de estos sucesos, seis comuneros de Tenango del Valle se encuentran presos en el penal de Almoloya de Juárez, tres de ellos sentenciados a 52 años de prisión, otros a 54 y 50 años. “No es justo que la autoridad provoque estos problemas y se reprima a quien lucha por las comunidades, nuestros representantes que defienden el agua fueron perseguidos y detenidos sin razón” denuncia la representante indígena.
A los comuneros se les acusa de homicidio calificado con todas las agravantes de ley, “no existió una investigación”, acusa Marisol, “el gobierno actuó en contra de las personas que en su momento habían sido parte de la lucha de la defensa del agua y la tierra”. Lo que hizo el gobierno, subraya, fue “reprimir para que la gente se quede quieta y no haga nada”.
“Estamos esperanzados de que la justicia esté de nuestro lado, por eso venimos al Congreso Nacional Indígena, para hacer pública nuestra denuncia. La asamblea de nuestra comunidad pide soluciones y que salgan libres los presos. Nosotros nos estamos organizando para exigir la libertad y salimos a denunciar a pesar de las represalias”, concluye la comunera.
Lo que sigue en San Pedro Tlanixco.
Son diversas las denuncias que los comuneros de San Pedro Tlanixco realizado contra el despojo de su agua y tierra. La primera semana de junio del año 2011, relatan en un comunicado, “nuestra comunidad revivió, porque el gobierno del estado empezó a realizar en forma ilegal y sin consentimiento de la asamblea ejidal, la ampliación de la autopista Tenango del Valle-Ixtapan de la Sal”. Este proyecto es un ramal del megaproyecto carretero correspondiente a la autopista Toluca-Tres Marías-Cuernavaca, y para llevarlo a cabo el gobierno contrató a Julio Antonio Vírgen, ex delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, “quien, actuando como todo un mercenario agrario, se ha dedicado a ‘liberar tierra’ de las comunidades por las que pasará la autopista, con el fin de evitarle al gobierno el surgimiento de nuevos Atencos”.
Sin embargo, menciona el comunicado “el pueblo decidió parar la obra”, por lo que el gobierno del estado envió mil quinientos elementos de la policía para amedrentar e intimidar a la población.
En este momento la lucha contra la instalación de la autopista y la defensa de sus presos son la agenda comunal que estos pueblos desarrollan.
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